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  • SIRA: la Justicia habría detectado el pago de coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa

    SIRA: la Justicia habría detectado el pago de coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa

    En octubre de 2022, el Gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, anunció un nuevo mecanismo de autorización para habilitar importaciones y, en consecuencia, acceso al dólar oficial. Las “SIRA”, decían, buscaban evitar “avivadas” por parte de ciertas empresas que buscan hacer negocio con la brecha cambiaria de 100% entre el dólar oficial “barato” al que traían los productos y los dólares alternativos.

    Pero la medida que buscaba generar más transparencia se fue cubriendo de sospechas. Ahora una causa judicial en el juzgado de Ariel Lijo, con Franco Picardi como fiscal, podría dar un giro. Según difundió este miércoles el diario La Nación, en el caso, que ya lleva varios meses, pero tiene secreto de sumario hasta este jueves, se identificaron al menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar. La investigación imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central.

    Fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal habría detectado a los empresarios que habrían aceptado pagar los porcentajes y los montos de las operaciones, que superan los US$ 3,5 millones. Son coimas para realizar importaciones concretas (no simuladas).

    El fiscal, tras pedir informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y solicitar que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas, realizó casi 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de Supervisión, según publica La Nación.

    Los otros imputados son dueños de casas de cambio: Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

    Inicialmente, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$ 6 millones. De ahí se derivó la investigación de las SIRA.

  • Michel y Bahl reclaman al Gobierno por posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel entrerriano

    Michel y Bahl reclaman al Gobierno por posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel entrerriano

    Los legisladores piden una reunión urgente con Cancillería ante el impacto que podría tener el acuerdo Mercosur-UE en el sector.

    Los legisladores nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron una reunión urgente con el canciller Pablo Quirno para analizar las posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel argentino, en especial el producido en Entre Ríos, ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial con el Mercosur.

    Ambos dirigentes del peronismo formalizaron el pedido de audiencia con carácter prioritario para abordar la situación del sector en el contexto del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzará a regir el próximo 1 de mayo. La inquietud central radica en cómo podrían impactar las regulaciones europeas sobre la producción local.

    En la presentación, advirtieron sobre el peso estratégico del biodiésel en las economías regionales. “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos”, señalaron.

    biodiesel

    El biodiésel en el centro del debate por barreras comerciales.

    El biodiésel en el centro del debate por barreras comerciales.

    Depositphotos

    Críticas a los criterios ambientales europeos

    Los legisladores también cuestionaron los estándares regulatorios que aplica la Unión Europea, en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y al cambio indirecto del uso del suelo (ILUC). Según indicaron, estas exigencias podrían perjudicar la competitividad del biodiésel argentino en ese mercado.

    “Advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea -en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)- que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”, expresaron.

    Barreras paraarancelarias y reclamo provincial

    En ese sentido, sostuvieron que estas medidas funcionan como barreras indirectas al comercio. “Estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”, afirmaron.

    Finalmente, remarcaron la importancia del tema tanto a nivel provincial como nacional. Según indicaron, la situación “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”, por lo que insistieron en la necesidad de una respuesta rápida del Gobierno.

  • Opinión
															
							El fuego mileista enciende a la oposición
														Hoy 07:00
																						
										Javier Calvo

    Opinión El fuego mileista enciende a la oposición Hoy 07:00 Javier Calvo

    “Si sale mal, nos volvemos a casa, no pasa nada”. Como al pasar, en la entrevista que hace diez días le concedió a la TV Pública, Javier Milei retomó al menos por un instante aquella vieja idea que tenía sobre evitar aferrarse al poder a toda costa. Era parte del marketing contra la casta. Cuántos recuerdos.

    En medio de las crecientes dificultades económicas en gran parte de la población –sobre todo en las principales áreas urbanas– y de la atrofia política en la que está inmerso el Gobierno por el reverdecer de sus internas y las irregularidades patrimoniales del todavía jefe de Gabinete, que el Presidente haya vuelto sobre esa tesis puede ofrecer múltiples lecturas.

    ¿Lo piensa realmente? Es posible. Salvo que se contradice con todos los pasos que viene dando, en especial desde el triunfo electoral de octubre, en relación con la necesidad de conseguir la reelección el año próximo para “no tirar a la basura lo logrado y el esfuerzo realizado”, como reza la biblia libertaria.

    También es cierto que aquella frase presidencial inicial puede formar parte de una calculada Operación Empatía ante los padecimientos sociales, en materia de pérdidas de empleos y de poder adquisitivo de los ingresos. En esa misma charla amigable, Milei admitió que hay gente que la está pasando mal y pidió paciencia.

    Fuentes oficiales reconocen que en la cúspide del Poder Ejecutivo, los hermanos Milei, hay preocupación por la caída en la valoración que la sociedad tiene del Gobierno, según los estudios de opinión pública que se miran en algunos despachos. A seis meses de la victoria en las legislativas, tras un verano con luz verde en el Congreso y sin que medie ningún test electoral hasta 2027, esos mismos voceros tratan de aportar algo de paz.

    Resulta difícil, conceden. La obcecación de la hermandad presidencial en sostener a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete choca contra la incomodidad mayúscula del elenco ministerial y otros funcionarios de peso. Para peor, las novedades negativas sobre sus viajes, ingresos y patrimonio se suceden.

    El blindaje karinista sobre Adorni, que lo impulsa a forzar diariamente reuniones y visitas sin acceso a la prensa, empieza a saberse incompleto. En los últimos días, desde el mileísmo, se filtró que el aún funcionario estaba fuera de la carrera electoral porteña. “Sufre las campañas”, fue el tierno argumento paraoficial. Bajo la misma explicación del padecimiento y un supuesto escrache mediático se escudaría la inexorable “renuncia” del jefe de Gabinete.

    Con menos afecto, dirigentes violetas de CABA pidieron mediciones sobre otras figuras posibles en el distrito para tratar de ganarle la Jefatura de Gobierno a Jorge Macri. Descuella Patricia Bullrich. ¿Karina la “premiará” con esa candidatura o la utilizará para desplazarla de las ambiciones nacionales? De ese porvenir porteño se habló en una cumbre reservada el viernes último, en la sede capitalina de LLA. La lideraron la hermanísima, su alfil distrital Pilar Ramírez y Bullrich. A Adorni se olvidaron de invitarlo. Está afuera, insisten. La senadora, que atravesó un problema de salud en vías de resolución, por el momento hace silencio sobre el futuro pero es de las únicas oficialistas que se animó a esbozar alguna crítica a Adorni. Cayó mal en el karinismo.

    Que el horno no está para bollos lo sabe bien Santiago Caputo. El asesor procura resistir la ofensiva del karinismo, sin el éxito al que aspira, aunque pone en juego su presunta capacidad de daño. Vale todo.

    Por caso, hace trascender que la acelerada actividad judicial sobre Adorni (en cuyo “comité de crisis” intervino fugazmente para la destemplada conferencia de prensa) puede ser un pase de facturas del juez Ariel Lijo por el arribo de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia. Una decisión de Karina, asesorada por los primos Menem. Lo habitual.

    Esta semana se suscitó un nuevo foco de tensión. Al ensordecedor silencio de la jauría digital del asesor sobre el caso Adorni se sumó el desplazamiento de Agustín Romo, del caputismo, al frente de uno de los bloques libertarios en la Legislatura bonaerense, donde busca tallar Sebastián Pareja, hombre fuerte de Karina en el distrito.

    El conflicto escaló por un fortísimo cruce en redes entre la diputada karinista Lilia Lemoine (respaldada por Milei) y el influencer caputista Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan. La descomposición libertaria alcanza órbitas inimaginables. Y lo que falta.

    Rosca opositora. Hablando de imaginación, en medio de este convulsionado escenario oficialista, la oposición empezó a moverse. Detrás de un sueño que luce algo precoz: encarnar el posmileísmo 2027.

    El peronismo encara ese despertar con los mismos vicios recientes. Sin acuerdos básicos, plan ni estrategia. Es cierto, queda lejos el calendario electoral para apurar cuestiones de fondo, pero algunas movidas brillan por inoportunas o por la tentación de repetir lo que ya fracasó, como es juntarse solo para vencer al rival.

    Tras recibir a Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex- PRO, Axel Kicillof encaró su primer viaje como buscador de “presidenciabilidad”, a una cumbre progresista en España. Tal vez le cueste menos instalarse allá (pese a la mala imagen que sigue teniendo en el empresariado español por la salida de Repsol de YPF) que acá, donde es hostigado permanentemente por La Cámpora.

    Miguel Pichetto, después de ver a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio-prisión, consolida sus encuentros de rosca, con Guillermo Moreno como uno de sus tertulianos. ¿Seguirán insistiendo con abrirle la puerta a ese protoespacio a Victoria Villarruel?

    Más globos de ensayo. El sanjuanino Sergio Uñac dice que recibió la bendición de CFK para lanzarse. Pero lo mismo dicen desde el grupo que buscan armar los exalbertistas Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y el ¿ex? massista Guillermo Michel. ¿Sergio Massa se reactivó?

    Más interrogantes. ¿Mauricio Macri reapareció para frenar el hundimiento del submarino amarillo o porque huele la sangre de la oportunidad? ¿El banquero y expresidente de River, Jorge Brito, entró en la danza de nombres contra su voluntad? ¿Y se anima el showman evangélico Dante Gebel, que monta una foto en Madrid con sus impulsores argentinos?

    Lejos de la estratósfera y embarrados de sus territorios, los intendentes del peronismo y de otras fuerzas también hicieron su aporte esta semana a la confrontación con el Gobierno. Liderados por Fernando Espinoza, a cargo de La Matanza, el municipio más populoso del país, numerosos jefes comunales agrupados en la FAM marcharon al Ministerio de Economía para alertar sobre la crisis social. Atención con la movilización del Conurbano. Si el oficialismo no logra avanzar con una reforma electoral que cancele las PASO o las vuelva a suspender, en menos de catorce meses hay que inscribir los frentes electorales para las presidenciales. Ni hablar de los anticipos de los comicios provinciales, incluidos el porteño y el bonaerense.

    Más que un calendario, hay quienes ya prefieren activar un cronómetro. La política tiene sus propios tiempos.

  • Ley Hojarasca: desregular, pero no tanto

    Ley Hojarasca: desregular, pero no tanto

    La Banca 73 del Senado tomó el control del proyecto de Ley Hojarasca, que envió el Ejecutivo para entretener al Congreso y cumplir con la consigna de blindar la propiedad privada en la Argentina, como si peligrase.

    El gobierno agotó su libido legislativa en el período de sesiones extraordinarias. Logró hacer aprobar una minuta de proyectos que le había pedido el círculo rojo como prenda para prolongar su apoyo: reforma laboral, glaciares, ley de tierras y reforma del código penal.

    La Banca 73 del Senado es un invento del bloque de la UCR para sumar a las 72 que integran la cámara una oficina de asesoría que han confiado al exsenador Víctor Zimmermann. Le han puesto oficina donde tiene a su cargo una docena de asesores que aportan los integrantes de la bancada.

    Zimmermann agotó su mandato en diciembre pasado y ejerció una tarea central en la negociación de los proyectos de los dos primeros años del actual gobierno. Experto en semáforos, era escuchado por el oficialismo y la oposición amigable. Por su cedazo pasaron iniciativas que lograron ser sancionadas como expresión de acuerdos que se le deben a su tarea.

    Esta semana encabezó reuniones en el think tank para elaborar el semáforo de la llamada “ley hojarasca” que la cámara espera dictaminar antes de fin de mes. Ese proyecto ómnibus cumple el objetivo del oficialismo que es desbaratar la arquitectura del Estado, aboliendo regulaciones y normas con el argumento de que detrás de cada regulación hay un negocio.

    Los adversarios del cerebro de esa iniciativa, Federico Sturzenegger, entienden que, por el contrario, detrás de cada desregulación también hay un negocio. El fruto de la tarea de la Banca 73 identifica con luz verde lo que los aliados pueden admitir sin discusión. Señalan con luz roja las que no van a dejar pasar y con luces amarillas, aquellas que se pueden discutir.

    La oposición amigable prende el semáforo

    El semáforo impone condiciones para aprobar dos de las leyes de la “hojarasca” que serán reescritas. Una es la ley de tierras. El proyecto oficial desregula la inhibición para que extranjeros compren tierras en zonas de frontera.

    La propuesta de la oposición amigable es ponerle restricciones a la desregulación. Una es que estén prohibidas esas compras de tierras por parte de estados extranjeros. También que se impongan límites a las actividades que realizarán quienes las compren y se condicione la venta a programas de productividad de esas tierras.

    En ese menú de cambios, también sectores de las fuerzas armadas quieren que de esas ventas se reserven ciertas zonas libres de injerencia extranjera, porque forman parte del sistema defensivo de fronteras del país en un caso de conflicto.

    La otra ley que se condicionará es la reforma de la ley de villas, sancionada bajo el gobierno de Mauricio Macri con la letra del papa Bergoglio y de Juan Grabois, y presentada por el trío Negri-Carrió-Massot que conducía el interbloque de Juntos por el Cambio. Esa ley fue sancionada casi por unanimidad, y en el proyecto se le trasladan funciones y responsabilidad a municipios y provincias.

    Temen más judicialización

    La limitación que proponen es que deben agregarse el origen de los fondos para cumplir con las obras complementarias de urbanización de los barrios populares.

    En la sanción original de la ley de villas se creó un fondo alimentado por tributos de asignación específica para pagar las expropiaciones de tierras, que se entregarían a los ocupantes en más de 6 mil “barrios populares”. Este fondo ha sido abolido por el actual gobierno, que se comprometió a que esos dineros provendrían del Tesoro Nacional.

    La tarea del Senado sobre el proyecto “hojarasca” no se limita al semáforo de las bancadas amigables del gobierno. También el oficialismo más rígido admite que el proyecto no puede pasar tal como vino, y que tanto la ley de tierras como la de villas deberán tener cambios sustanciales para tener aprobación.

    Uno de los expositores en la sesión del plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto, advirtió que deben hacerse correcciones al proyecto para evitar la judicialización.

    El abogado Diego Armesto prevé que la derogación del Renabap – registro de villas, que es la matriz del proyecto –puede tener alguna cuestión con el artículo 14 bis de la Constitución y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aparecer como una regresividad ilegal.

    Patricia y Francos, outsiders del outsider

    Patricia Bullrich tramitará esos cambios. En su rol de comisaria política de Olivos en el Congreso, envió a uno de sus asesores a la reunión de la Banca 73 y tomó nota de los argumentos de la decena de asesores de la UCR sobre los cambios que es oportuno hacer.

    La senadora ejerce una coordinación de los senadores de su bloque, pero su larga experiencia le facilita el diálogo con los opositores. Con rodos los bloque alguna tuvo algún negocio (político). Maneja el bloque del oficialismo con la misma función que cumple para la Libertad Avanza en Diputados Silvana Giudici, ex-UCR y ex-PRO.

    Tiene juego propio y negocia más allá del supuesto mandato de Olivos. Por ejemplo, ha prometido a la bancada del peronismo de la cámara alta que atenderá los reclamos de que les reconozcan una mayor representación en las comisiones. Esta función de Bullrich levanta miradas torvas en Casa de Gobierno. Filtran información sobre ella como la predilecta del círculo rojo, aun por encima del apoyo que el mundo de los negocios le presta a Milei.

    En la reunión de AmCham se escucharon comentarios sobre la efusividad de los saludos de los empresarios hacia ella, que pudieron molestar a los “loyalists” de Milei.

    La temperatura que levantan estos gestos cuentapropistas —algo inexorable en un partido de cuentapropistas como la Libertad Avanza— es como la que levantó la aparición de Guillermo Francos pontificando sobre la virtud ajena. Sus comentarios sobre la suerte de Manuel Adorni se juntaron con algún sondeo que lo puso arriba de Milei y que hizo enojar al vértice del poder.

    Gobierno afónico o público sordo

    Estas palabras resbalan a quien aqueja una situación por la que han pasado otros gobiernos, que es la intrascendencia de lo que dicen. Nunca es importante lo que dice un político, y menos un presidente. Pero esto cambia en el caso de Milei: en su aparición de esta semana en AmCham, el presidente denunció nada menos que un golpe de Estado.

    Javier Milei en AmCham Argentina Summit 2026. Foto: Federico López Claro

    Se quejó “del ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de estado”. O es un presidente afónico, o le falla el oído al público que dejó pasar esto con la misma indiferencia que cuando Milei dijo “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada”. Dijo lo que nunca debe decir un presidente: que se va a ir, despidiéndose casi dos años antes de que termine su mandato.

    Es cierto que Milei es el primero que no pondera el valor de sus palabras. Al punto de que cuando insulta avisa: “Pero como yo soy Milei – se ufana – y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, etc.”

    De paso, quien le escribe los discursos debería hacer un curso de historia sagrada. Cuando dijo que no cambiará su política económica le atribuyó al personaje de la Odisea (siglo VIII a. C.) profesar la doctrina judeocristiana (que se remite a algunos siglos más tarde): “no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos y vamos a atarnos al palo del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de sirena”.

    Ese plumífero que le escribe debería darle una mirada al canto XII de la epopeya homérica. En realidad, Odiseo se hace atar al palo del barco al llegar a la isla de las sirenas, pero no tapa sus oídos con cera, como ordenó que hicieran sus marineros. Quería escuchar los cantos de sirena, pero no abalanzarse sobre ellas. Privó a sus marineros de esa música, pero él se hizo atar para escucharlos.

    Macri abre el paraguas

    Este jubileo de los cuentapropistas del gobierno alimenta armados alternativos para 2027. Mauricio Macri ha dicho a quien quiera escucharlo que apoya el rumbo del gobierno pero que no cree que el gobierno de Milei mejore en el tiempo.

    El ex presidente Mauricio Macri

    Más bien cree que el PRO debe competir el año que viene con agenda propia. Niega que sea candidato, pero hace cosas de candidato. Festeja, además, el humor social que le celebra apariciones como la del miércoles por la tarde en el café Tabac para conversar amablemente, durante una hora, con el expresidente Ramón Puerta.

    Fue interrumpido por parroquianos de esa comarca tan cercana al PRO —fuerza que nació en esa confitería— que los saludaban con sonrisas. Con prudencia, se cuida de decir lo que piensa y nunca admitirá el reproche de no haber ayudado a Milei a terminar su mandato en paz. Miguel Pichetto, su excompañero de fórmula habló peronísticamente en un corro con economistas del peronismo y vaticinó crudamente: “Podemos ser gobierno en 2027, esto va a terminar mal”.

    Frigerio también en el casting centrista

    El sector de los gobernadores que crearon el año pasado la liga Provincias Unidas buscan montar algo que represente la opción de centro, y que se aparte de Milei y de Cristina. En ese armado imaginario existe el proyecto de llamar a otros gobernadores del peronismo y de otros partidos, que alimenten una tercera candidatura.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Foto: Federico López Claro

    También quieren acercar a Macri a esta alternativa. En algún momento se lo han propuesto Maxi Pullaro, Martín Llaryora y Nacho Torres. Por ahora el nombre que está en la mesa es el de Rogelio Frigerio, que fue ministro de Macri y hoy es gobernador de Entre Ríos. Es un hombre del PRO que tiene predicamento en el peronismo de las provincias, porque dedicó toda su carrera profesional a asesorar a gobernadores de ese partido.

    Fue quien llevó las relaciones con los gobernadores para Macri, y armó una agenda exitosa que fructificó en los distritos, que pudieron alcanzar el equilibrio fiscal y permitió que los gobernadores, en su mayoría, pudieran reelegir. Ese arco de mandatarios provinciales es el que hace ganar o perder a un candidato.

    Si se hubiera movilizado en 2023, hubiera hecho ganar al peronismo. Pero no movieron un dedo para respaldar a Sergio Massa – ungido por el peronismo del AMBA – y lo hicieron presidente a Milei. El nombre de Frigerio ha estado en boca de Macri en alguna charla de mesa chica.

    Uñac: interna PJ en cuotas

    En el peronismo, además de la mesa que agita Pichetto junto a Guillermo Moreno y Sergio Massa, hay otra que se nuclea en torno al senador y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. El miércoles por la noche, parlamentó con tres colegas de la cámara alta, que pueden ser una cuerda fuerte para la unidad del peronismo que no reporta a la provincia de Buenos Aires.

    Cenó en el Palladio Hotel de la avenida Callao —el mismo que sirvió de búnker de campaña para Patricia Bullrich en 2023— con Juan Manzur y los santiagueños Gerardo Zamora y José Neder. Con ese grupo prepara un alzamiento del peronismo del interior que se complementa con el armado de legisladores del ala federal y el presidente del consejo del PJ de CABA, Juan Manuel Olmos.

    Para este dirigente, hoy presidente de la Auditoría General de la Nación, el interior termina en la avenida General Paz, porque propone un esquema que reúna dirigentes de todas las provincias para confrontar con el peronismo bonaerense, pero que incluya a la CABA. De ese armado forman parte, entre otros, Victoria Tolosa Paz —bonaerense pero desprendida del cristinismo—, Guillermo Michel, que orbita en la constelación de Sergio Massa, Kelly Olmos, Pipi Alí, Guillermo Snopek y otros.

    Sergio Uñac en el Senado de la Nación. Foto: Juano Tesone

    La idea de esta tribu es ir a una interna del PJ Nacional, haya o no después primarias PASO. Esa movilización, según Uñac le expuso junto a su estratega Juan José Álvarez, al mendocino Rodolfo Gabrielli y al salteño Juan Manuel Urtubey, sería por regiones y con un cronograma que imagine una caravana de elecciones de candidato presidencial del peronismo entre noviembre y marzo.

    En el borrador habría una interna abierta a afiliados y a no afiliados, para elegir un candidato presidencial del peronismo que después vaya como postulante a una PASO, y que incluya a otros integrantes de un eventual frente opositor a la fuerza de Milei, o a lo que quede de eso.

    Imaginan que la región NEA haga la interna el 10 de noviembre, el NOA el 10 de diciembre, pausa en enero y que siga la región Centro el 10 de febrero y el Sur el 10 de marzo. La interna sería abierta también para los candidatos, que pueden ser afiliados o no al peronismo.

  • Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate

    Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate

    La oposición en la Cámara de Diputados intenta activar una agenda propia enfocada en la situación económica y pone el foco en el problema del sobreendeudamiento familiar. Este miércoles comenzó a debatirse una batería de proyectos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), donde se acumulan al menos 18 iniciativas vinculadas al crédito, la morosidad y la protección de los consumidores.

    Según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4.818.440 personas con deudas impagas por más de tres meses, un aumento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998.

    El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda
    El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda

    “Nos va a servir para continuar con el debate de un tema que ahora es necesario retomar porque la situación se va tornando acuciante”, dijo Yasky al introducir a los invitados a exponer en la Comisión.

    El canal oficial de la Cámara -Diputados TV- definió no transmitir la Comisión en vivo. En su lugar, pasó una programación repetida. “Se prioriza la reunión conjunta entre Relaciones Exteriores y Legislación Penal”, respondió a LA NACION uno de los responsables del canal, cercanos a Martín Menem. Ese plenario fue conducido por la oficialista Juliana Santillán.

    El informe económico también muestra un cambio en la composición del endeudamiento. Disminuye la proporción de personas que deben únicamente a bancos (577.809) y crece con fuerza el número de quienes acumulan deudas con entidades no financieras y también con prestamistas no financieros (2,2 millones). El informe atribuye esta situación a un agotamiento del crédito formal: ante la mayor morosidad, los bancos restringen préstamos y los consumidores migran hacia formas alternativas de financiamiento.

    Los datos evidencian además un impacto particularmente fuerte en los jóvenes. Entre las personas de 15 a 24 años, cerca del 33% del crédito está en situación de mora, lo que equivale a que uno de cada tres pesos adeudados por ese grupo etario se encuentra impago.

    La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA
    La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA

    La agenda parlamentaria se activa luego de que el Indec informara que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi el mismo nivel que el proyectado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo el año en el presupuesto. El incremento interanual llegó al 32,6%.

    El dato generó incluso una reacción poco habitual del presidente Javier Milei, quien reconoció ayer en redes sociales y en su discurso en Amcham que “el dato es malo” aunque sostuvo que existen factores que permitirían retomar la desaceleración inflacionaria.

    La agenda legislativa

    Frente a ese escenario, la Comisión comenzó a ordenar una agenda que abarca distintos enfoques para abordar el problema del endeudamiento.

    Un primer grupo de proyectos apunta a fortalecer las reglas del crédito responsable. Entre ellos figura una iniciativa de la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) que propone establecer un marco federal para el otorgamiento de préstamos y fijar un límite máximo de endeudamiento equivalente al 35% de los ingresos netos del solicitante. Otros proyectos impulsan evaluaciones más estrictas de solvencia por parte de las entidades antes de conceder financiamiento, con especial foco en sectores considerados más vulnerables, como jóvenes y adultos mayores.

    Otra línea de trabajo se centra en los costos financieros asociados a tarjetas de crédito y medios de pago. Algunas propuestas, una de Fabiola Aubone (UP) y otra que agrupa a los peronistas Kelly Olmos, Guillermo Michel, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, buscan establecer topes a las comisiones que pagan los comercios por las operaciones con tarjeta y limitar la tasa de interés que pueden cobrar las entidades emisoras.

    Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz
    Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa PazHernán Zenteno

    “Las tasas no pueden tener que ver con tasas de mercado sino que tienen que estar fijadas en relación a los ingresos y al costo de vida”, señaló la socióloga Lucía Cavallero como especialista invitada a la Comisión.

    También aparece una iniciativa del diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) orientada a mejorar la transparencia de los resúmenes de cuenta, para que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de cada cargo.

    Germán Martínez, jefe de bloque de UP
    Germán Martínez, jefe de bloque de UP

    La batería legislativa incluye además proyectos destinados a aliviar la situación de quienes ya se encuentran sobreendeudados. Entre las alternativas se analizan programas de refinanciación obligatoria, esquemas de reestructuración de pasivos y la prohibición de ciertas prácticas que agravan el peso de la deuda, como la capitalización automática de intereses. Algunas iniciativas incluso plantean condonaciones parciales de punitorios o regímenes especiales de reorganización judicial para consumidores insolventes.

    Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado alcanzó su máximo histórico en enero de 2026, con 6,4%. En noviembre de 2023 estaba en 2,7%. Es decir: hoy hay más del doble de préstamos con atrasos o problemas de pago que hace dos años.

    La protección frente a prácticas abusivas de cobranza también aparece en la agenda. Un proyecto de la fueguina Carolina Yutrovic (UP), diputada mandato cumplido, propone regular las gestiones extrajudiciales para evitar situaciones de hostigamiento, como llamadas reiteradas, contactos con terceros o comunicaciones en horarios inapropiados.

    “Los bancos venden las deudas a los estudios que se dedican a las cobranzas y eso se hace de una forma muy irregular. Cuando la persona quiere pagar no sabe a quién le está pagando y cómo certificar que pagó y no tiene garantías de que la deuda en el banco desaparecerá”, dijo Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Público de la Ciudad. La morosidad está pasando del 7% al 22%, señaló Pozzali, que es doctor en economía. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras, cosa que ya sucedió en este país y no debería volver a pasar”, cerró.

    Finalmente, varios proyectos buscan actualizar la regulación frente al crecimiento del crédito digital, en particular los préstamos rápidos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas fintech. Las iniciativas apuntan a que estas operaciones queden registradas en la Central de Deudores del Banco Central y a reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios de pago, ante el riesgo de que el acceso inmediato al crédito favorezca un endeudamiento difícil de detectar.

    Scarano señaló que la morosidad en entidades financieras es del 11,2% mientras que aquella en entidades no financieras es del 29,9%.

    Desde el oficialismo, el diputado Marcos Patiño Brizuela (LLA) sostuvo que el debate debería abordarse de manera más integral. Recordó que el Código Civil incorporó la defensa del consumidor en 2015 y que desde 2019 hay en la Cámara un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que nunca se trató y que contempla, entre otros puntos, un proceso de saneamiento para deudas de consumo. A su entender, el Congreso debería “afinar el lápiz” para dar soluciones duraderas y no solo respuestas para los próximos meses.


  • Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares

    Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares

    Durante la reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor se expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se detalló que, a febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2% y morosidad en entidades no financieras el 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para préstamos personales bancarios) muy por encima de la inflación proyectada. En ese marco, se detalló que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un 45% más (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.

    Los expositores coincidieron en que los endeudamientos familiares se destinan a cubrir gastos corrientes, explicando que, con un IPC porteño de 209% entre noviembre del 2023 y marzo del 2026, los aumentos en necesidades cotidianas fueron muy superiores a la inflación promedio: 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte en el mismo período. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, definió a este proceso como “un tsunami en formación” en el que existe “imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas”.

    El diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la Comisión, anticipó que habrá una segunda reunión informativa ampliando la lista de participantes a otros bloques. “Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetizaron desde ese bloque para Ámbito. Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.

    Morosidad en tarjeta y préstamos CEPA

    Morosidad en hogares: la posición de los especialistas

    Uno de los primeros oradores de la jornada fue Arturo Pozzali, funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, quien remarcó que existe “un permanente aumento de reclamos”, dado que “empieza a crecer la morosidad, llegando casi al 22%”. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras”, vaticinó y, tras detallar un escenario de multiendeudamiento (deuda con tarjeta crédito en simultáneo al crédito personal y crédito hipotecario) planteó que “lo que les están complicando muchos a las familias es el concepto de mora automáticas“.

    En esa línea, Ariadna Ciammarriello, funcionaria de la Oficina Municipal del Consumidor en Rosario, subrayó que la principal problemática es que existe “falta de información total de las entidades al momento de vender un producto o de refinanciar”. Luego de describir las posibilidades de refinanciamiento que se le ofrecen a los consumidor -con plazos de 90 días de mora para solicitar un plan de pagos-, apuntó que existe un esquema de “endeudamiento circular”: “Licitan deuda para pagar deuda, en donde no están cancelando ni siquiera una deuda, sino una rotación de pasivos”.

    Otras de las expositoras fue la académica Alejandra Fernández Scarano, directora del CEPA y secretaria de Hacienda de Hurlingham, expresó que “no está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables”. “La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo”, definió.

    Salarios Registrados

    Morosidad familiar: qué proyectos existen

    En la Cámara de Diputados se registraron seis proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba). Su proyecto apunta a la creación de un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” que implica una “línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas “en condiciones menos desfavorables”. El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en “condiciones normales de mercado” dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.

    Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten “medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas”. En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos.

    Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.

    Guillermo Michel

    Michel, Pichetto y Massot, tres de los firmantes de un proyecto para desendeudamiento familiar.

    Michel, Pichetto y Massot, tres de los firmantes de un proyecto para desendeudamiento familiar.

    Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone “facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia” cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban “ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas”.

    Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos “pasibles de protección especial” y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

    Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.

  • Alerta contribuyentes: ARCA monitorea declaraciones juradas para aplicar multas que pueden ser millonarias

    Alerta contribuyentes: ARCA monitorea declaraciones juradas para aplicar multas que pueden ser millonarias

    Tras la aprobación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a monitorear con mayor firmeza e interés la presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas de impuestos por parte de los contribuyentes. Es que la norma estableció un fuerte incremento de las multas por demorar el trámite. En ese marco, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto en el Congreso para darle proporcionalidad a las penalidades.

    En el caso de un particular, con la Inocencia Fiscal las penalidades subieron de $200 a $220.000; en el caso de empresas, aumentaron de $400 a $440.000. Pero en otros extremos pueden llegar a $35 millones. Esos números muestran una inconsistencia: es que la multa por no presentar un documento a tiempo a ARCA no puede superar al impuesto determinado.

    En el mercado, algunos contadores aseguran que, con las nuevas reglas de juego, al fisco le convendría que los contribuyentes incumplan antes que presenten en término su documentación, porque recaudarían mucho más. Afirman que, más que un disuasivo para que los contadores presenten las declaraciones juradas a tiempo, constituyen un verdadero mazazo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

    Diego Fraga, abogado especializado en temas tributarios, señaló que antes de la ley las multas que estaban aplicando desde ARCA estaban totalmente desactualizadas. “En vez de actualizarlas, las pusieron repotenciadas”, explicó. El letrado considera que la penalidad no puede superar al impuesto determinado.

    “Esto los mata a los contadores. ARCA suele habilitar los aplicativos para presentar documentos días antes de los vencimientos. Ante la acumulación de trabajo, muchos contadores entonces presentaban las declaraciones juradas con demoras y preferían pagar las multas”, describió el profesional. Ese plazo “extra” de los asesores tributarios ya no se podrá emplear. “Si les aplican una de estas multas, van a tener problemas con sus clientes”, detalló Fraga.

    En rigor, los contadores consideran que el nuevo esquema de multas afectaría más a las pymes. Y creen que ese artículo de la ley responde a algún reclamo del personal de línea de ARCA: parte de sus haberes está relacionada con la recaudación.

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    En diálogo con Ámbito, el tributarista Julián Ruiz expuso un caso extremo: “Suponiendo una empresa que no haya presentado 12 declaraciones juradas de IVA por $5 millones, puede llegar a tener una multa más alta por falta de presentación formal que por defraudación”.

    Ruiz respalda el proyecto de ley presentado por el diputado Michel, que busca poner proporcionalidad entre penalidad e impuestos. La iniciativa del legislador de la oposición fue presentada hace un par de semanas en la Cámara baja. El tributarista sugiere agregar un artículo para hacer más proporcionales las penalidades.

    En rigor, el proyecto original de Michel plantea facultar a ARCA a hacer descuentos en las multas de hasta el 90% en el caso de micropymes y personas humanas que no califiquen como grandes contribuyentes. Para las pymes es de hasta el 70%; en las medianas del tramo 1, el 40%; y en las medianas tramo 2, el 20%.

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    Por su parte, Ruiz sugirió agregar un artículo al proyecto de Michel en el se establece que las multas no podrán exceder al impuesto determinado en un 25% para el caso de los primeros 90 días de incumplimiento. En los siguientes 120 días, el 50%; a los 180 días, el 75%; y de ahí en adelante, el 100%.

    El profesional señala que “la recaudación puede llegar a ser muy alta sin tener costo de fiscalización”. “Más grave aún es si una empresa tiene quebranto y tiene la obligación de presentar balance que es un régimen informativo. Para ese caso pusieron multas extremadamente gravosas”, explicó. El tributarista indicó que “las multas por régimen informativo pueden llegar a $35 millones” de manera que “la recaudación deja de estar en función de la capacidad contributiva de los contribuyentes y pasa a estar en la capacidad de sanción que tiene ARCA”.

    Cuál es el procedimiento para las multas

    Para fijar multa, ARCA tiene que enviar primero un “Recordatorio por falta de presentación”, esto es, ocurrido el vencimiento. El Sistema de Cuentas Tributarias (SCT) generará, de manera automática, un recordatorio, que será notificado al Domicilio Fiscal Electrónico. Este recordatorio no será de aplicación a los contribuyentes que, en función de la significación fiscal a nivel país y/o regional, se les haya asignado el Segmento 1.1.

    La intimación por falta de presentación de la declaración jurada determinativa se efectuará en forma diferenciada de acuerdo con el segmento asignado a cada contribuyente, teniendo en cuenta los plazos de espera correspondientes, contados desde la fecha de vencimiento de la obligación omitida.

    • Segmento 1.2: plazo de espera 20 días corridos
    • Segmento 2, 3 y 9: plazo de espera 30 días corridos
    • Segmento 4, 5, 6: plazo de espera 45 días corridos
    • Segmento 7.1 a 7.9: plazo de espera 60 días corridos
    • Segmento 8.1 a 8.4: plazo de espera 90 días corridos

    El sistema de control (SCT) registrará la multa correspondiente una vez vencido el plazo de espera.

  • CANAL E
															
							En QR, Guillermo Michel advirtió sobre el "ahogo financiero" de las provincias y criticó la política de importaciones
														Hoy 01:00

    CANAL E En QR, Guillermo Michel advirtió sobre el "ahogo financiero" de las provincias y criticó la política de importaciones Hoy 01:00

    En el programa “QR!”, emitido por Canal E, el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel advirtió sobre el impacto de la caída de la recaudación y el ahogo financiero de las provincias. Durante el intercambio con el conductor Pablo Caruso, el legislador señaló que esta retracción de ingresos, que ya lleva ocho meses consecutivos, se traduce de forma directa en un freno a la obra pública y la imposibilidad de abrir nuevas escuelas.

    Michel describió una situación crítica en su provincia, Entre Ríos, donde algunas comunas ya no pueden afrontar el pago de servicios básicos. Afirmó que el estancamiento de los ingresos públicos provocó un cierre de puertas institucional ante la dificultad para costear el mantenimiento de la luz y otras prestaciones esenciales. Este escenario reflejó, para el referente de la oposición, la gravedad de un ajuste que ya golpeó la base operativa de los gobiernos locales y municipales.

    Guillermo Michel en QR
    Para Guillermo Michel, el programa de Gobierno es regresivo para las provincias

    En materia económica, el diputado marcó que el país enfrenta un crecimiento constante de la inflación junto a cinco meses de caída en el poder adquisitivo de los trabajadores. Definió el programa actual como un esquema ortodoxo que buscó contener la inflación mediante una fuerte restricción de la demanda, apoyada en tarifazos e impuestazos. Para Michel, el problema no es solo técnico, sino una decisión política que trasladó el costo de la estabilización al consumo cotidiano de los sectores medios y bajos.

    Respecto a la supuesta “cosecha récord”, el diputado desmintió que los números de producción se traduzcan automáticamente en un alivio de divisas. Explicó que el atraso del tipo de cambio, sumado al alza de insumos como el gasoil (que en Entre Ríos llegó a los 2275 pesos) y los fertilizantes, desincentivó la liquidación masiva por parte de los productores. Bajo estas condiciones, aseguró que el sector agropecuario solo venderá lo “justo y necesario”, lo que obligará al Gobierno a insistir con beneficios fiscales temporales.

    Finalmente, criticó la implementación de esquemas como el “dólar soja” por considerarlos regresivos y concentradores. Estimó que el Estado regalará cerca de 2 mil millones de dólares en beneficios fiscales a solo siete empresas, mientras se recortan fondos para áreas sensibles como salud, discapacidad y educación. Para el legislador, este desvío de recursos confirmó una visión económica que priorizó la rentabilidad de grupos concentrados por sobre las necesidades básicas de la población.

    Crisis de largo aliento

    Michel reclamó la necesidad de una industria nacional fuerte con salarios que recuperen su capacidad de compra. Propuso un programa de sustitución de importaciones en lugar de una apertura indiscriminada que actualmente permite el ingreso de alimentos y maquinaria agrícola usada. Para el diputado, resulta un “absurdo” importar bienes que el país puede producir de manera eficiente, destruyendo el tejido productivo y el empleo calificado en el proceso.

    El legislador también denunció el desmantelamiento sistemático de los organismos públicos, citando el caso alarmante del INTA. Relató que se intentó instalar en los empleados públicos la idea de que su labor no sirve para nada, afectando la moral y la eficiencia de las instituciones encargadas del desarrollo tecnológico y productivo. Este proceso de degradación estatal generó, según Michel, un daño institucional profundo que llevará mucho más tiempo del esperado para ser revertido.

    De cara al futuro, el diputado admitió que será muy difícil imaginar el rumbo del país en el próximo año y medio sin un cambio significativo en las políticas económicas. Sostuvo que para revertir el actual proceso será necesario un programa inteligente que recupere la soberanía productiva y el mercado interno. Concluyó que la reconstrucción del Estado será una tarea de largo aliento tras el desmantelamiento que sufrieron las oficinas de fomento y control en los últimos meses.

    TC/ML

  • La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

    La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

    Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile (Reuters/Joel Estay/Archivo)

    El juez federal Hernán Viri ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de una presentación civil contra el gobierno uruguayo y la multinacional HIF. La demanda se sustentó en un factor formal y otro material. Señaló que el país vecino no cumplió con la normativa del río Uruguay, un recurso compartido. Y apuntó contra el eventual daño ambiental que provocaría la planta que se instalaría al norte de Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos.

    La acción judicial fue promovida por legisladores nacionales justicialistas. Se trata de los diputados Guillermo Michel y Laura Marclay y el senador Adán Bahl.

    La decisión de Viri se conoció este viernes. Casi en paralelo, el intendente de Paysandú había filtrado la posibilidad de que HIF reubique la planta.

    Ese es el reclamo principal de las autoridades entrerrianas. Coinciden en ese punto el intendente de Colón, José Luis Walser, y el gobernador Rogelio Frigerio. El argumento que ponen sobre la mesa es que la localización original está frente al principal balneario de la ciudad, que vive del turismo.

    En la demanda civil que promovieron los legisladores del PJ figura también que, con el desarrollo de esta planta, el país vecino violó el Tratado del río Uruguay. El curso de agua es un recurso compartido. Por lo tanto, el acuerdo fijó que cualquier acción de un Estado que lo afecte debe ser comunicado antes al otro. Este paso no se habría registrado. De ser así, Uruguay también estaría violando el fallo de la Corte de La Haya en el “caso Botnia”.

    El órgano judicial internacional había sentenciado que el Estado oriental violó el Tratado cuando autorizó la instalación de la pastera en Fray Bentos sin la comunicación previa a la Argentina.

    Qué medidas ordenó la Justicia

    Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

    El magistrado requirió una serie de informes a las autoridades de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU). Este organismo binacional se encarga de hacer cumplir el acuerdo sobre el recurso compartido.

    También solicitó información, vía exhorto, a organismos estatales de Montevideo. Entre ellos, el Ministerio de Ambiente, el de Educación y el Banco Central.

    Por otro lado, dispuso que se contrate a un perito biólogo de oficio. Su tarea será expedirse sobre los puntos de pericia que sugirieron los denunciantes en el escrito de inicio.

    A la CARU, Viri le pidió que informe si las autoridades uruguayas le comunicaron el proyecto de planta y si la empresa le presentó el estudio de impacto ambiental.

    Los pedidos a Montevideo abarcan la fecha de presentación y la solicitud de autorización ambiental previa de HIF y también el estudio ambiental previo. Además, el magistrado requirió información sobre la realización de audiencias públicas en el proceso de evaluación del impacto de la planta.

    Por otro lado, el juez federal solicitó al Registro Nacional de Comercio datos de la empresa. Entre ellos: dirección legal, legajo societario y composición tanto de HIF Global como de sus subsidiarias. En ese orden, pidió al Banco Central de Uruguay que notifique quienes son los beneficiarios finales de la firma.

    “Es fundamental para la defensa de las costas”

    Adán Bahl y Guillermo Michel

    A través de un posteo en su cuenta de X, el diputado Michel remarcó: “La Justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que la normativa que surge de la Ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso”.

    “Entendemos que la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos”, remató.

  • Revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay: ordenan pruebas por una posible violación de tratados

    Revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay: ordenan pruebas por una posible violación de tratados

    En lo que representa un golpe para los planes uruguayos de avanzar con la construcción de una planta de hidrógeno verde para producir metanol frente a las costas de Entre Ríos, la justicia federal de la provincia argentina hizo lugar a la demanda de un grupo de legisladores de la oposición, que pedían medidas de prueba a nivel preventivo.

    La presentación ante la justicia argentina fue realizada por los diputados peronistas Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Humberto Bahl. El grupo demandó al Estado uruguayo y a una empresa privada (HIF Uruguay) para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos).

    Los tres sostuvieron en su presentación que el proyecto podría generar un daño ambiental grave e irreversible en el río Uruguay, y que no se habrían cumplido normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, pusieron como antecedente el conflicto entre Uruguay y la Argentina por la instalación de la pastera finlandesa Botnia/UPM en el país vecino.

    Entonces, la protesta ambiental de los entrerrianos implicó extendidos cortes de puentes entre Gualeguaychú y Fray Bentos (donde se instalaron las plantas de pasta de celulosa), escaló a los fallecidos presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y derivó en un costoso juicio para ambos Estados en los tribunales de La Haya.

    “La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No sólo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó parte de las medidas que solicitamos”, dijo Michel.

    Entretanto, el gobernador Rogelio Frigerio, advertido de los embates de la oposición en Entre Ríos y de la negativa del presidente uruguayo Yamandú Orsi, buscó negociar con las autoridades uruguayas la relocalización de la planta, que implicaría una inversión de 5.300 millones de dólares. Un proyecto de escala histórica, pero que, para los vecinos de Colón —que viven del turismo— representaría la instalación de un complejo industrial con chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que esté a unos 3 o 4 kilómetros de la costa, mientras que el gobierno entrerriano pide que se ubique a 30.

    A lo largo de 2025 y este año, Frigerio habló con Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin, para enfriar el conflicto en puerta. A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó un posible traslado de la planta: “La relocalización responde a encontrar, entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa, un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones que las propuestas por el proyecto”, dijo. Sostuvo que eso era viable y aseguró que “se trabaja para concretarlo”.

    Tanto el gobierno de Orsi como la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos.

    ¿Qué resolvió el juez federal de Entre Ríos, Hernán S. Viri?

    En principio, aceptó parcialmente un pedido clave de los demandantes: producir “prueba anticipada”. Es decir, autorizó a recolectar pruebas ahora, antes de que avance el juicio, porque podrían perderse o volverse difíciles de conseguir más adelante.

    Las pruebas que ordenó incluyen pedidos de información a organismos uruguayos (ambientales, regulatorios y bancarios), requerimientos a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realización de un peritaje ambiental con un biólogo y una inspección judicial en el lugar. Pero no aceptó, por ahora, la prueba testimonial, porque no consideró que hubiera urgencia.

    Como los demandados están en Uruguay y eso puede demorar el proceso, el juez decidió que intervenga la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa mientras tanto.