Tag: Blanca Osuna

  • Universidades: esperan que el Gobierno cumpla con la ley de Fondos, con otro 25% de aumento a los docentes

    Universidades: esperan que el Gobierno cumpla con la ley de Fondos, con otro 25% de aumento a los docentes


    A casi tres semanas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso del Gobierno, las Universidades nacionales y los gremios del sector esperan que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento en la próxima liquidación de haberes docentes y no docentes, correspondiente a julio. La recomposición debería ser en torno al 25%, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3% y otro 3% tocaría en octubre próximo.

    El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales. Por la falta de actualización salarial –lo que vino a reparar la ley del Congreso sancionada en 2025, que Javier Milei vetó, pero fue insistida por dos tercios en cada Cámara- los docentes y no docentes habían perdido alrededor de 50% de sus ingresos frente a la inflación.

    Pero, desde entonces, la situación es de tensa espera. El Gobierno se mantiene en silencio tras el fallo de la Corte, aunque dejó trascender que acatará lo ordenado por la Justicia.

    Foto: Fernando de la Orden.
Cuarta Marcha Federal Universitaria, el 12 de mayo 2026.

    “Este mes (inicios de julio)se pagó el acuerdo paritario, 21%. Pero de la cautelar nada todavía, ni hubo llamado formal. Lo que sí, en el acuerdo (de mayo entre Gobierno, rectores y gremios) quedó la fecha del 15 de setiembre para la paritaria, y hay que sentarse a discutir”, indicó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).

    Entre los rectores la expectativa está centrada en que el Gobierno cumpla con la cautelar en esta próxima liquidación de haberes, que alcanza a unos 200 mil docentes universitarios en todo el país.

    El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, le dijo a Clarín: “El Gobierno debería convocar a paritaria y plantear allí la recomposición de lo pendiente o hacerlo efectivo directamente a partir de la próxima liquidación”.

    “Yo creo que el plazo para evaluar cómo seguimos debería ser la liquidación de este mes que es alrededor del día 20”, añadió, al preguntársele si, ya pasadas tres semanas, evalúan una nueva acción judicial.

    Ante el silencio del Gobierno, para la comunidad universitaria hubo una referencia precisa días atrás en la Cámara de Diputados. En una reunión caliente de la Comisión de Educación, el 1 de julio, su presidente Alejandro Finocchiaro –ex ministro de Educación de Mauricio Macri y hoy un firme aliado al mileísmo, no permitió que la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) incluyera el debate sobre la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

    Finocchiaro sostuvo que “a raíz del fallo de la Corte, el Gobierno con quien hablé… en las Universidades se liquida día 15, 16, 14, el mes que viene el Gobierno va a liquidar acorde al fallo de la Corte, por eso devino abstracto y esto no se trata”, dijo por el debate que quería impulsar la oposición en la Comisión.

    Gremios en alerta

    Bartolacci señaló también que los rectores (de las más de 60 universidades nacionales nucleadas en el CIN) acompañarán un pedido de convocatoria a paritaria que harán los gremios esta semana “para que se efectúe la actualización en virtud de la cautelar”.

    Los gremios del sector, y también el abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda judicial en representación del CIN, indicaron cuando salió el fallo de la Corte que ahora sí, en caso de no cumplir, los funcionarios del Gobierno -desde el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía Luis Caputo-, podrían exponerse a demandas penales por desobediencia e incluso a embargos y multas sobre sus propios patrimonios.

    Pero se prefiere no hablar de esto, en estas horas.

    “Estamos de cara al receso de invierno, el Mundial que se lleva todo, con el Gobierno que dice que va a cumplir… nadie quiere entrar en un camino de denuncias por incumplimiento, por eso preferimos esperar a ver si pagan julio”, indicó otra fuente universitaria que monitoreó todo el proceso.

    Dos de los gremios más representativos, CONADU y CONADU Histórica, ya avisaron sin embargo que tomarán medidas de fuerza si el pago no se efectiviza.

    Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, dijo a este diario que “desde el fallo de la Corte se han quedado mudos. Imagino que habrán pasado horas de zozobra, porque el Gobierno sabe que el camino judicial está quedando agotado y que le corresponde hacer lo que lleva casi 6 meses tratando de evitar, cumplir la ley”.

    Y señaló que la CONADU resolvió en su último plenario que si en el próximo salario no se ve reflejado “vamos hacia medidas de fuerza”. También dijo que “los funcionarios se exponen a acciones de tipo penal”.

  • La Cámara de Diputados le exige a Diego Santilli que acate el fallo de la Corte Suprema sobre las universidades

    La Cámara de Diputados le exige a Diego Santilli que acate el fallo de la Corte Suprema sobre las universidades

    El Jefe de Gabinete Diego Santilli acaba de asumir el cargo y ya tiene el primer reclamo de parte de la Cámara de Diputados.

    Los legisladores de la oposición ya le hicieron saber que tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación en lo que se refiere al presupuesto de las Universidades Nacionales, algo que el ya renunciado Manuel Adorni se negó sistemáticamente a hacer.

    Uno de los primeros en salir a reclamar que se cumpla con la ley que fue votada en 5 oportunidades en el Congreso -2 en diputados, otras 2 en el Senado y una última vez en el Presupuesto Nacional 2026- fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez.

    En declaraciones radiales, el rosarino advirtió que Santilli, deberá “garantizar las adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo judicial” de la Corte.

    Los dichos no fueron al azar. Unas horas antes que Santilli desembarcara en el Senado como Jefe de Gabinete para reunirse con “los 44” -los senadores libertarios y los de los bloques aliados- en Diputados un legislador del PRO hacía una movida que llamaba la atención.

    Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO del sector más ligado a Mauricio Macri, abrió la Comisión de Educación de la Cámara Baja y tomó una medida poco común que fue la de retirar del temario un proyecto de resolución que reclamaba al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La excusa que utilizó el diputado macrista para no tratar el proyecto de resolución que establecía el cumplimiento de la ley es que el fallo de la Corte así lo había decidido.

    Esto generó un fuerte cruce con la diputada de Unión por la Patria, Blanca Osuna, autora del proyecto. En ese marco, el ex ministro de Educación dijo que desde el Ejecutivo le informaron que el pago se realizará “a partir de agosto”, a pesar que el fallo es de junio.

    Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación

    Los cuestionamientos de Osuna fueron acompañados por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Socialismo – Unidos), quienes también cuestionaron la forma de conducir la reunión del diputado macrista. Minutos antes, Finocchiaro había dicho que la oposición se tiene que acostumbrar a “una nueva mayoría” y que es él quien otorga la palabra en la comisión.

    El problema que observan en la oposición es que -antes Adorni y ahora Santilli– hicieron trascender que están buscando los fondos -que serían alrededor de 500.000 millones de pesos- para pagar a las universidades en la ley de quita de subsidios de zona fría.

    Esta decisión de quitar a unos para darle a otros se topó con otra realidad y es que La Libertad Avanza que obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones para darle media sanción en Diputados, no estaría obteniendo el mismo apoyo en el Senado.

    “Los gobernadores que pusieron sus votos en Diputados los sacaron en el Senado”, dijo un senador libertario haciendo referencia a los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo. “A esto le sumás senadores del radicalismo que ya avisaron que no lo votan, como Maximiliano Abad”, agregó. Un dato a tener en cuenta: Abad es marplatense, una de las ciudades que se eliminaría de la zona fría y que en las últimas horas amaneció con sus playas con una manta de nevisca.

    Si la intención del oficialismo es que los fondos provengan de la eliminación de una buena cantidad de localidades con subsidio y del cambio de la ecuación sobre qué parte se subsidia en la Patagonia -hoy es la totalidad de la boleta, la nueva ley es sólo el valor del gas en el ingreso al sistema-, se enfrentará al problema que en la Cámara Alta la previsión es que el tema no será debatido hasta septiembre.

  • Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria

    Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria

    En la sesión del 25 de junio pasado de la Cámara de Diputados de la Nación, me referí, haciendo uso de una cuestión de privilegio, a la decisión del gobierno nacional de privatizar el río Paraná por 25 años. Sin dudas, eso implica la entrega de un recurso estratégico a intereses no sólo privados sino fundamentalmente extranjeros, con una incidencia muy particular de Estados Unidos en la trayectoria que ha tenido todo el proceso privatizador.

    Especialistas en hidrología advierten que la profundización del dragado de 34 a 44 pies alterará la dinámica del río, acelerará la erosión de las costas y afectará la biodiversidad, el acceso al agua y las economías regionales, como ya ocurrió en Victoria (Entre Ríos).



    También señalan que la desregulación y privatización del sistema fluvial impactaría negativamente en el cabotaje nacional y pondría en riesgo puestos de trabajo. En ese sentido, remarcan que las principales potencias del mundo, como Estados Unidos y China, mantienen control estatal sobre sus ríos por su valor estratégico en la logística, el comercio y la seguridad.

    La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región en el plano nacional e internacional, sino con nichos corporativos cuyo propósito principal es incrementar su tasa de ganancia.

    La primera convocatoria de la llamada Vía Navegable Troncal del Río Paraná de diciembre de 2024 quedó sin efecto en medio de sospechas, denuncias y tironeos espurios.
    A eso se sumó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto 699/24, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable – ECOVINA, único espacio de participación de las provincias del litoral fluvial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires quedaron afuera. Las declaraciones de Frigerio, además de inconsistentes, sólo expusieron la ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales.

    El 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo por plataforma la Audiencia Pública, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que estuve presente. Los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos inscriptos no participaron. En la audiencia, el 90% de las exposiciones rechazó las condiciones de los pliegos, señalando la falta de estudios de impacto ambiental, cuestionamientos a la profundidad del dragado y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otras críticas.

    Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria
    Blanca Osuna, diputada nacional de UxP y autora de esta nota.
    Foto: Prensa Diputados

    Sin embargo, pese a lo expresado en noviembre, el Gobierno convocó una nueva licitación el 18 de diciembre del mismo año.

    Previa a la adjudicación, que ya se evidenciaba con marcada preferencia a favor de la La PIA emitió en mayo un dictamen[1] que advirtió graves irregularidades en la licitación vinculada a la empresa Jan De Nul, señalando posibles consecuencias penales.

    Entre los puntos observados se incluyen la falta de Evaluación de Impacto Ambiental Integral, incumplimientos normativos, desigualdad entre oferentes, restricciones a impugnaciones y ausencia de criterios objetivos de evaluación. También cuestionó la debilidad del control del organismo licitante.

    El informe advirtió además posibles conflictos de interés y señaló que lo actuado podría derivar en responsabilidades administrativas y judiciales, aún en análisis.

    El Día de la Bandera, el 20 de junio, fue publicada en el BO la adjudicación de este negociado al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus, difícil imaginar un gesto más oprobioso ante la entrega de la cuenca hídrica más grande de Sudamérica.

    Antecedentes

    En mi intervención en el recinto cité antecedentes jurisprudenciales relevantes que fundamentan el valor del federalismo en la defensa del Paraná como recurso estratégico.

    El Túnel Subfluvial, acordado en 1960 entre Entre Ríos y Santa Fe ante la falta de financiamiento nacional, se inauguró en 1969 y dio origen a un modelo de gestión interprovincial del río, basado en el dominio compartido de sus recursos.

    La Ley de Libertad de los Ríos (1997), fruto de la movilización popular y con rango constitucional en Entre Ríos, fue clave para frenar el proyecto de la represa Paraná Medio, consolidando una defensa del territorio frente a decisiones centralizadas.

    Por último, los incendios en las islas en 2008 derivaron en fallos judiciales que obligaron a la coordinación interprovincial mediante el PIECAS-DP, un acuerdo para la protección del Delta del Paraná cuya continuidad, sin embargo, ha sido débil en los últimos años.

    ¿Qué dejan en claro estos antecedentes? El valor del sentido federal, el desafío democrático que implican algunas decisiones, el poder de convocatoria que sostienen la defensa de los bienes naturales cuando están en riesgo.

    Y frente al afán oficial de dilapidar soberanía a intereses corporativos, esa convocatoria se justifica.

    Estas razones fundan nuestro rechazo a la pretensión de instituir un Consejo de Control integrado por «usuarios», donde prevalezcan la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas y de espaldas al bien común.

    La envergadura y el impacto de esta privatización exigen que el Congreso de la Nación y las provincias participen formalmente.

    Aún tienen vigencia parlamentaria el proyecto que presenté de creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025)[2], como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias ribereñas e instituciones.
    Y asimismo el proyecto de Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación VNT (105-D-2026), de la diputada Propato[3].

    Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía.

    Y no lo será, pese a que el agua dulce comenzó a cotizarse desde 2020, vía contratos de futuro, en la Bolsa de Wall Street de Nueva York como bien transable.

    El Paraná es eje vertebrador de una región de riqueza social, ambiental, económica y de gran dimensión geopolítica.

    Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo.

    Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y los cursos de agua que atraviesan nuestra provincia es parte de la identidad entrerriana, y es una materia que está en juego todos los días. Por eso decimos no al dragado a 44 pies. Por eso no resignaremos postura y exigiremos el cumplimiento de normas vigentes y la participación de los sectores implicados.
    El control y la preservación de la principal vía fluvial del país es un desafío cuya resolución política es el gran interrogante que requiere respuestas para el tiempo que viene.

    Defender el Paraná frente a esta brutal entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.


    [1]https://www.mpf.gob.ar/pia/files/2026/05/Expte-113-26-y-119-25-dictamen-15-5-26.pdf?utm_source=chatgpt.com

    [2]https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4053-D-2025.pdf

    [3] https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/detalle_tp_adjunto/index.html?id=289598

    Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria

  • Con Máximo al frente. El kirchnerismo ya se mueve para pelear en 2027 en un escenario de ruptura con Axel Kicillof

    Con Máximo al frente. El kirchnerismo ya se mueve para pelear en 2027 en un escenario de ruptura con Axel Kicillof

    El kirchnerismo está embarcado en la campaña “Cristina libre”, que volverá a tomar cuerpo este sábado en el Parque Lezama porteño, donde Máximo Kirchner será el principal orador. Pero en forma paralela, el hijo de la expresidenta encara un proyecto clave para el espacio, que supone plantar un candidato alternativo al gobernador Axel Kicillof de cara al recambio presidencial de 2027.

    Según pudo saber LA NACION de fuentes partidarias, ante la falta de diálogo con Kicillof, el kirchnerismo entiende que el año próximo se abrirá un escenario de confrontación interna en la búsqueda de la candidatura principal del PJ. Y que ese proceso puede darse de dos maneras: una PASO “ordenada”, que no fagocite al peronismo; o una ruptura que los lleve a competir por dos listas distintas.

    En los dos casos se plantean grandes riesgos para la principal fuerza de oposición al presidente Javier Milei. La competencia en una PASO podría derivar en un fracaso como el de Juntos por el Cambio en 2023 -con la recordada pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta-, mientras que las listas separadas podrían sepultar sus chances de llegar a un balotaje en 2027.

    Néstor Kirchner mira el discurso de Menem tras las elecciones de 2003, cuando el peronismo fue dividido. Un escenario que se vuelve a barajar en el PJ de cara a 2027
    Néstor Kirchner mira el discurso de Menem tras las elecciones de 2003, cuando el peronismo fue dividido. Un escenario que se vuelve a barajar en el PJ de cara a 2027

    Sin embargo, en las filas de Cristina Kirchner no descartan la posibilidad de que se regenere el año próximo un escenario fragmentado como el de 2003, cuando el peronismo llevó tres candidatos separados (Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá), aunque consiguió finalmente poner a Kirchner en la Casa Rosada. Igualmente, todo queda sujeto a lo que pueda definir Cristina.

    “Por ahí está esperando para hacer un movimiento como el del 19″, deslizan fuentes de su entorno inmediato, en referencia a la sorpresiva designación de Alberto Fernández como candidato presidencial del peronismo en 2019, prácticamente sobre la hora de aquel proceso electoral. Pero mientras tanto, el encargado de mantener la llama viva es Máximo, ante la ausencia forzada de Cristina.

    El jefe de La Cámpora ya hizo dos salidas al interior del país desde que Kicillof lo desbancó de la jefatura del PJ bonaerense: tuvo una primera visita a Santa Fe, en la zona núcleo agropecuaria; y luego días pasados estuvo en Paraná, Entre Ríos, acompañado por la diputada Blanca Osuna. Desde allí, insinuó un giro discursivo: “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”, dijo.

    Máximo Kirchner, en Paraná, en una de las salidas que hizo al interior del país
    Máximo Kirchner, en Paraná, en una de las salidas que hizo al interior del país

    El plan de viajes de Máximo Kirchner continuará durante el resto del año: visitará otras seis provincias, a razón de una por mes, anticiparon fuentes de su confianza a este diario. “La idea es proponer internamente algo para el año que viene. Y ver cómo reacciona la gente a los estímulos”, sostienen en el mismo sentido. La búsqueda pasa por auscultar el sentimiento de la militancia.

    En el kirchnerismo saben que muchos simpatizantes del peronismo no entienden las razones del distanciamiento de Cristina y Máximo Kirchner con Kicillof, siendo que históricamente estuvieron identificados con las mismas ideas políticas y económicas. También juegan con el hecho de que el gobernador no puede romper con el kirchnerismo sin perder una porción de apoyo que tiene en las encuestas.

    Pero como ya no tienen a Cristina Kirchner como una carta de amenaza -dada su imposibilidad de ser candidata por la condena en la causa Vialidad-, necesitan que el gobernador se avenga a dialogar con la expresidenta para definir los términos de un acuerdo. La primera condición que le ponen es que adhiera a la campaña “Cristina libre”, algo que Kicillof parece dispuesto a hacer.

    Axel Kicillof en un acto de su Movimiento Derecho al Futuro
    Axel Kicillof en un acto de su Movimiento Derecho al FuturoPrensa PBA

    De hecho, el PJ bonaerense que ahora comanda Kicillof anunció que marchará al Parque Lezama porteño para participar del acto convocado por el kirchnerismo para reclamar la liberación de su conductora política. También habrá una columna del axelista Movimiento Derecho al Futuro (MdF) en el paseo de San Telmo, pero difícilmente se lo pueda ver allí al propio mandatario.

    Fuera de su situación judicial, en los quinchos del peronismo circula una lista de condiciones que podría poner Cristina para apoyar la candidatura presidencial de Kicillof. El primer punto es la deuda externa: la expresidenta y Máximo no quieren que un eventual próximo gobierno del PJ se mueva como lo hicieron Alberto Fernández y Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    El segundo punto de la lista roja del kirchnerismo es el impulso de una “reforma institucional” que incluya el juicio político a los tres integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes confirmaron la condena de Cristina en el caso Vialidad. Y el tercer punto es la derogación lisa y llana del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) mileísta.

    La legisladora porteña Berenice Iañez, representante del axelismo en CABA
    La legisladora porteña Berenice Iañez, representante del axelismo en CABA

    Mientras tanto, lejos de los grandes acuerdos, las rencillas se filtran a diario y dominan la interna peronista. La última de ellas estuvo protagonizada por una legisladora porteña que milita en el MdF axelista, Berenice Iañez, quien pidió directamente que Cristina Kirchner deje de “hinchar las bolas” con sus reparos a Kicillof y tomó distancia del “balcón shakesperiano” de San José 1111.

    Las expresiones dolieron especialmente en el kirchnerismo porque la legisladora tiene vínculos con Madres de Plaza de Mayo, una agrupación con la que mantiene una afinidad histórica, pero que paulatinamente adoptó posiciones más cercanas al proyecto de Kicillof. En medio de esa puja intestina, Cristina cumplió esta semana un año en prisión domiciliaria. Y el dilema de la sucesión sigue abierto.

  • Acto del PJ. Máximo Kirchner, sobre el escándalo de Adorni: “No pueden decir qué están haciendo sin tartamudear”

    Acto del PJ. Máximo Kirchner, sobre el escándalo de Adorni: “No pueden decir qué están haciendo sin tartamudear”

    El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este viernes un acto en la ciudad de Paraná, Entre Ríos donde cuestionó la explicación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se refirió a la interna del peronismo.

    La actividad se desarrolló en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la capital entrerriana y contó con la presencia de dirigentes locales y provinciales. Durante su intervención, el dirigente de La Cámpora e hijo de la expresidenta Cristina Kirchner centró sus críticas en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y en el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de ministros y vocero presidencial.

    La soberbia con la que se expresa el actual jefe de Gabinete, que se reía de los compañeros trabajadores y trabajadoras del sector público, ya sean docentes, médicos, enfermeros, camilleros… Decía que jubilados y jubiladas habían recibido una jubilación en la Argentina sin trabajar”, afirmó Kirchner.

    El diputado se refirió a la explicación de Manuel Adorni sobre su crecimiento patrimonial
    El diputado se refirió a la explicación de Manuel Adorni sobre su crecimiento patrimonialSoledad Aznarez

    Y se reían y nos venían a dar clases de moral y buenas costumbres a todos; ahora no pueden decir que están haciendo sin balbucear, sin tartamudear y sin dar la cara como lo están haciendo”, agregó el dirigente camporista.

    De este modo, el legislador nacional se refirió a la causa que investiga el crecimiento patrimonial del funcionario libertario, quien reconoció públicamente haber mantenido ahorros no declarados junto a su esposa por un valor estimado en US$500.000. Esta situación lo obligó a presentar declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción para regularizar activos, que según sostiene provienen de su actividad “en el sector privado” y de inversiones en criptomonedas.

    El diputado también criticó lo que considera las consecuencias de la política económica en la población: “Este plan tiene diseño, saben muy bien lo que están haciendo. No es que las cosas le están saliendo mal, es el diseño planificado y la entrega de la patria a lo largo y ancho de su territorio”.

    El dirigente camporista cuestionó el rumbo económico
    El dirigente camporista cuestionó el rumbo económicoSoledad Aznarez

    En esa línea, sostuvo que se consolida una pérdida de soberanía en la toma de decisiones, especialmente en cuanto a medidas económicas: “El agobio diario que sufren millones de argentinos y argentinas tiene que ver también con que las decisiones no se diseñan en la Argentina, se diseñan en Washington, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional”.

    Además, contrapuso ese accionar con la gestión de su padre, Néstor Kirchner, a quien definió como “un presidente que valoró el esfuerzo del pueblo y desendeudó al país frente a los organismos internacionales de crédito para priorizar las necesidades internas”.

    Con respecto al debate por el déficit fiscal, Kirchner propuso un cambio de eje en la discusión pública y cuestionó los beneficios impositivos otorgados a las empresas multinacionales que imponen los nuevos marcos normativos de inversión —RIGI y “súper RIGI”—.

    Máximo Kirchner criticó los beneficios impositivos concedidos recientemente a las grandes empresas multinacionales
    Máximo Kirchner criticó los beneficios impositivos concedidos recientemente a las grandes empresas multinacionales

    “Por eso, muchas veces, cuando uno escucha hablar del equilibrio fiscal como si fuera un mantra, una tabla de salvación, nosotros tenemos que hablar en la Argentina de justicia fiscal. Que los que más tienen más pongan. No esta Argentina donde con el RIGI y el súper RIGI prácticamente el Estado argentino le está dando plata a las mineras y petroleras extranjeras para que se lleven todo”, sostuvo al respecto.

    Su visión sobre la interna del PJ

    En el plano de la discusión interna del espacio peronista, el legislador se pronunció sobre el liderazgo de su madre, Cristina Kirchner, y la necesidad de una construcción que supere las posturas moderadas sobre su liberación dentro del PJ.

    Máximo Kirchner se refirió a la interna del peronismo
    Máximo Kirchner se refirió a la interna del peronismo

    “Va a ser complejo, va a ser difícil y es por eso mismo que nosotros reclamamos y la queremos a Cristina caminando junto a su pueblo. No es un capricho. Es hora de pensar en aquello que nadie se atreve a hacer porque desde el posibilismo nos fueron encerrando”, concluyó Kirchner.

    El encuentro político en la provincia de Entre Ríos sumó también la participación en el escenario de Oscar Muntes, representante de ATE; de la diputada nacional Blanca Osuna, Silvia Nene Moreno, presidenta provisional del Partido Justicialista de Entre Ríos; y de Tomás Ledesma, exdiputado de UxP.

  • Se profundizan los piquetes y marchas por la quita de un millón de planes

    Se profundizan los piquetes y marchas por la quita de un millón de planes

    Con severas dificultades para parar la olla o para conseguir una changa, la situación de miles de familias de barrios populares es cada día más dramática. Sin registro de esa problemática –o sí– la administración de Javier Milei complicó aún más el escenario al eliminar planes sociales destinados a esos sectores, en particular los programas derivados del ex Potenciar Trabajo. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) señalaron que más de un millón de personas dependen de esos ingresos, que consistían en 78 mil pesos que cobraron por última vez este mes. “El gobierno nacional está regando la pradera seca con nafta y eso ya sabemos cómo termina”, advirtió Johanna Duarte, secretaria gremial de la organización. Y adelantó a PERFIL que se profundizará el plan de lucha en todo el país “porque la situación económica en el territorio es insostenible”.

    El jueves Barrios de Pie armó una olla popular frente a la vivienda de Manuel Adorni, en Caballito, como parte de los reclamos. “No somos un gasto, somos parte de la solución”, dijo Norma Morales, de la organización. El próximo martes, en el marco del Segundo Congreso de la UTEP, más de 300 delegados debatirán cómo profundizar la resistencia al modelo económico. Y participarán de la movilización del 30 de abril convocada por la CGT a Plaza de Mayo. Duarte también confirmó que harán asambleas para organizar la jornada nacional de lucha del 7 de mayo, con cortes y ollas populares en todo el país. “Desde Usuahia a la Quiaca nos haremos escuchar, desde la más amplia unidad de todos los movimientos populares”, señaló.

    A partir de 2024, el Ministerio de Capital Humano reorganizó el universo del ex Potenciar Trabajo en dos programas. “Volver al trabajo”, que concentró la mayor parte de los beneficiarios y estaba orientado a trabajadores de la economía popular de entre 18 y 65 años. Hasta hace unos días lo cobraban unas 930 mil personas. El otro era el “Programa de acompañamiento social”, enfocado a personas en situación de mayor vulnerabilidad: mayores de 50 años o mujeres con cuatro hijos o más, menores de 18 años. Lo recibían unas 200 mil personas. Es decir que el universo de beneficiarios era de más de 1.100.000 personas, con la mayor concentración territorial en la provincia de Buenos Aires.

    Según los datos que consignó la UTEP, el costo del programa representa solo el 0,1% del PIB, “lo que muestra un impacto fiscal reducido en comparación con su alcance social”, señalaron.“Los comedores que hacían malabares para funcionar con la quita del complemento salarial serán imposibles de sostener. El impacto negativo en las economías locales y regionales, sobre todo de las provincias del norte, será devastador”, sostuvo Duarte. “Mientras le quita el último ingreso a los trabajadores más humildes, el jefe de Gabinete cuadriplicó su patrimonio en dos años. Le roban el complemento salarial a los trabajadores para enriquecer a unos pocos”, completó.

    El conurbano pagó la mayor parte de la cuenta del ajuste. Según datos de un informe publicado ayer del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, e IPC acumulado entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 para alimentos en el Gran Buenos Aires (276%) supera al nivel nacional (273%). Y los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron aumentos de hasta el 493% en el último año. Pero no es solo un problema del AMBA. “En el norte, la deuda histórica es criminal. Provincias como Tucumán, Salta, Chaco y Misiones concentran una proporción altísima de titulares de planes en relación a su población. ¿Qué refleja esto? El nulo desarrollo del empleo formal que genera este modelo extractivista”, advierte la UTEP.

    Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el dirigente Nicolás Caropresi relata el panorama de la gravedad de la crisis: “A la baja de ingresos se fue sumando el aumento de los servicios básicos: la luz, el gas, el transporte. Los comedores están hasta triplicando la asistencia y la mayoría ya dejó de utilizar gas para cocinar, por los costos”. El militante lo explica con un ejemplo gráfico: al usar el fuego directo, las ollas se destruyen más rápido y por momentos no cuentan ni con ese insumo básico para preparar la comida.

    El programa “Volver al trabajo” concentra más del 80 por ciento de los planes que se dieron de baja. Estaba orientado a una población que, aun en condiciones de trabajar, no logra acceder a un empleo registrado. “Esto muestra que el problema central no es la ‘falta de voluntad de trabajo’, sino la insuficiencia del mercado laboral formal para absorber la fuerza de trabajo disponible”, dice un informe de la UTEP. La cartera que dirige Sandra Pettovello reemplazó a los dos programas por uno nuevo, pero las organizaciones se quejan de que no sirve (ver aparte).

    “Esos 78 mil pesos eran un gasto fijo que tenían resuelto un montón de personas que, obviamente, no sobrevivían solo con ese ingreso. Con esa plata compraban las garrafas del mes, o de los primeros 15 o 20 días. O podían pagar la luz, o alguna deuda. Porque todo el mundo está endeudado: o con Mercadopago o con el prestamista del barrio, que por lo general atrás tiene el apriete de la narcoestructura”, denuncia Caropresi.

    La semana pasada, representantes de UTEP se reunieron en el Congreso con diputados de distintos bloques para visibilizar esta grave situación. Participaron Juan Marino, Germán Martínez, Natalia Zaracho, Florencia Carignano, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna y Marcelo Magno.

    “No estamos frente a una discusión ideológica, estamos frente a un gobierno cruel que siempre se mete con los más débiles. Persiguen a las organizaciones sociales y ahora dejan a miles de familias sin el ingreso que tenían. Que era poca guita, sí, pero al menos les permitía que el kiosco les dejara sacar fiado, porque sabía que tenían ese ingreso”, comentó a PERFIL Zaracho, de Unión por la Patria. La diputada aseguró que Milei y Pettovello “prometieron ‘volver al trabajo’ y lo único que hubo fue humo. Ni cursos, ni laburo, nada. Todo verso”. Y agregó: “Ahora también se meten con el Remediar, con los viejos, con el PAMI. Entonces no es contra las organizaciones, por lo que dicen que somos feos, chorros, o lo que sea: es el modelo. Y es un modelo cruel”.

    “El nuevo programa no existe, es una mentira”

    El Ministerio de Capital Humano informó el lunes del lanzamiento de “Formando Capital Humano”, un portal de formación y aprendizaje con contenidos específicos para todas las edades. “Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico”, comunicaron. Y anunciaron que los ex beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” podrán utilizar vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran.

    “El nuevo programa no existe. Es una mentira. Inauguraron el centro de formación con bombos y platillos, pero anunciaron que tenían solo cursos en AMBA. Te doy un ejemplo: Neuquén tiene 9.400 beneficiarios. ¿Sabés cuántos cursos ofrecen en esa provincia? Diez. La provincia de Buenos Aires tiene 470.000 personas que cobraban el ‘Volver al Trabajo’. ¿Sabés cuántos cursos ofrecen? 4.000. Y si entrás a la web, se traba”, explica Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

    Caropresi señaló que encima esos cursos no los ofrece el Gobierno, si no que ya los brindaban los centros de formación profesional, la mayoría financiados por provincias. “Lo único que hicieron es tomar ese listado y replicarlo en redes. Muchos compañeros ya pasaron por esos cursos. Porque nuestros compañeros laburan, buscan la forma de resolverse la vida a pesar de que les escupan la cara todo el tiempo y a pesar de que la única posibilidad concreta que le dejan de salida es el narcotráfico y la delincuencia”.