La presión sobre la AFA dejó de ser un tema confinado a un solo expediente y se abrió en varios frentes simultáneamente. En pocos días confluyeron tres movimientos que, aunque responden a causas y lógicas distintas, recalan en la misma estructura de poder: los allanamientos en clubes por los contratos con Sur Finanzas, el pedido fiscal para agravar la acusación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en la causa por los aportes retenidos, y la renuncia de uno de los veedores enviados por el Ministerio de Justicia.
Cada capítulo tiene su propio derrotero judicial. Pero, unidos, conforman una escena más compleja que la suma de sus partes: una AFA que ya no solo enfrenta ruido político o cuestionamientos administrativos, sino una acumulación de expedientes, medidas probatorias y controles que empiezan a tocar de manera directa a su conducción, sus vínculos financieros y su estructura de gestión.
Los allanamientos: el frente que se expandió a los clubes
La medida más resonante fue la del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien ordenó procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino para secuestrar documentación vinculada a los contratos firmados con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. Según señaló Clarín, los operativos alcanzaron a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
La orden judicial no se limitó a juntar papeles sueltos. La fiscalía requirió actas de comisión directiva, contratos de sponsoreo, mutuos, préstamos, descuentos de cheques, libros contables, constancias de pago y cualquier otra documentación que permita reconstruir cómo se tejió la relación entre esos clubes y la financiera de Vallejo.
La pregunta de fondo es clara: si los fondos surgidos de esos acuerdos ingresaron efectivamente al patrimonio de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y con qué registración contable. Ese análisis quedará a cargo de la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y de áreas especializadas de la Policía Federal, que deberán realizar un estudio patrimonial integral sobre cada club alcanzado por la medida.
Qué busca la fiscalía en el caso Sur Finanzas
La causa indaga si detrás de esos vínculos comerciales existió, en realidad, un esquema de lavado de dinero y asociación ilícita. Según la reconstrucción fiscal citada por Clarín, los contratos con entidades deportivas habrían funcionado como actos aparentemente neutros que, en verdad, encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y la circulación de dinero en negro en beneficio de la financiera.
No es un dato menor que Ariel Vallejo haya reconocido públicamente que su llegada al fútbol se produjo de la mano de Tapia. Esa declaración no prueba por sí sola una responsabilidad penal del presidente de la AFA, pero sí explica por qué cada avance sobre Sur Finanzas repercute inevitablemente en el corazón político de Viamonte.
La causa ya había dado una señal contundente con allanamientos previos en 18 clubes y en la propia AFA. La novedad es que ahora la investigación parece haber entrado en una etapa más quirúrgica: ya no se limita a constatar el vínculo general entre la financiera y el mundo del fútbol, sino que avanza contrato por contrato, aprobación por aprobación y pago por pago.
Además, el juez citó a indagatoria a Vallejo para el 5 de mayo y dispuso inhibiciones de bienes, prohibiciones de salida del país y el secuestro de vehículos. En paralelo, también fueron convocadas otras personas de su entorno, entre ellas su madre y su pareja. El expediente, entonces, no solo se expande hacia los clubes: también se endurece sobre la estructura empresaria que rodea a Sur Finanzas.
El otro expediente: la fiscalía quiere agravar la situación de Tapia y Toviggino
Mientras avanza la causa de Armella, la AFA enfrenta otro frente delicado en el fuero penal económico. Según informó Infobae, el fiscal Claudio Navas Rial solicitó agravar la acusación contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes ya procesados en la causa por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones.
La discusión gira en torno a un punto técnico, pero de gran importancia: el fiscal considera que el juez Diego Amarante recortó indebidamente la acusación al dejar fuera un componente central vinculado a las retenciones por publicidad en los torneos. Se trata del llamado “subconcepto 551” del impuesto 353, que, según el planteo fiscal, concentra los montos más significativos de la maniobra investigada.
Por eso Navas Rial no solo pidió ampliar los procesamientos, sino también aumentar los embargos fijados en $350 millones para Tapia y Toviggino. La cuestión, en el fondo, no es si la causa sigue: eso ya está determinado. Lo que se discute ahora es con qué amplitud y con qué volumen económico se terminará juzgando la responsabilidad de la conducción de la AFA.
La pelea por el dinero del patrocinio
El eje de ese expediente es determinar si la AFA y la Liga Profesional, como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos, dejaron fuera del sistema de seguridad social montos que debían destinarse a otro fin. Para el fiscal, los fondos provenientes del patrocinio oficial de los torneos no podían tratarse como ingresos disponibles, porque estaban alcanzados por una alícuota del 7,5% destinada a aportes y contribuciones.
En su apelación, Navas Rial sostuvo que excluir ese componente equivale a cerrar anticipadamente el proceso y a reducir artificialmente la base fáctica de la imputación. No es una discusión menor de criterio, sino una disputa sobre la estructura misma del caso.
La resolución final quedará ahora en manos de la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Y ese dato importa: esos mismos jueces ya convalidaron decisiones adversas para Tapia y Toviggino, como la prohibición de salida del país, y también rechazaron esta semana un planteo de inexistencia de delito impulsado por las defensas.
La renuncia del veedor: el frente administrativo también se resquebraja
A todo esto se agregó un episodio que, por separado, podría parecer menor, pero que en este contexto adquiere otro significado. Según reveló LA NACION, renunció Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia para actuar en carácter de veeduría sobre la AFA durante 180 días.
La explicación formal fue que tenía “mucho trabajo”. El otro veedor, el contador Rubén Miguel Papacena, permanece en funciones. Ahora será el ministro Juan Bautista Mahiques quien deba designar un reemplazante para completar la dupla encargada de vigilar las cuentas, las transferencias y el funcionamiento institucional de la entidad.
La salida de Ortiz de Marco no anula la veeduría, pero sí debilita una herramienta que el propio Gobierno había presentado como parte de su intención de reforzar el control de legalidad sobre la AFA. También deja una señal incómoda: incluso en el plano administrativo, el dispositivo de supervisión todavía no termina de consolidarse.
Tres expedientes, un mismo centro de gravedad
Los allanamientos por Sur Finanzas, el pedido para agravar la acusación por aportes retenidos y la renuncia de uno de los veedores no son la misma historia. Pero orbitan alrededor de un mismo eje: la estructura de poder de la AFA y la conducción de Tapia.
El primer frente examina los vínculos entre clubes, financiamiento y posible lavado. El segundo se mete con la administración formal de recursos y con la eventual omisión de obligaciones fiscales y previsionales. El tercero intenta observar desde el Estado el funcionamiento institucional de la entidad. No son planos idénticos, aunque se tocan con creciente frecuencia.
Ese entrecruzamiento es lo que convierte este momento en algo distinto de otras turbulencias que atravesó el fútbol argentino. La AFA aún conserva capacidad política, ascendencia sobre los clubes y volumen interno para defenderse. Pero ya no está lidiando con una sola causa incómoda, sino con una superposición de frentes que la obligan a responder en tribunales, en organismos de control y en expedientes donde el margen de maniobra es mucho más acotado que en la política doméstica del fútbol.
Más que una crisis cerrada, lo que asoma es un escenario de desgaste acumulativo. La pregunta hacia adelante ya no pasa solo por lo que ocurra en cada expediente por separado, sino por la capacidad de la conducción de Tapia para evitar que todos esos procesos, nacidos en fueros distintos y con objetos distintos, terminen componiendo una misma imagen de época sobre el funcionamiento de la AFA.
DCQ
