La causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) añadió un nuevo capítulo. Según informó el programa “QR!“, emitido por Canal E, el juez federal a cargo ordenó 35 indagatorias que se iniciarán el 28 de abril y se prolongarán hasta fines de mayo.
“Se fueron 75 mil millones de pesos en estas contrataciones”, afirmó la periodista Irina Hauser en diálogo con el conductor Pablo Caruso, al precisar el volumen de dinero bajo sospecha.
Indagatorias y foco en las contrataciones
La pesquisa se centra en un esquema de adquisiciones de insumos médicos —como prótesis, implantes y equipamiento quirúrgico— que, según la hipótesis, habrían sido adjudicadas con sobreprecios y direccionamiento.
Entre los citados a declarar están exfuncionarios y empresarios, entre ellos Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS; Daniel Garbellini, del área de acceso a la salud; y Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador clave en la intermediación de contratos.
Según explicó Hauser, las indagatorias forman parte de una etapa centrada en cómo se efectuaron esas contrataciones, muchas de las cuales se habrían hecho sin procesos transparentes. “No hubo concursos de precios como corresponde”, sostuvo.
Sospechas de sobreprecios y maniobras irregulares
Según la investigación, una porción significativa de los fondos podría haberse desviado mediante sobreprecios. Además, se investigan posibles contrataciones direccionadas, en las que determinadas empresas habrían resultado beneficiadas de manera sistemática.
“Es un esquema donde se pagó todo, pero con precios inflados y mecanismos poco claros”, explicó la periodista.
El expediente también incluye una línea de investigación por un posible lavado de dinero, que involucra a empresarios vinculados al sector aeronáutico y a otros actores sospechados de participar en el circuito financiero.
Las indagatorias se desarrollarán a lo largo de un mes y podrían aportar nueva información conforme avance el proceso. “Va a ser un mes con novedades constantes”, anticipó Hauser.
El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar la declaración indagatoria de Diego Spagnuolo en una causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La resolución, adoptada en los tribunales de Comodoro Py, se basa en la convicción de un grado de sospecha suficiente sobre un esquema que habría manipulado contrataciones públicas en beneficio de empresas privadas y en perjuicio del Estado, con la intervención de funcionarios y actores del sector sanitario.
La medida se formalizó en abril de 2026, en el marco de la causa donde el magistrado consideró que existe el grado de sospecha necesario para avanzar en el proceso penal. Según el documento judicial, se trata de una estructura que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con el objetivo de direccionar contrataciones públicas en beneficio de empresas privadas y en perjuicio del Estado.
El foco de la causa está puesto en el funcionamiento del Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, que brinda cobertura a personas con discapacidad sin otra asistencia sanitaria. De acuerdo con la resolución, ese sistema habría sido utilizado como plataforma para montar un circuito de adjudicaciones irregulares de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia.
En ese marco, el juez ordenó que Diego Spagnuolo vuelva a declarar el 28 de abril de 2026, y citó además a otros protagonistas clave, como Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. Las audiencias se prolongarán hasta fines de mayo e involucran a más de 30 imputados, entre funcionarios y empresarios.
La investigación describe una presunta organización delictiva que habría manipulado procesos de contratación pública mediante un mecanismo de simulación de competencia entre oferentes. El expediente indica que se invitaba a un grupo reducido de empresas, algunas de las cuales cumplían un rol meramente formal para dar apariencia de legalidad, mientras que las adjudicaciones ya estaban previamente definidas.
Uno de los puntos más sensibles es el uso del sistema informático SIIPFIS, implementado en junio de 2024, que habría sido utilizado de manera direccionada para favorecer a determinadas firmas. Según la resolución, este mecanismo permitió canalizar compulsas de precios que terminaban beneficiando a proveedores vinculados con los propios integrantes de la maniobra.
El documento judicial también detalla el volumen económico involucrado. Solo en el rubro de medicamentos, se habrían generado órdenes de compra por más de 30 mil millones de pesos, con una concentración significativa en pocas empresas.
Dentro de la estructura investigada, el rol de Miguel Ángel Calvete aparece como central. Aunque no era funcionario, habría actuado como articulador entre el sector privado y los funcionarios de la ANDIS, coordinando adjudicaciones, gestionando pagos y distribuyendo beneficios económicos. El expediente indica que percibía retornos que oscilaban entre el 12 y el 20 por ciento de los montos adjudicados.
En paralelo, se menciona que parte de esos fondos se habría canalizado mediante facturación simulada entre empresas o a través de transferencias y movimientos de dinero en efectivo. Incluso se registran operaciones vinculadas a firmas como Baires Fly S.A., utilizadas para justificar pagos bajo conceptos que no se corresponderían con servicios reales.
El juez también puso el foco en el rol de los funcionarios públicos, en particular, Daniel María Garbellini, responsable del área de acceso a servicios de salud, habría tenido intervención directa en la selección de proveedores y en la ejecución del esquema. Según la resolución, su posición le permitió operar en la asignación de contratos y en la firma de órdenes de pago.
La causa también describe la existencia de pagos indebidos y entrega de dádivas. Entre los hechos mencionados, se señala que Miguel Ángel Calvete habría entregado dinero en efectivo a Diego Spagnuolo, además de saldar gastos personales, como parte de los retornos vinculados a las contrataciones direccionadas.
Además, se señala la presunta participación de múltiples empresas del sector de insumos médicos, que habrían actuado de manera coordinada.
En línea con lo publicado porClarín, la ampliación de la indagatoria a Diego Spagnuolo marca un punto de inflexión en la causa, ya que busca profundizar su responsabilidad en la estructura investigada y esclarecer su rol como máxima autoridad del organismo durante el período bajo análisis.
Mientras avanzan las citaciones, la Justicia también ordenó la inhibición general de bienes sobre los imputados y varias empresas, en un intento por preservar activos ante eventuales responsabilidades penales y económicas.
Nacido en el partido bonaerense de Mercedes, Mahíques se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cursó una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, con sede en Roma.
Es hijo del juez Carlos Mahiques. Fue docente en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina (UCA), espacios donde consolidó parte de su perfil académico.
El fiscal porteño que desembarca en el Ministerio de Justicia
Lo interesante comienza aquí. Mahiques es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, distrito fundacional del macrismo que Karina Milei busca disputar con el PRO. Además, preside la Asociación Internacional de Fiscales (AIF). Su vínculo con Mauricio Macri data de la presidencia del exmandatario, cuando representó al Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Desde su entorno sostienen que “está distanciado” del expresidente. No obstante, entre 2020 y 2024 desempeñó la subdirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo que respalda la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISP) del Gobierno porteño. La cercanía con el universo Macri resulta evidente.
Su arribo a la cartera de Justicia de la administración libertaria fue impulsado por “Lule” Menem y Martín Menem, con la intervención además de Santiago Viola, hijo de la histórica operadora radical Claudia Balbín, hombre de confianza de Karina Milei en temas jurídicos y apoderado nacional de La Libertad Avanza (LLA).
Karina Milei y Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza que acaba de ser designado como secretario de Justicia
El recorrido profesional de Viola muestra claros contrastes. Fue abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez en causas por lavado de dinero. Al mismo tiempo, afrontó una investigación por un presunto intento de introducir testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello en la causa Báez; luego fue sobreseído.
Ese episodio lo ubicó, según distintas lecturas, en el terreno de los “operadores” o entre los abogados acostumbrados a litigios de alta tensión política.
También representó aNorma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, en un proceso vinculado a maniobras de apropiación de bienes de desaparecidos de la ex ESMA. Esa actuación generó reparos por parte de organismos de Derechos Humanos.
A pesar de ese trayecto sinuoso, Viola confirmó que asumirá como subsecretario de Justicia, desplazando a Sebastián Amerio.
En ese escenario, el sector cercano a Santiago Caputo interpreta la designación de Juan Bautista Mahiques y la de Viola como una derrota frente a la hermana del Presidente.
El asesor estrella —y monotributista— de Javier Milei concentraba influencia en el área judicial con Cúneo Libarona al frente del Ministerio y, sobre todo, a través de su secretario, Sebastián Amerio, quien ejercía el control efectivo de ese espacio estratégico. Allí impactan causas sensibles como Andis y $Libra, que inquietan y preocupan al Gobierno.
AFA, el Chiqui Tapia y el entramado que rodea a Juan Bautista Mahiques
La figura de Mahiques excede el Ministerio Público porteño. También ocupa la vicepresidencia de la Universidad de la AFA (UnAFA), una “gambeta” de Claudio “Chiqui” Tapia que pasó desapercibida pero administra fondos millonarios. En su presentación institucional se la define como “una institución universitaria creada para formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en todo el mundo”.
Autoridades de la Universidad de la AFA. Juan Bautista Mahiques es el vicerector
Según su web oficial, el objetivo es “que el Fútbol Argentino siga siendo un claro ejemplo de éxito, no solo por los títulos conseguidos mediante el proyecto de Selecciones Nacionales, sino por la enseñanza de sus profesionales para todo los que quieran instruirse y capacitarse”. Una definición de alcance amplio.
Paralelamente, se conoció que su padre, el juez Carlos Mahiques, celebró su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA y mano derecha de “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino.
Pero el vínculo de Juan Bautista Mahiques con el entorno de “Chiqui” Tapia no termina allí. Los Menem, que respaldaron su arribo al Ministerio de Justicia, buscan que el sucesor de Cúneo Libarona funcione como pieza de negociación con Daniel “el Tano” Angelici, empresario del juego y operador judicial con fuerte influencia en el gabinete de Jorge Macri.
Esa jugada responde a una necesidad política de Karina Milei, que pretende en el Ministerio una figura con peso suficiente para contener el avance de las causas Andis y $Libra.
La dinámica interna del mundo libertario generó una paradoja. Fue precisamente en el marco de la causa Andis que Javier Milei decidió confrontar con “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, propietario del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Diego Spagnuolo.
Un dato complica aún más el tablero: los abogados de Toviggino en la causa por lavado de dinero habrían sido “acercados” por el propio Juan Bautista Mahiques, quien ahora asume como ministro de Justicia de Javier Milei y podría quedar enfrentado al mejor amigo de Tapia. O no. Quién sabe.
Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, la dupla dueña del fútbol argentino
Surge así otro interrogante: habrá que ver cómo se articulará la relación entre Mahiques, cercano a Toviggino —investigado por lavado de dinero—, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ernesto Gaspari, hombre de Santiago Caputo y responsable de investigar casos como el que afecta, precisamente, al tesorero de la AFA.
Conspiraciones, símbolos y el poder en disputa dentro del Ministerio de Justicia
Santiago Caputo convenció al Presidente de que, en septiembre pasado, intentaron desestabilizar al Gobierno cuando “mancharon” a Karina Milei con el caso de las presuntas coimas en la Andis. El famoso 3%.
Sobre esa hipótesis, Javier Milei profundizó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al señalar a “un sector de la política” que hizo “todo lo posible para derrocar a este Gobierno” y al hacer un gesto hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. Hay una realidad: esa narrativa conspirativa funciona en el mundo libertario como marco para justificar ingresos y salidas de funcionarios según las disputas internas.
Martin Menem y Lule Menem: la relación Tapia y Toviggino ¿alcanza también a los riojanos?
No obstante, al Presidente no le agrada nombrar cargos con perfiles políticos como el de Mahiques. Milei suele preferir figuras “simbólicas”. Entre sus opciones para Justicia figuraban Diego Luciani, el fiscal de la causa que desembocó en la detención de Cristina Kirchner, o la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Alberto Nisman, a quien, justamente, mencionó en el Congreso este domingo.
Sin embargo, la presión de los Menem y la conveniencia estratégica de Karina Milei terminaron inclinando la balanza hacia Mahiques, aun con sus vínculos con la AFA. Y aquí surge otra duda: la relación con Tapia y Toviggino, ¿llega también a los riojanos?
No sorprende que, en las conversaciones sobre la sucesión de Cúneo Libarona, haya surgido el nombre de Tech Security, la empresa de Adrián Menem —hermano de Martín— que posee el contrato para custodiar, casualmente, el predio de la AFA en Ezeiza.
Así, la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia traza un escenario donde la épica conspirativa convive con acuerdos en voz baja y donde la ofensiva contra la AFA coexiste con la persistencia de vínculos que no se terminan de cortar.
