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  • Exclusivo: los secretos de Astiz desde la cárcel

    Exclusivo: los secretos de Astiz desde la cárcel

    En 21 años pueden pasar muchas cosas. Episodios que quedaron en la historia duraron mucho menos: es casi cuatro veces lo que se extendió la Segunda Guerra Mundial, más del doble de lo que se sostuvo la República de Weimar o tres veces lo que le llevó a Los Beatles publicar toda su discografía. 21 años es una vida entera.

    Ese es el tiempo que lleva preso Alfredo Astiz. 8000 días detenido pueden afectar de varias maneras a una persona, incluso a una que tiene como el logro más destacado de su biografía haberse infiltrado en un grupo de madres que buscaban a sus hijos para secuestrarlas en el centro clandestino más famoso de este país.

    En el caso del “Ángel de la muerte”, todo ese lapso privado de su libertad tuvo un efecto bien claro: la profunda convicción de que se va a morir dentro de una cárcel, la falta absoluta de cualquier esperanza de libertad y la certeza de que no necesita más aprobación sobre sus actos que la de él mismo.

    Astiz

    Astiz no espera ningún perdón de nadie. No lo quiere: en el juicio que en el 2011 lo condenó a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad renunció a su derecho de ejercer su defensa. El tiempo no lo hizo cambiar de opinión. Por eso es que a la reunión con los diputados libertarios fue uno de los últimos en llegar.

    Agarró una silla de plástico, en ese salón de visitas que tiene el pabellón 8 del penal de Ezeiza que parece un viejo club de barrio venido a menos, y la acomodó en uno de los rincones de la mesa. La desconfianza a la política la tiene grabada en las venas, y el ciclo de Javier Milei no es una excepción: si bien durante unos brevísimos días creyó haber visto en el libertario algo distinto, fue una ilusión bien pasajera. Aquel 11 de julio no iba a ser diferente.

    “Mirá, fijate cómo arranca”, le dijo Astiz, por lo bajo, al represor que tenía sentado al lado. En esos pasillos el hombre que ante las Madres se hacía pasar por el hermano de un desaparecido es muy escuchado en las raras ocasiones en que abre la boca. Ahí es “el Capitán”, una figura que inspira cierta reverencia en sus compañeros de celda y también en los guardiacárceles: una leyenda negra sigue siendo, al final del día, una leyenda.

    Montenegro

    Astiz se mofaba del brío con el que había comenzado el diputado Guillermo Montenegro. Otrora íntimo de Victoria Villarruel, este legislador llevaba la voz cantante, a pesar de que la reunión la había impulsado su compañero de bloque Beltrán Benedit. “Este es el momento de actuar, llegó la hora de terminar con esta injusticia, la Patria debería estar agradecida con ustedes, por eso venimos acá a decírselos en la cara”, decía Montenegro, que parecía con la fuerza suficiente como para ir a recuperar las Islas Malvinas. “El Capitán” miraba el techo y suspiraba.

    Era una danza que conocía bien. Unos años atrás un famoso juez federal lo había ido a ver para hacerle el mismo canto de sirena, pero no había pasado absolutamente nada. Ninguno de sus compañeros de detención estaba en esa sintonía. Todo lo contrario. Los otros 14 represores que participaron del encuentro se mostraban visiblemente emocionados por recibir por primera vez en décadas a un destacamento de seis diputados nacionales.

    Absolutamente todos se habían presentado antes de que Montenegro empezara a hablar, parándose de sus asientos, dando su nombre y rango, haciendo largos discursos que en algunos casos terminaron en lágrimas. El represor Raúl Guglielminetti incluso terminó su alocución dejando arriba de la mesa un texto de puño y letra en el que imaginaba un proyecto de ley para garantizarles la prisión domiciliaria, idea que también estaba en la cabeza de los diputados que armaron el cónclave.

    Astiz

    El único que se limitó sólo a decir cómo se llamaba fue Astiz. “Estaba callado pero te miraba fijo con esos ojos azules, como si te estuviera analizando. Era intimidante”, coincidieron luego dos de las diputadas presentes. Cuarenta minutos después de haber arrancado, Montenegro se dio por satisfecho. Sus últimas palabras fueron menos alentadoras, aunque no pudo evitar derramar unas lágrimas.

    “Pero saben que ahora estamos en minoría, no somos muchos, y el tema tampoco es que está en agenda. Pero ya va a llegar la hora”. Astiz aprovechó el titubeo para volver sobre su compañero de banco. “¿Viste?”. No fue lo único que le molestó de esa reunión. En un momento de la charla, la diputada Alida Ferreyra, del otro lado de la mesa y sin pedir permiso, sacó su celular y empezó a hacer fotos.

    A este hombre que viene de la alta alcurnia marplatense y quien siempre se jactó de cumplir el protocolo de esas clases acomodadas, esa imagen de arrebato le pareció que carecía de sutileza. Si a Astiz le pusieran el suero de la verdad diría que, antes que todo, los legisladores de La Libertad Avanza no están a su altura.

    Astiz

    Quizá por todo esto fue que para la foto de familia se ubicó bien al fondo de todo, casi escondido. Quizá, simplemente, no quería regalarle a sus enemigos una imagen suya encerrado, sin ese pelo rubio que lo hizo tan conocido y que ahora está cruzado con el color del polvo. O tal vez no le dio tanta trascendencia.

    Astiz no espera nada del mundo exterior, aunque tal vez aguarde un mimo de la historia en un futuro lejano. Es que en su celda, y en su cabeza, él sigue pensando que no tiene nada de lo que arrepentirse. Y esa es la única foto que le interesa: la que se sacó a sí mismo.

    El Ángel

    Adriana Clemente tenía 19 años y estaba embarazada cuando la secuestraron y la llevaron a la ESMA. En uno de esos días en el infierno vio de lejos a Astiz, y le llamó la atención. “¿Quién es? No tiene pinta de represor”, dijo Clemente, palabras que repitió luego en el juicio que condenó al marino. La respuesta le llegó de otro detenido. “Ese es uno de los peores”.

    Astiz

    Hay varias razones que explican por qué cuarenta años después este apellido sigue siendo tan resonante, y que le dan sentido a que cuando se habla en los medios y en las redes de la visita de los diputados a Ezeiza se diga la “reunión con Astiz” y no con Guglielminetti, Alberto González o Cinto Courtoix.

    Hay una línea que une toda esta historia: sus ojos azules y el pelo rubio que supo tener, que le daban un aire aniñado y le permitían jugar la carta de no tener “pinta de represor”. Le permitían disfrazarse. Fue con esa treta con la que Astiz logró infiltrarse entre las Madres de Plaza de Mayo y ganar la confianza de todas, en especial de su fundadora, Azucena Villaflor.

    “Era un carilindo, que nosotros lo cuidábamos, y se había hecho muy amigo de Azucena. Cómo sería de cínico, que la gorda, que estaba en todas, se dejó engañar. ¡Es que era riquísimo, agradable, qué moditos!”, dijo Nélida Chidichimo, compañera de Villaflor, en el libro sobre Astiz que escribió el periodista Uki Goñi.

    Astiz

    “Decía que tenía 18 años, que su mamá era paralítica y Azucena se preocupaba por eso. Si hubiese sabido que era mayor no se hubiera ocupado tanto”, contó en ese texto -material clave para la condena judicial del marino- Pepa Noia, la mejor amiga de la fundadora de las Madres.

    Si hay algo de lo que Astiz no se arrepiente es de este episodio. Más bien lo contrario. Su infiltración entre las Madres, haciéndose pasar por un familiar preocupado que buscaba a su hermano desaparecido, es algo que lo enorgullece. Esa actividad de camuflaje empezó en el arranque de 1977, y tiene todo que ver con el tiempo y lugar de la historia en el que el teniente de corbeta se encontraba: la ESMA de Jorge Acosta.

    “El Tigre” se había convertido a mediados del año anterior en el jefe del Grupo de Tareas 3.3.2, que tenía su base en la escuela de la Marina pero que se movía más allá de la ley por toda la ciudad y la zona norte de Buenos Aires.

    Astiz

    Acosta le había imprimido su particular sello al lugar, lo que haría que este centro clandestino se destacara por sobre los otros 600 que hubo en la última dictadura. No sólo por los resonantes episodios que comandó este grupo ni bien arrancó -el asesinato de Rodolfo Walsh y el secuestro de una de las fundadoras de Montoneros, Norma Arrostito- sino por sus singulares características.

    Este centro clandestino estaba apadrinado por Massera, salteando así todo el organigrama de la Armada y llegando a la cúpula del poder dictatorial, fue el único que funcionó hasta el final del Proceso, fue tal vez el más activo en la apropiación de bebés, había generado un perverso sistema de trabajo de explotación esclava de los desaparecidos -en algunos casos con tareas altamente complejas como la falsificación de pasaportes o la creación de empresas para blanquear la enorme cantidad de bienes robados- y de “recuperación” de los secuestrados, una práctica para la que no alcanzan los adjetivos y que trataba de “reconvertir subversivos” mediante distinto tipo de torturas.

    Todos estos elementos llevaron a la ESMA a un podio único durante los años de plomo: una profunda autonomía política, logística, financiera y militar. “Era un lugar sin límites”, lo resumió el propio Acosta.

    En esta intersección es donde se explica la historia de Astiz. Él se ganó la confianza del “Tigre” y se convirtió en su preferido dentro del área de Inteligencia, una de las cuatro patas de ese grupo de tareas. Y entre los dos, envalentonados y sin tener que rendirle cuentas a nadie, se convencieron de una idea que terminaría en una tragedia: que las “locas de Plaza de Mayo”, como se llamaba en aquel momento a las mujeres que caminaban pidiendo por sus hijos secuestrados, eran en verdad un espacio de superficie de la guerrilla armada.

    “Acosta había desarrollado la idea de que el GT se infiltrara en los crecientes organismos de defensa de los derechos humanos, que eran considerados mascarones de proa de la subversión”, contó el periodista Claudio Uriarte en “Almirante Cero”, el libro canónico que escribió sobre Massera.

    El marino, que se hacía llamar Gustavo Niño, empezó a caminar con las Madres a principios de 1977. Se ganó la confianza con su pinta de chico, de familiar dolido, un acting que reforzaba con Silvia Laybarú, una secuestrada a la que obligaba a hacer pasar por su hermana, a su lado. Era un papel que a Astiz le salía bien.

    Llevaba a las mujeres a sus casas después de las reuniones -y así las marcaba-, e incluso llegó enfrentarse en la Plaza con unos policías que intentaron amedrentar a las que suplicaban por los desaparecidos. “Desde este episodio en adelante, Astiz y Niño ya podían considerarse la misma persona”, dice Goñi.

    Después de casi un año infiltrado llegó la fecha trágica. El jueves 8 de diciembre, en la Iglesia Santa Cruz, el grupo de tareas 3.3.2 raptó a siete personas que se habían reunido para juntar planta para publicar una solicitada en La Nación, diario que pedía mucho dinero para hablar de este tema.

    Gustavo Niño, que se movía como uno más entre ellos, había marcado a los blancos agitando los billetes que había puesto para la colecta. Ese día y los siguientes el equipo que comandaba Acosta, siguiendo la información de Astiz, cazó a otras cinco personas.

    En total fueron doce los secuestrados, grupo en el que se destacaban Villaflor, otras dos Madres y dos monjas francesas, Leoine Duquet y Alice Domon. Todos fueron llevados a la ESMA, donde se los torturó para sacarles información que ni siquiera tenían.

    A las 21.30 del 14 de diciembre, un Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque. Adentro estaban, drogadas e inconscientes, las “doce de Santa Cruz”. Tres horas y diez minutos más tarde el avión volvió. Antes habían arrojado al mar a todos los secuestrados.

    Tiempo

    “El subordinado tiene vedado inspeccionar la bondad o maldad de una orden. Es sencillamente ridículo pretender que un militar, en ocasiones bajo fuego enemigo y debiendo tomar decisiones que pueden ser de vida o muerte, pueda analizar cabalmente una orden”. Estas fueron las palabras de Astiz en la declaración indagatoria del juicio que lo condenó.

    Al día de hoy, “el Capitán” sigue pensando lo mismo: las Madres eran una organización de superficie de la guerrilla. Él sólo cumplía órdenes. Y si le preguntan, dirá que las cumplía muy bien: su tarea era ser un espía y en ese sentido logró engañar a todos. Es una verdad a medias.

    El caso de los “doce de Santa Cruz” falló de varias maneras: no logró frenar el crecimiento de las Madres, no logró impedir que saliera la solicitada en los diarios y, como si fuera poco, el asesinato de dos monjas francesas se convirtió en un escándalo internacional que puso el foco del mundo sobre la ESMA.

    Astiz está tranquilo con su conciencia. De hecho, cuando está en confianza baja alguna de sus cartas para explicarse: dice que él no torturó, que estaba al margen de muchas cosas que ocurrían en la ESMA y que sólo se limitaba a su rol como agente de Inteligencia que solía participar en operativos, todo parte de lo que considera una guerra justa que tuvo dos bandos en pugna.

    Tiene, eso sí, una o dos cuotas pendientes. La principal es, llamativamente, con la Marina. Si algún rencor le queda es con ese brazo de las Fuerzas Armadas, al cual él siente que le entregó la vida y más y que no lo supieron cuidar. Que lo entregaron, algo de lo que se convenció desde que en 1998 el entonces titular de la Armada, en el gobierno de Carlos Menem, impulsó su destitución y la quita de su grado de teniente.

    Otra de las heridas abiertas tiene que ver con que hace dos años, cuando murió su madre, no lo dejaron salir de la cárcel para asistir al funeral. La mujer que le dio vida era una de las pocas personas que lo visitaban en el penal, incluso hasta el final de su vida. Astiz, de 72 años, no deja atrás hijos ni mujer.

    Aunque la vida en Ezeiza es solitaria, hablar con él es menos difícil de lo que se piensa: suele ser Astiz el que atiende cuando alguien llama al teléfono del pabellón, por lo que a veces termina haciendo casi de recepcionista.

    Astiz pasa los días leyendo, en un pequeño escritorio que tiene en su celda individual. Sigue en especial las noticias internacionales, aunque a veces se cruza con sus compañeros para intentar convencerlos de que cambien La Nación +, el canal que está puesto 24 horas en el televisor que comparten en el comedor y que al marino le parece que carece de cierto refinamiento en los análisis.

    En su celda guarda uno de sus objetos más preciados: una carta de una secuestrada en la ESMA que, ya en democracia, le escribió para agradecerle su trato durante el cautivero. Eso es, al menos, lo que dice Astiz, el mismo que dijo que era el hermano de un desaparecido.

    Villarruel

    Pasó desapercibido. No fue para nada una casualidad: en la foto de familia entre los diputados de LLA y los represores, Alberto González se ubicó último. Atrás de todo, y sólo se le asoma parte de su cabellera gris y de su chaleco marrón. González, como ya contó este medio, es el histórico mentor de la actual vicepresidenta.

    Fue quien la formó desde principios del milenio, quien le dio la idea de crear una organización que buscara defender a las “otras víctimas” (que luego Villarruel transformó en el Celtyv) y quien, según confirmaron tres fuentes -entre ella Cecilia Pando, otrora compañera de ruta de la vicepresidenta-, escribió los libros que luego Victoria Villarruel firmó como propios.

    González comparte prisión con Astiz desde el 2003, cuando se reabrieron los juicios por lesa humanidad. Pasaron juntos por la base naval de Zárate, por Marcos Paz y ahora en Ezeiza. Antes estuvieron juntos en la ESMA: Astiz era uno de los cerebros de la inteligencia y González comandaba “el sótano”, el lugar más terrible del centro, donde ocurrían las torturas.

    El mentor de Villarruel tiene dos condenas a perpetua por crímenes de lesa humanidad y también fue el primer represor en ser condenado por violación, en el 2021, por el caso de Silvia Labayrú y de otras dos mujeres.

     

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    Alfredo Astiz | Foto:Cedoc

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  • Los Muertos Vivos tuitean: el grupo de lobby por la libertad de genocidas que maneja Astiz

    Los Muertos Vivos tuitean: el grupo de lobby por la libertad de genocidas que maneja Astiz

    Para entender Argentina hoy es necesario saber que Los Muertos Vivos están entre nosotros. No los de la noche de George Romero que, víctimas de la industria de Defensa de Estados Unidos, se levantan de la muerte convertidos en atrocidades. Tampoco los primeros, aquellos ejércitos de mano de obra esclava por magia vudú, pero quizás sí más cercanos a los contemporáneos, los caníbales que, con una infección, se lanzan contra sus vecinos con velocidad e impunidad tenebrosas.

    En un país que conmemora 50 años del último golpe cívico-eclesiástico-militar y en la misma semana en la que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por los vuelos de la muerte que partían de Campo de Mayo, Alfredo Astiz tuitea en su celda. Su cuenta, Los Muertos Vivos, nos recuerda la obtusa lectura de los militares sobre el arte. Probablemente el Ángel de la Muerte desconozca las implicancias anticapitalistas del género de zombies. Pero es vital comprender que Argentina hoy convive, democráticamente, con un discurso hegemónico que hace apología de la dictadura y defensa de las personas que concularon el Estado de derecho.

    El lobby por la libertad de los presos en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo sostiene que los genocidas son víctimas. Y no tuitean a la nada. De hecho, hay paralelismos interesantes: mientras que la cuenta tiene actualmente 1.241 seguidores, en el país hay 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad. Astiz, con energética defensa al supuesto derecho de los ancianos represores de la última dictadura a recibir un indulto, tiene más lectores que cómplices condenados.

    Los Muertos Vivos 20260324

    “Con juicios amañados y condenas sin pruebas, soldados soportan en silencio el peso de haber cumplido con su deber”, argumentó este mes Los Muertos Vivos en su cuenta de X, desde donde constantemente exponen su misión y presionan al Gobierno para que profundice en su cruzada contra los espacios de la Memoria, los organismos de Derechos Humanos, el cuestionamiento a la cifra de los desaparecidos y el discurso ambiguo sobre qué pasó desde 1976 hasta 1983. Presionan para que estas contradicciones internas y opacidades se conviertan en inequívocas medidas de apoyo.

    Al tiempo que la Casa Rosada en manos Javier Milei, año tras año, publica un video oficial provocador —a los que el negacionismo les queda chico, porque son abiertamente apologistas— la figura principal de esta causa, Victoria Villarruel (quien solía visitarlos en prisión; es fundadora del CELTYV; según Cecilia Pando, publicó un libro de Alberto González, su “mentor”, bajo su firma; y en el debate vicepresidencial contra Agustín Rossi hasta definió como una “víctima del terrorismo” a Juan Daniel Amelong, que acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad) quedó en el ostracismo del Gobierno libertario. Los Muertos Vivos reciben guiños cómplices, pero no suficientes indultos. Quieren más y lo quieren ya: tienen todo, menos tiempo.

    La cuenta de Los Muertos Vivos en X fue abierta en julio de 2024, el mismo mes en que una comitiva de cinco diputados nacionales de La Libertad Avanza organizada por el entrerriano Beltrán Benedit visitó la Unidad 31 de la cárcel de Ezeiza, innegable señal de apoyo que intentaron presentar como una “visita humanitaria” y que algunos incluso argumentaron haber sido “engañados” por no tener conocimiento del objeto de la visita. En palabras textuales de la ex LLA Lourdes Arrieta: “Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época”.

    La visita de los diputados de LLA a los genocidas en Ezeiza 20260323 La visita de los diputados de LLA a los genocidas en Ezeiza, previo al traslado a Campo de Mayo

    Esta línea desaprensiva del oficialismo, que es la que sostiene Victoria Villarruel desde mucho antes de ser la titular del Senado, no suele obtener el visto bueno de Javier Milei, quien incluso reprobó la visita de sus legisladores a los genocidas: “No lo hubiera hecho”, opinó días después en Neura. Y por eso Los Muertos Vivos no apoyan al presidente. Aunque han compartido una promoción del programa Línea Roja del streaming oficialista Carajo, durante mucho tiempo tuvieron fijada una publicación que interrogaba a Milei por su “agenda”, recriminando que “un país con dos mil presos políticos” no sea una de sus prioridades.

    “El terrorismo nos atacó en los 70 y en AMIA. Nuestras FFAA y FFSS cumplieron la misión que hoy le permite a usted, Sr. Presidente, presidir un país libre. No olvide a sus soldados que, junto a sus familias, siguen soportando la venganza de quienes atacaron y perdieron esa guerra”, dice la publicación actualmente fijada en la cuenta de Astiz. Al insistir con el argumento de que el terrorismo no provino del Estado, sino de la “subversión”, en el marco de un “enfrentamiento armado”, la “familia militar” cuenta sus “víctimas” y las enarbola como “héroes de la Patria”, al mezclar la represión con la guerra de Malvinas y hasta el atentado de 1994.

    Es inevitable entonces apuntar al caballito de batalla de la represión en los gobiernos posdictadura: Patricia Bullrich, actual senadora oficialista y exministra de Seguridad que, con inmoral secretismo, instrumentó el traslado de los represores de Ezeiza a la cárcel VIP de Campo de Mayo hace apenas diez meses. Hay 61 represores condenados en la Unidad Penitenciaria N°34, donde hombres como Alfredo Astiz, Christian Federico von Wernich, Carlos Suárez Mason (h), Julio César Argüello y Mario “El Cura” Marcote gozan de actividades deportivas de élite y de esparcimiento: tenis, teatro, asados.

    Los genocidas gozan y tuitean conceptos como el de “memoria completa”, articulan un arquetipo de “uniformado probo, hoy anciano indefenso” (sic), hacen demagogia por los muertos en atentados de las organizaciones guerrilleras (que ya languidecían para finales de diciembre de 1975), presumen del aún vigente amparo de la Iglesia Católica argentina e incluso enarbolan la causa por los héroes y las víctimas de la Guerra de Malvinas, todos recursos recurrentes que aparecen en su cuenta de X. Paradójicamente, echan mano de las garantías que no ofrecieron a sus víctimas, preocupados por los derechos procesales, constitucionales y humanos que les niegan.

    Tuiteando y retuiteando aparecen en la digitalidad preocupados porque, a pesar de ser mayores de 70 años, no acceden a la prisión domiciliaria y mueren en celdas de lujo. Pero el motivo de la negativa en la Justicia debería ser simple: están condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, según la ONU y la CIDH. Sin embargo, los números también los favorecen: de los 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad, entre absoluciones, sobreseimientos, falta de mérito y muertes, actualmente hay solo 504 detenidos. Y más del 84% cumple su pena en prisión domiciliaria.

    Los restantes están en Campo de Mayo (61) y 18 permanecen privados de su libertad en diferentes establecimientos carcelarios. PERFIL se contactó hace semanas con Los Muertos Vivos, pero hasta la publicación de esta nota no respondieron a la invitación de una entrevista. De todas formas, la colega Ivy Cángaro ya develó cómo viven. En una publicación de Data Clave de 2024, la periodista confirmó que la cuenta es manejada por el propio Alfredo Astiz, el Ángel de la Muerte de la ex ESMA. Explicó, asimismo, que “tienen habitaciones individuales con calefacción y aire acondicionado, gimnasio, enfermería y hasta sala odontológica, biblioteca, salones de esparcimiento, televisores y una heladera cada dos reclusos (…), además tienen acceso a computadoras conectadas a internet”.

    Los Muertos Vivos 20260324

    Este marzo de 2026, a 50 años del golpe, un grupo liderado por el mismo hombre que infiltró a Madres de Plaza de Mayo en 1977, condenó a la Iglesia Santa Cruz a un vuelo de la muerte, ejecutó de un tiro a Tenório Jr., fue prisionero de guerra en Malvinas y luego destituido por Menem de la Armada, hoy hace lobby, con 74 años, oculto detrás de pantallas, presionando e intimidando a políticos y periodistas. Al mismo Milei, antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, le exigió “coherencia”. “Si defendemos la libertad, empecemos por reconocer a quienes la protegieron con su vida hace 50 años. ¡Basta de juicios de venganza!”, exhortó Astiz.

    Respecto a la prensa, luego de una serie de notas publicadas en Página/12, Los Muertos Vivos se dirigió a la periodista especializada en Derechos Humanos Luciana Bertoia para enviar un extraño y siniestro mensaje: “Estaremos gustosos de recibirla y compartir una conversación productiva y desapasionada sobre los acontecimientos que usted regularmente publica. La esperamos en nuestro horario de visitas”. “Si ellos quieren dar información que no tenemos sobre las víctimas, perfecto”, respondió Bertoia al aire de Radio con vos.

    Los genocidas privados de su libertad también tienen duras críticas hacia las conducciones actuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y, con gran cinismo, los asesinos de estudiantes, obreros y sindicalistas comparan: “En cualquier gremio, cuando despiden a un trabajador, se organiza de inmediato una huelga, una movilización. El resto de los gremios acompaña en solidaridad y no se detienen hasta que se resuelve el conflicto. En cambio, cuando se detiene ilegalmente a militares, policías o penitenciarios que en su momento cumplieron con su deber —enfrentar al terrorismo que azotó a nuestro país— nadie se moviliza”.

    Según un documento presentado por la querella en la causa del Primer Cuerpo de Ejército, hay 350 represores que todavía no fueron identificados o indagados en causas por el terrorismo de Estado, tras ser señalados o escasamente identificados en los juicios. Mientras, la Justicia argentina ofrece las mismas señales incongruentes que el Gobierno. Por una parte, Casación Penal acaba de confirmar la condena por los vuelos de la muerte que partían de Campo de Mayo y la Justicia Federal, junto al EAAF, identificó los restos de 12 desaparecidos en La Perla. Por otra parte, la misma Justicia Federal autorizó al expolicía Fernando Martín Rocha, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, a asistir al casamiento de su hija, hace apenas unos días.

    La responsabilidad civil de la dictadura y de su impunidad: el rol de empresarios, medios y la Iglesia

    En las últimas publicaciones de Los Muertos Vivos (de marcado antikirchnerismo y particular ensañamiento contra la expresidenta Cristina Kirchner, especialmente desde que permanece presa con domiciliaria) se palpita un gran entusiasmo por la desclasificación de 26 documentos de la dictadura de la SIDE porque haría volar “a la mierda el relato” de los desaparecidos. También se menciona que los genocidas, enmarcados en el Plan Cóndor, “nos salvaron de ser Cuba, Venezuela o Irán”

    Este lunes 23 de marzo, la cuenta de Los Muertos Vivos retuiteó a un usuario que cruzó al periodista Ari Lijalad porque, citando el libro El Dictador, señaló que Videla admitió la existencia de listas de desaparecidos. “Fueron menos de 10 mil. Todos (SIN EXCEPCIÓN) eran vulgares delincuentes y terroristas socialistas afortunadamente limpiados para el bien de la sociedad. Lloralo fuerte, eternamente”, dice la respuesta.

    Más allá del negacionismo, la simple mentira y la lectura apologista que insiste en la supresión de una “amenaza comunista”, queda expuesto un discurso violento, confrontativo y desbordado que se alinea con el estilo del presidente y su base militante. Al estar analizando publicaciones de Twitter, está claro que no se percibe la complejidad total del fenómeno, pero “la calle online” para los trolls oficialistas es el escenario principal donde se debaten las ideas. Y el libreto se compone del vocabulario de los genocidas.

    Un reportaje de hace apenas cuatro años al presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra Contra el Terrorismo (AVGCT) Carlos Enrique Alsina permite acceder a un argumento todavía no extinto en algún “sentido común”. Según su interpretación, los desaparecidos no eran “pobres jóvenes idealistas”, sino personas de clase media que buscaban “subvertir valores y modos de vida, hecho que provocó que esa misma sociedad luchara contra ellos, apoyando a gobiernos civiles y militares, colaborando con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin cuyo aporte hubiese resultado difícil derrotarlos militarmente”.

    El concepto que se intenta resaltar desde los movimientos que impulsan los valores de Memoria, Verdad y Justicia al nombrar a la dictadura como un entramado “cívico-eclesiástico-militar” es justamente este: sin esa “misma sociedad” que “luchó contra ellos” (en palabras de Alsina) la dictadura no se hubiera extendido durante ocho años, considerando además su fracaso económico, los muertos en Malvinas y un terrorismo de Estado que incluyó persecución de intelectuales, secuestro, tortura, violación, homicidio, robos millonarios, apropiación de bebés, quemas de libros y 30.400 desaparecidos.

    Jorge Rafael Videla lo explicitó en una entrevista que brindó en el mismo Campo de Mayo desde el que hoy se tuitea: “Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo económico, un cambio bastante radical. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.

    “La equiparación entre los términos acción psicológica y comunicación social coincidió con la ampliación de la figura del enemigo, que según las FFAA se encontraba ‘mezclado’ entre la población”, explica Julia Risler en La acción psicológica. Así, desde la SIDE a la propaganda oficial y los medios de comunicación trasladaron la idea de “conflicto permanente” de la Guerra Fría al interior de las fronteras argentinas: el enemigo ya se había infiltrado y era responsabilidad de la sociedad entera depurarlo. De ahí el gran “algo habrán hecho”, la síntesis de la naturalización de la violencia en las calles, escuelas, fábricas.

    ¿Cómo se representó aquel actor “cívico” en la dictadura?, ¿cómo se emprendió aquel “disciplinamiento” por fuera de los 814 centros clandestinos de detención? Con el enorme despliegue del aparato ideológico de la junta militar y el inequívoco aporte del empresariado argentino. José Alfredo Martínez de Hoz, primer ministro de economía de la dictadura, era presidente de Acindar y del Consejo Empresario Argentino. Su programa de acceso al crédito para el endeudamiento tuvo como fin destruir al aparato productivo nacional, una adelantadísima aplicación del neoliberalismo.

    Personajes oscuros del poder económico argentino, como Carlos Pedro Blaquier, murieron impunes, pero sus ecos todavía resuenan. El productor y referente del sector agropecuario argentino Juan Martín Perkins, oriundo de Pehuajó, publicó una carta titulada ¿Por qué visito a los presos políticos? en la que describió a los genocidas en Campo de Mayo como “de una raza superior en medio de la mediocridad cobarde de la gentuza que los arrumbó en ese rincón, creyendo que con ellos confinan a los demonios propios… y a la vergüenza por la negrura de espíritu vengativo que les carcome su alma terrorista”.

    Entre otros documentos que se encuentran fácilmente en la cuenta de Los Muertos Vivos (porque los recopilaron prolijamente en un Drive cuyo link exhiben en su biografía de Twitter), hay una carpeta con videos. Entre montajes con música dramática sobre la muerte de Videla y editoriales de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, hay una entrevista realizada recientemente por una radio de San Isidro al monseñor Santiago Olivera, obispo castrense (designado por el Papa Francisco) y de las Fuerzas Federales de Seguridad en la que retoma la idea de “memoria completa”, lamenta las prisiones preventivas a represores y apunta: “No eran jóvenes idealistas… tantos asesinatos, tanto secuestro, tanto odio lo demuestra. La verdad nos hace libres”.

    En Campo de Mayo está preso Christian Federico Von Wernich, excapellán de la Marina argentina, primer sacerdote católico condenado como colaborador de la dictadura militar y personaje oscuro de la historia que aún no fue expulsado de la Iglesia por la Conferencia Episcopal Argentina. Se le imputó 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Fue confesor del general Ramón Camps y fue acusado por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel de brindar “apoyo espiritual” a los militares que participaban de los vuelos de la muerte.

    Por último, es menester mencionar cada 24 de marzo el apoyo de periodistas de renombre y medios hegemónicos a la dictadura. Mariano Grondona, Silvia Fernández Barrio, Bernardo Neustadt, Chiche Gelblung y Joaquín Morales Solá fueron algunos de ellos. Las complicidades son infinitas: Von Wernich presenció las torturas a Jacobo Timerman y todavía publica cartas de lectores en el diario La Nación. Tras la visita de los diputados de La Libertad Avanza, pidió en el mencionado medio un “mundo de hermanos”, “sin grietas y sin guerras ideológicas”, y pidió dar “vuelta la página ya escrita de la violencia y confrontación del pasado”.

    Mientras Javier Milei insiste en pelear contra un fantasma que ya no recorre Europa, sino los pasillos de su mente, los paralelismos con la dictadura no son gratos durante un Gobierno democrático, pero sí resuenan en la persecución ideológica y en el desguace de la industria. El precio de la democracia es una vigilancia incansable hacia los poderes concentrados internos, las Fuerzas Armadas que en el siglo pasado concretaron seis golpes de Estado y los esfuerzos intervencionistas de Estados Unidos, además de un compromiso incansable e intergeneracional con los 30.400 compañeros detenidos-desaparecidos.

  • Crece el fantasma de un indulto para los genocidas

    Crece el fantasma de un indulto para los genocidas

    La versión sobre una amnistía para militares condenados por delitos de lesa humanidad es recurrente en las previas del 24M. Al menos desde la llegada de Milei a la primera magistratura. Está asentada en una realidad: el pedido de un perdón presidencial es un reclamo constante de muchas organizaciones autodenominadas de “memoria completa”, que vienen insistiendo sobre el tema, de forma más o menos velada, desde hace más de veinte años. Ese reclamo está cimentado sobre una narrativa que, tras una búsqueda de “pacificación nacional”, quiere cerrar el proceso de justicia sobre la etapa más negra de la historia reciente argentina. En los últimos días los rumores se intensificaron y dos fuentes de Casa Rosada revelaron a PERFIL que se analizaron los aspectos legales de indultar a genocidas. Incluso dicen que hay un borrador redactado para un decreto de indulto y que el tema está a consideración de las autoridades de Balcarce 50.

    De acuerdo a los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en los procesos por crímenes de lesa hay 539 personas privadas de su libertad, pero casi el 85 por ciento (454) se encuentran en arresto domiciliario. En ese universo operaría el perdón presidencial.

    Desde 2006, cuando se reabrió el proceso de justicia, diversas organizaciones de “memoria completa” aparecieron en escena y empezaron a operar en política y a obtener repercusión mediática. La vicepresidenta Victoria Villarruel es el mejor exponente de esos grupos: dirigió durante muchos años el CELTYV, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y desde allí aglomeró las demandas que la derecha procesista arrastraba desde hacía dos décadas sin éxito.

    “Si bien este gobierno es capaz de hacer cualquier ilegalidad y barrabasada constitucional, de ocurrir inmediatamente haríamos los planteo ante cada tribunal y la Corte Suprema para que esos indultos sean declarados nulos e inconstitucionales, o ambas cosas. La jurisprudencia de la Corte argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es coincidente en señalar que deben removerse todos los obstáculos que impidan el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad incluyendo amnistías e indultos”, afirmó a PERFIL el abogado Pablo Llonto, que encabeza varias querellas de víctimas en juicios de lesa.

    Hay un pedido concreto de indultos que entró por la mesa de entradas de Casa Rosada de manos de “Pañuelos Negros”, una agrupación de familiares de militares que, con ese nombre, buscan apropiarse del símbolo más representativo de la lucha por los derechos humanos: los pañuelos de Abuelas y Madres. Lo dirige Asunción Benedit, viuda de un militar que participó del Operativo Independencia y hermana de Beltrán Benedit, el diputado libertario que organizó, en 2024, una visita a represores en la cárcel de Ezeiza.

    En el petitorio, “Pañuelos Negros” le reclama a Milei que promueva un proyecto de ley para perdonar las condenas a partir de dos artículos de la Constitución: el 75, inciso 20, que habla de “conceder amnistías generales”; y el 99, inciso 5, que especifica que el Presidente “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal”. Ese petitorio se entregó también en el Ministerio de Defensa. “No sólo hay que pedir por la libertad de los militares, hay que reivindicar lo que hicieron”, declaró Asunción Benedit en una entrevista.

    Las murmuraciones sobre posibles indultos están presentes, cada año, desde que Milei ocupa el sillón de Rivadavia. En 2024, poco antes del 24M, negó que estuviera en sus planes liberar a represores. “Es una gran mentira”, dijo en esa oportunidad. También por esos días, en su primera entrevista desde que había asumido, Villarruel insólitamente se desmarcó. “No me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. La solución no es el indulto ni la amnistía: es jurídica”, dijo en TN.

    Una hipótesis de por qué hoy el gobierno llevaría adelante una medida de tan alto impacto es que Milei quiere acercarse a la gran familia de las fuerzas armadas y de seguridad que, como otros sectores de la administración pública, vienen pasándola mal con los magros sueldos que perciben. Como no hay plata, buscaría congraciarse de esa forma.

    Hay varios impedimentos legales contra los indultos. En primer lugar, la Constitución, que incorporó tratados internacionales de derechos humanos que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. La Corte Suprema lo confirmó en 2010, al declarar inconstitucionales los indultos del menemismo. La ley 27.156, sancionada en 2015, prohíbe el indulto, la amnistía y la conmutación de penas para delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y declara nulo cualquier acto del Ejecutivo que viole esta prohibición.

  • Los diputados que casi no hablaron en 2025: 17 no dijeron una palabra y varios no llegaron ni a 100

    Los diputados que casi no hablaron en 2025: 17 no dijeron una palabra y varios no llegaron ni a 100

    Aunque 2025 fue un año de fuerte movimiento en la Cámara de Diputados, no todos los legisladores dejaron huella en el recinto. Entre febrero y diciembre se pronunciaron 1.149.895 palabras, en uno de los períodos ordinarios más activos para un año electoral desde 2017. Pero detrás de ese volumen alto de actividad apareció también la otra cara del Congreso: la de los diputados que casi no hablaron o directamente no hablaron nunca.

    El informe anual elaborado a partir de las versiones taquigráficas de la Cámara baja para el Índice de Calidad Legislativa expuso ese contraste con nitidez. Mientras en el recinto hubo debates largos, sesiones especiales, reuniones informativas e incluso la interpelación al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos por el caso $LIBRA, un grupo numeroso de diputados cerró el año con una participación oral inexistente.

    El dato más llamativo lo aportó el fondo de la tabla. Hubo 17 diputados que terminaron 2025 sin pronunciar una sola palabra en el recinto, ni siquiera para aclarar el sentido de su voto. Y a ese lote se sumó otro universo igual de elocuente: legisladores que apenas dijeron una, dos, tres o algunas decenas de palabras en todo un año legislativo. En los hechos, una presencia casi muda.

    Los diputados que no dijeron nada

    El grupo más extremo quedó integrado por 17 diputados que cerraron 2025 en cero. Entre ellos hubo ocho representantes de La Libertad Avanza: Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

    A ese lote se sumaron ocho diputados de Unión por la Patria: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. También apareció Nancy Ballejos, del PRO.

    Dentro de ese grupo hubo dos casos que sobresalieron todavía más. Uno fue el de Rocío Bonacci, que completó su segundo año como diputada sin hablar una sola vez en el recinto. El otro, todavía más contundente, fue el de Julio Pereyra, que concluyó su mandato sin haber pronunciado una palabra en sus cuatro años de banca.

    Accidente Roció Bonacci 27082025 Rocío Bonacci

    El dato impactó más porque no ocurrió en un año de parálisis legislativa. Por el contrario, la Cámara tuvo una actividad intensa, con una decena de sesiones especiales, reuniones informativas y extraordinarias en febrero y diciembre. Es decir: no faltaron oportunidades para intervenir. Lo que hubo, en estos casos, fue silencio.

    Los que hablaron menos de 100 palabras

    Debajo de los 17 diputados que quedaron en cero apareció otro pelotón que, aunque técnicamente no terminó sin registros, tuvo una participación igual de marginal. Son los legisladores que no llegaron ni a 100 palabras en todo el año. En términos políticos, casi una ausencia oral.

    En el borde de ese grupo quedó Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos, con 104 palabras. Apenas por encima de la barrera simbólica de las cien. Más abajo figuraron María Sotolano, del PRO, con 62; Daniel Vancsik, de Innovación Federal, con 25; Yamila Ruiz, también de Innovación Federal, con 24; y Jorge Ávila, de Encuentro Federal, con 22.

    Con 13 palabras aparecieron Ricardo Daives, de Unión por la Patria, y Elia Marina Fernández, de Independencia. En el caso de la tucumana, ese número respondió a su jura del 3 de diciembre, cuando dijo: “Por la provincia de Tucumán y mi querida ciudad de Aguilares, ¡sí, juro!”.

    También quedaron en ese lote Gabriel Chumpitaz, de Futuro y Libertad, con 11 palabras; Ignacio García Aresca, de Encuentro Federal, con 10; y con 9 palabras Marcela Antola, Emilio Monzó y Juan Carlos Polini. Más abajo, con 8, figuraron Gabriela Besana y Sofía Brambilla.

    Con apenas 7 palabras quedaron Jorge Antonio Romero y Aníbal Tortoriello. Con 6, Romina Diez y Estela Mary Neder. Con 4, Luis Basterra, Gerardo Gustavo González, Luciano Laspina, María Luisa Montoto y Florencio Randazzo. Con 3, Belén Avico, Beltrán Benedit, Alejandro Bongiovanni, María Florencia De Sensi, Carlos García, Roxana Monzón, María de los Ángeles Moreno, Nilda Moyano, José Carlos Núñez, Verónica Razzini, César Treffinger y Natalia Zabala Chacur.

    Todavía más abajo, Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri dijeron solo dos palabras. Y en el último escalón de quienes sí registraron alguna intervención quedaron Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza, todos con apenas una palabra en todo 2025.

    Hablar para votar, no para debatir

    Una parte de esos registros mínimos no respondió siquiera a discursos formales, sino a intervenciones obligadas para informar el sentido del voto cuando el sistema electrónico no los había computado. Es decir, hubo diputados que no hablaron en ningún debate, pero no quedaron en cero solo porque en algún momento debieron decir “afirmativo”, “negativo” o una fórmula parecida.

    Ese detalle explica por qué otros 43 legisladores no dieron ningún discurso durante el año y, aun así, no figuraron con el casillero vacío. Simplemente quedaron anotados con una o algunas palabras por esa mecánica de votación.

    La diferencia, entonces, es técnica pero no política. En un caso, el diputado no dijo absolutamente nada. En el otro, apenas abrió la boca para dejar asentado cómo votaba. En ambos, la conclusión de fondo es similar: una participación oral prácticamente nula en el recinto.

    El contraste con un año de alta actividad

    La contracara de ese silencio fue un 2025 de mucha exposición parlamentaria. El relevamiento contabilizó 1.149.895 palabras pronunciadas entre febrero y diciembre, en un año en el que la Cámara tuvo una actividad inusualmente alta para tratarse de un calendario electoral.

    Martín Menem volvió a encabezar el ranking general con 84.977 palabras, favorecido por su rol como presidente de la Cámara, desde donde interviene de manera permanente para conducir el debate y conceder el uso de la palabra. Detrás quedaron Germán Martínez, con 33.991, y Christian Castillo, con 33.932.

    Martín Menem Martín Menem

    También sobresalieron Nicolás Massot, Silvana Giudici, Juan Manuel López, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz. Otra vez, la izquierda mostró una presencia oral muy alta en comparación con otros bloques, con varios de sus integrantes entre los puestos principales.

    Ese contraste terminó por hacer todavía más visible a los silenciosos. Porque mientras algunos diputados acumularon miles de palabras, otros atravesaron todo el año sin intervenir o con participaciones tan escasas que apenas alcanzaron para una jura, una aclaración de voto o una frase suelta.

    El conteo no mide por sí solo la calidad del trabajo legislativo. Hablar mucho en el recinto no implica necesariamente ser mejor diputado, del mismo modo que una baja exposición oral no alcanza para definir toda una tarea parlamentaria. La actividad en comisiones, la negociación política, la presentación de proyectos o el trabajo territorial también forman parte de la función.

    Pero el dato no deja de ser significativo. El recinto es el escenario central de la representación política, el lugar donde los legisladores fijan posiciones, defienden proyectos, responden críticas y dejan asentada su voz ante debates que impactan sobre millones de personas. Por eso, terminar un año entero sin hablar, o hacerlo con menos de 100 palabras, no pasa inadvertido.

    JD / EM