La Confedereración General del Trabajo (CGT) recusó a los jueces de la Cámara del Trabajo, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes fallaron a favor del Gobierno nacional en abril de 2026 al suspender una cautelar previa, permitiendo la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Este fallo revirtió la decisión del juez de primera instancia, Raúl Ojeda, quien había frenado 82 artículos.
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El Gobierno inició este viernes el trámite para un nuevo acuerdo con el propósito de que permanezcan en sus cargos dos jueces próximos a cumplir los 75 años. Se trata de Leopoldo Rago Gallo, titular del juzgado federal 2 de San Juan y Víctor Arturo Pesino, magistrado de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, uno de los jueces que ratificó la vigencia de la reforma laboral.
Pesino es el magistrado que, junto con María Dora González, firmó este jueves la sentencia de Cámara que suspendió la medida cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda para frenar más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, que impulsa el Gobierno.
“La Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador”, afirmó la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado tras la difusión del fallo, y señaló que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La central obrera planteó que “resulta impropio de un tribunal de trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”.
En el texto, firmado por el Consejo Directivo nacional, los sindicalistas dejaron abierta la posibilidad de denunciar a ambos jueces laborales ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones.
“Los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional”, señalaron en el parte de prensa.
Para el próximo jueves, 30 de abril, la CGT tiene previsto marchar en la víspera del Día del Trabajador y profundizar el reclamo por la reforma laboral,
Apenas un día después de la sentencia, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el pedido de Pesino y Rago Gallo por permanecer en sus cargos una vez que cumplan los 75 años, para lo que requieren acuerdo del Senado, tal como lo solicitó en su momento el camarista de Casación Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia, quien defendió su pliego en la Cámara alta el 16 de abril.
Durante cinco días hábiles se podrán presentar adhesiones o impugnaciones a su continuidad “por escrito y de modo fundado y documentado”, según establece la resolución.
El juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun, también pidió por su continuidad luego de que cumpla los 75 años pero todavía no mandaron su pliego.
El viernes pasado, el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo presentó un “per saltum” ante la Corte Suprema para revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda que presentó la CGT.
Aunque el Máximo Tribunal aún no se pronunció, este jueves se conoció el fallo de los jueces de la Cámara del Trabajo, favorable al Gobierno.
Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) desde el pasado 5 de noviembre, adelantó los pasos que dará la central obrera, que a su juicio es el único bastión de resistencia frente al gobierno de Javier Milei. Con duras críticas a la gestión libertaria, afirmó que el per saltum presentado por el oficialismo para sostener la reforma laboral solo evidenció “desesperación”.
—¿Cómo se prepara la CGT para la movilización del 30 de abril?
—Será una marcha multitudinaria para conmemorar el Día del Trabajador y el primer aniversario de la partida del Papa Francisco. Haremos un pequeño homenaje con una misa de cierre que pondrá fin a una movilización que convoca a personas y organizaciones de los ámbitos cultural, estudiantil y social, y a todos los que quieran expresar su descontento con este programa económico que tanto daño está causando.
—¿Esta marcha será especial por el descontento que crece contra el Gobierno?
—Ojalá. El mensaje que buscamos transmitir es que tendemos la mano a toda la gente que rechaza las políticas del Gobierno, que van en contra de los intereses del pueblo argentino. Está a la vista cómo desfinancian las universidades y al PAMI, con un impacto negativo en nuestras y nuestros jubilados, y en las personas con discapacidad. Son políticas que afectan negativamente a la sociedad en su conjunto y, encima, ellos se jactan de que el rumbo es el correcto y que no lo van a corregir. Vamos a expresar un repudio contundente porque lo que se está viendo es la destrucción de puestos de trabajo y de empresas. El salario está pulverizado y, además, ellos se amparan en las homologaciones cuando siempre dijeron que no les interesaba intervenir en las negociaciones entre privados.
—¿Cree que no habrá mejora en el corto plazo?
—No. La inflación de marzo fue del 3,4% y sigue subiendo. Lamentablemente, los funcionarios de este Gobierno solo miran su propio metro cuadrado y no ven lo que sucede afuera, no solo en el área metropolitana de Buenos Aires, sino en todo el país. La gente la está pasando muy mal.
—¿Todo el Gobierno está en la misma sintonía? ¿O hay sectores más proclives al diálogo?
—Hay muchos funcionarios con experiencia que comprenden que la situación es difícil y que el rumbo no es el correcto. Pero ninguno toma la iniciativa ni tiene la capacidad de plantear una opción distinta. Se nota un grado de obsecuencia que le hace mucho daño al Gobierno. Hoy estamos padeciendo que no se cuida la productividad y que, con las desregulaciones vigentes, es muy difícil que una empresa argentina sea competitiva.
—El Gobierno presentó un per saltum ante la Corte para que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral ¿Qué opinión tiene?
—Bueno, demuestra la desesperación que tienen y cómo empiezan a actuar de manera poco democrática, intentando acelerar tiempos y tramites. No entiendo cuál es su apuro. Hasta ahora la Justicia nos viene dando la razón: esta ley es inconstitucional. Hoy, ningún gremio dentro de la CGT está dispuesto a permitir que se cambien derechos adquiridos.
—¿Convocar a un paro general está en el radar ante esta situación?
—El paro general es una herramienta estratégica del movimiento obrero que nunca se descarta. Pero es una decisión que se construye; no es algo que se decreta de un día para otro. En la CGT conviven distintas expresiones y todo se decide en el seno del consejo directivo con un alto grado de consenso, como ocurrió con la última medida de fuerza que tuvo un gran impacto.
—Hay gente que mira al Frente Sindical de Aguiar y Furlán con una agenda totalmente distinta de la CGT, quizás más combativa ¿Es así?
—Respeto a cada organización sindical, más allá de si integra o no una central. Cada una tiene autonomía. Cada secretario general puede decidir la estrategia y el rumbo de su propia organización. Si los compañeros construyeron un espacio en el que se sienten representados, bienvenido sea; ellos sabrán por qué lo hicieron. Pero puedo decir que la CGT siempre tuvo muy claros los intereses que representa y siempre se puso al frente contra este Gobierno cuando atacó derechos laborales. Con el DNU 70/2023, ni bien asumió este oficialismo, la CGT convocó a un paro con movilización. Después vinieron cuatro paros generales y 13 movilizaciones. Hoy, el movimiento obrero, la CGT, es el principal bastión de resistencia contra el Gobierno.
—Adorni siempre consideró que la CGT es el ejemplo de la casta sindical ¿Qué opinión le merece lo que sucede?
—Queda en evidencia que la “casta” son ellos. Se reían de los trabajadores y denostaban al periodismo, se atribuían códigos de moralidad y ética, y ahora todo les está cayendo encima. Quedó demostrado el grado de impunidad que tuvieron: una persona que supuestamente tenía un salario de 3 millones de pesos termina llevando una vida acomodada. Esperamos que la Justicia actúe como corresponde y esclarezca rápidamente la situación. Ya tienen la condena de la sociedad, que es la más grande.
—¿Cómo ve el rol del Partido Justicialista?
—Se tiene que despertar. Muchas veces la política está alejada de la realidad y termina discutiendo pequeñas internas que no solucionan la vida de nadie. No hay un dirigente que esté capitalizando el enojo que existe contra el Gobierno; se están mirando el ombligo.
—¿Axel Kicillof o Cristina Kirchner?
—No nos sobra nadie. Si alguien tiene una opinión o una posición respecto de los compañeros, debe expresarla. Axel es el gobernador de la provincia y tiene todo el derecho a ser candidato a presidente. Pero el peronismo tiene la responsabilidad de construir un gran frente con todos los sectores que puedan aportar y quieran jugar. No hay que ponerle un cepo a nadie.
—Esta semana se estuvo hablando en diputados sobre cambios en el código aduanero, ¿qué opinas de eso? ¿tienen conocimiento de esto?
—La verdad es que no conocemos los cambios en profundidad. Sí estamos al tanto de algunas versiones que trascendieron, como ocurre con muchas iniciativas que impulsa este Gobierno. Nos preocupa profundamente que se busque debilitar una estructura que sabemos lo que representa. La aduana es la primera barrera para proteger la industria nacional, para controlar lo que entra y sale del país, y para evitar que nos inunden de productos extranjeros que terminan destruyendo nuestras industrias. Además, valoramos la profesionalidad y el grado de responsabilidad de los compañeros de SUPARA en sus tareas.
Son trabajadores altamente capacitados que desempeñan un rol estratégico, y trabajan en conjunto con otro gremio hermano, AEFIP, siendo los únicos sindicatos que representan a los trabajadores fiscales y del control aduanero, a través de una institución tan importante como ARCA. Estaremos ahí para acompañarlos y defender su actividad; no vamos a permitir que se hagan los que quieran. Muchas de estas medidas vienen impulsadas por este muchacho Federico Sturzenegger, que a menudo llega con ideas descabelladas que terminan debilitando distintos organismos, como está pasando con la carne: luego la gente no puede exportarla porque el propio Gobierno terminó desarmando al SENASA.
Me parece que tenemos que tener muy claro que las cosas que funcionan bien hay que cuidarlas. En este caso, la aduana y todo ARCA, donde hay dos organizaciones hermanas, merecen protección y respaldo, y nosotros vamos a estar cerca para defender su actividad.
PELEA
La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral.
Hoy 12:56
En la última emisión de “QR!”, por Canal E, el conductor Pablo Caruso inauguró el programa con un extenso análisis del comunicado publicado por la Unión Industrial Argentina (UIA), titulado “Sin industria no hay Nación”, frase atribuida a Carlos Pellegrini, fundador de la entidad.
El texto manifiesta la “preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias” y advierte que la transición hacia un nuevo esquema económico “no es homogénea ni inmediata”, especialmente para las PyMEs, que enfrentan bajo nivel de actividad, presión fiscal, dificultades de financiamiento y caída del empleo.
No obstante, Caruso afirmó que el posicionamiento de la entidad llega tras un prolongado silencio frente a las políticas oficiales. “Le está pegando a la UIA el síndrome de Francella”, ironizó el conductor, en alusión a declaraciones recientes del actor Guillermo Francella, quien tras haber respaldado el cambio de gobierno reconoció que hoy “no hay trabajo” en el sector audiovisual.
Según Caruso, algo parecido ocurrió con la UIA: “Venía aceptando sumisamente las descalificaciones y recién ahora sale a decir algo, obligada por sus propias bases”. En ese sentido mencionó la reunión de federaciones industriales del norte argentino —Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán— que pidieron un pronunciamiento ante la crisis sectorial.
Uno de los ejes del análisis fue la aparente contradicción del comunicado, que reconoce “los avances logrados por el Gobierno en materia de equilibrio fiscal” y valora la baja de la inflación y las reformas estructurales, pero al mismo tiempo describe un escenario crítico para el entramado productivo.
“Dicen que les encanta la macro, pero la macro es la que está generando la crisis en la micro”, señaló Caruso, quien criticó que la UIA deslinde responsabilidades al afirmar que el empresariado “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones acumuladas”.
Para el conductor, esa postura omite etapas en las que, según sostuvo, políticas públicas de protección e impulso industrial generaron crecimiento de empresas, empleo y salario real. En ese marco se presentaron datos sobre utilización de la capacidad instalada —actualmente en torno al 58%— y comparaciones históricas con niveles superiores registrados en otros momentos.
Caruso puso además el foco en la figura de Martín Rappallini, titular de la UIA y vinculado al grupo empresario Cerámica Alberdi. Señaló que, mientras algunos sectores manufactureros reclaman medidas antidumping para protegerse de importaciones, el grupo participa en proyectos vinculados al régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI), especialmente en minería.
“Hay un problema de representación”, sostuvo el conductor, al plantear la tensión entre intereses industriales tradicionales y sectores beneficiados por el nuevo esquema económico.
La editorial incluyó además críticas a declaraciones recientes de Jorge Sola, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien afirmó que la sociedad actual no responde de la misma manera que en otras etapas históricas del sindicalismo.
Caruso calificó ese diagnóstico como “interesante pero problemático”. “El rol de los dirigentes no es esperar las condiciones sociales, sino generarlas”, afirmó, y recordó el primer paro general contra la dictadura en 1979, encabezado por sectores sindicales que, aun en un contexto adverso, decidieron movilizarse.
En ese marco, el conductor planteó que el debate actual atraviesa tanto al empresariado como al sindicalismo y a la dirigencia política en general: cómo representar a una sociedad que, pese al malestar económico, mantiene niveles de apoyo electoral al oficialismo.
“Lo que degrada a la política es acomodarse al posibilismo”, concluyó Caruso al cerrar la editorial y dar inicio formal al programa.
LB/DCQ