Durante el primer bimestre de 2026, las provincias argentinas enfrentaron una fuerte caída en los fondos coparticipables que reciben de la recaudación nacional. El total perdido alcanzó los $964.619 millones, cifra cercana a $1 billón, según un informe del diputado Guillermo Michel. Ese recorte impactó de manera directa en las finanzas provinciales y se mantendrá en los próximos meses, salvo que la actividad económica repunte como espera el ministro de Economía, Luis Caputo.
La merma en la coparticipación obedeció al mal desempeño de los impuestos coparticipables. El factor principal fue la caída de la actividad económica, que redujo la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, las modificaciones en la percepción aduanera de ese impuesto ampliaron el efecto negativo sobre los ingresos provinciales.
Según datos oficiales, la recaudación total en el primer bimestre alcanzó $34,6 billones. De ese total, solo el 32% se distribuyó entre las provincias mediante el sistema de coparticipación, es decir $11,2 billones. El resto quedó en manos del Tesoro nacional y de organismos de la administración central. En este marco, el reparto de fondos mostró una tendencia descendente: en enero las transferencias a las provincias por coparticipación registraron una caída real del 7,6%, y en febrero la baja se profundizó hasta el 9,7% interanual real, descontado el efecto de la inflación.
Buenos Aires, la provincia más grande del país gobernada por Axel Kicillof, fue la jurisdicción que más fondos perdió en el bimestre, con una reducción de $204.499 millones. Córdoba sufrió una merma de $81.028 millones, mientras que Santa Fe reportó una pérdida de $82.957 millones. Otras caídas relevantes fueron las de Tucumán ($44.372 millones), Entre Ríos ($45.337 millones) y Chaco ($45.337 millones).
Mendoza experimentó una disminución de $39.549 millones en sus ingresos coparticipables, seguida por Salta con $36.656 millones y Corrientes con $34.726 millones. En la región del NEA, Formosa perdió $32.797 millones y Misiones $31.832 millones.
Las provincias del noroeste también sintieron el impacto: San Juan dejó de recibir $30.868 millones, Jujuy $27.009 millones y Catamarca $25.080 millones. En la Patagonia, Río Negro perdió $24.115 millones, Chubut $17.363 millones, Neuquén $17.363 millones, Santa Cruz $16.399 millones y Tierra del Fuego $12.540 millones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrió una baja de $18.328 millones. La Pampa registró la misma pérdida, mientras que San Luis anotó una reducción de $21.222 millones y La Rioja de $19.292 millones.
El impacto fue generalizado entre las provincias, con variaciones en el monto absoluto según la densidad demográfica y el nivel de actividad económica de cada distrito. Las jurisdicciones más grandes, por población y Producto Bruto Geográfico, encabezaron la lista de las más afectadas en términos absolutos. En cambio, las provincias más pequeñas también afrontaron disminuciones relevantes en términos relativos, dado el peso que tiene la coparticipación en sus presupuestos.
El total de $964.619 millones perdido en el primer bimestre constituyó un desafío para la gestión financiera provincial. Si este escenario se prolonga, los gobernadores deberán revisar partidas presupuestarias y postergar gastos ante la menor disponibilidad de fondos nacionales, tal como el Gobierno Nacional pretende. Este panorama también podría encarecer las negociaciones en un año en el que el presidente Javier Milei aseguró que enviará 90 reformas al Congreso.
En los primeros dos meses del año, los fondos coparticipables representaron apenas una tercera parte de la recaudación nacional, lo que redujo la participación de las provincias en la distribución fiscal. A esa dinámica se sumó la persistente inflación, que erosionó el poder de compra de los recursos transferidos.
En el desglose regional, las provincias del centro y del litoral sufrieron las mayores pérdidas en términos absolutos, aunque el impacto relativo varió según la estructura presupuestaria de cada distrito. El comportamiento de los ingresos en el primer trimestre se convirtió en un indicador clave para anticipar la evolución de la relación fiscal entre la Nación y las provincias.
Los datos relevados durante este período sirvieron de referencia para los equipos técnicos de los gobiernos subnacionales, que monitorean y padecen la caída de las transferencias automáticas. El seguimiento de la recaudación nacional y su impacto en la coparticipación se consolidó como una de las principales preocupaciones de la agenda política y financiera de las administraciones locales.
En las últimas horas, Caputo aseguró que tienen la intención de que la recaudación aumente, pero no a través de la suba de impuestos, sino por medio de la aplicación de la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. “La segunda cosa que tiene que pasar para que crezcan los ingresos tributarios es que el país crezca (…). Lo que pasa en Argentina es que el ahorro está, pero abajo de los colchones. No es una casualidad que el país no crezca desde 2011 y que cuando nosotros llegamos al Gobierno el porcentaje de préstamos al sector privado era de apenas el 3%, no había crédito en Argentina. En cualquier país normal, mediano, ese número está por arriba del 30%. Y en Argentina no tenemos un mercado de capitales y por eso ha sido un país que ha dependido mucho del crédito externo, cosa que tenemos que terminar”, sostuvo durante su participación en el evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba.
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