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  • Peronismo 2027: el desorden libertario lo obliga a ser opción y Kicillof toma carrera

    Peronismo 2027: el desorden libertario lo obliga a ser opción y Kicillof toma carrera

    Los diálogos entre unos y otros se multiplicaron en el último mes. La crisis que atraviesa el oficialismo obliga a ordenarse a un peronismo que empieza a sentir que, con unidad y ampliación, la posibilidad de 2027 asoma. También es cierto que, cuando hay chances, la disputa interna por la candidatura puede recrudecer y hoy ningún dirigente tiene su nombre asegurado en la boleta.

    “Si la elección fuese hoy, los votos no los tiene”, dice un importante peronista sobre la posibilidad de reelección de Javier Milei. Pero admite que el tiempo que le queda al gobierno puede ayudar a su recuperación. Hasta acá, ante cada conflicto, el líder libertario supo demostrar una recuperación casi milagrosa de su imagen y, por eso, nadie se anima a ensayar un resultado claro para el próximo año. Sin embargo, saben que alguna posibilidad asoma.

    Axel Kicillof aparece como el candidato puesto. Sin embargo, su nombre aún debe atravesar la discusión interna. Aunque aglutine a distintos gobernadores y dirigentes, la pelea final será con Cristina Kirchner y Sergio Massa, quienes hoy prefieren mantenerse fuera de la escena pública.

    “No podés ser el heredero si estás peleado con tu mamá”, evalúa un legislador nacional con diálogo con la dos veces presidenta. El gobernador bonaerense no pide permiso y arma. Kicillof necesita llegar posicionado a la discusión interna como la contracara del ajuste de Milei, dispuesto incluso a competir en una interna.

    Sergio Massa no lo admite, pero espera a que pase el mundial para “empezar a carretear”. El líder del Frente Renovador jugó en 2023 sabiendo que la elección era difícil. El objetivo en aquel entonces fue que el gobierno de Alberto Fernández terminara —y lo hiciera lo más ordenado posible—, asegurar la provincia de Buenos Aires y quitarle al PRO la posibilidad de regresar al poder.

    Sin lanzar candidatos, el 1 de mayo habrá un acto en el que distintos dirigentes se reunirán para empezar a ampliar Unión por la Patria. Uno de los hombres de mayor confianza de Massa está entre los nombres que planean aglutinar a un “peronismo federal” que aún no habla de posibles postulantes, pero sí busca plantear que primero están las ideas. Los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, junto al armador porteño Juan Manuel Olmos, buscarán una foto con otros legisladores y dirigentes del interior el próximo viernes. “No nos podemos quedar siendo solo un partido del AMBA que nos lleve a una derrota segura en el balotaje”, dice uno de los referentes de este espacio.

    En la escena pública irrumpió también el senador de San Juan, Sergio Uñac, quien pidió adelantar la discusión de candidaturas. Hay otros dirigentes que aparecen en los armados y que oscilan entre ser árbitros y artífices de un espacio ganador, o lanzarse como candidatos, aunque lo primero parece el destino más probable. Es el caso de Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja) y Gerardo Zamora (senador de Santiago del Estero).

    Por afuera, pero arrimándose a las distintas tribus del peronismo, aparecen tres nombres que podrían ser parte de un Frente de Todos ampliado: Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot se mueven, aunque ahora más enfocados en la idea de un outsider, como Jorge Brito.

    Pero esto no alcanza y en el peronismo también avanzan los diálogos con algunos radicales que no acompañan las ideas libertarias y con gobernadores que fueron aliados de Milei y ahora sufren las consecuencias económicas en sus provincias.

    “Es con todos y es lo que hay. Peor es perder”, reconoce uno de los principales dirigentes de Unión por la Patria. El peronismo sabe que tiene que ordenarse mientras mira de reojo la debilidad oficialista.

  • Análisis. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

    Análisis. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

    Es más habitual de lo que se supone que tramas complejísimas de negocios se deshagan porque se salta un punto. Un episodio mínimo. Por ejemplo, alguien que, presionado por la ansiedad, habla de más. O lo que los psicoanalistas llaman “un fallido”. Ese ladrillo que se mueve puede provocar el derrumbe de toda una arquitectura de poder. Esta microfísica está quedando al desnudo por las novedades de una causa judicial estratégica. Es la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi para determinar qué delitos se cometieron durante la presidencia de Alberto Fernández con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

    Las maniobras con el comercio exterior son el nudo central de una red de negocios, por lo menos, irregulares. Allí se cruza el aprovechamiento de la brecha cambiaria por parte de financistas con llegada a funcionarios del Banco Central. Por esa vía, en apenas dos pasos, se llega a la AFA y los fabulosos movimientos de dinero de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

    Otro canal conecta con el negocio de las apuestas clandestinas. Pero hay una dimensión más importante en este circuito subterráneo: de las fortunas que se hicieron a través de estas operaciones habría salido parte del financiamiento de dos campañas electorales. Una sería la de Sergio Massa, que condujo el Ministerio de Economía mientras se ponían en circulación estos caudales. La otra campaña es menos evidente. Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y de su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei.

    El punto del tejido que se soltó es la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido. Smith confesó ante Picardi haber recibido 51.000 dólares del financista Elías Piccirillo a cambio de plantar a su socio, José Francisco Hauque, y a su pareja, Marisol Aquino, un arma y un paquete de cocaína de manera tal que terminen presos. Hauque presionaba a Piccirillo para recuperar 6 millones de dólares que le había prestado. Para evitar saldar esa deuda, Piccirillo invitó a su socio a comer, junto a su pareja, al hotel Hyatt de la avenida Alvear. Del encuentro salieron todos en el auto de Hauque, que es donde Piccirillo escondió la droga y el arma. No habían recorrido demasiados metros cuando Smith los interceptó, revisó el auto e incautó la droga y la pistola. Pronto se advirtió que todo había sido un montaje, por lo que Smith fue procesado. Interesado en aliviar su calvario, propuso ofrecer información sobre un complejo sistema delictivo.

    La narración más completa de esta saga delictiva corresponde a Francisco Olivera, que viene dando cuenta de todos sus detalles desde que sucedían los hechos. El logorreico Smith ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue.

    Piccirillo saltó a la fama por alquilar el opulento yate Boldt por un millón y medio de dólares para circunnavegar Ibiza y Formentera, durante una semana, con su prometida de entonces, Jesica Cirio. Tiempos en que el enamorado era conocido en el ambiente financiero como “el rey del blue”. Su primer contacto con el poder se produjo cuando un funcionario de Alberto Fernández, al advertir que movía montañas de dólares hacia el norte del país, quiso conocerlo. En el encuentro el cuevero recibió esta instrucción: “A partir de ahora, esto que hacés para vos, lo vas a hacer también para mí”.

    Además de esas martingalas con los tipos de cambio, bajo el imperio de Fernández-Massa se siguió practicando un negocio inveterado. Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Cuando se libere el secreto de sumario, tal vez se verifique lo que ya informó Olivera: Picardi cuenta con, por lo menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos. Con nombres y apellidos.

    El expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio Massa
    El expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio MassaMARIA EUGENIA CERUTTI – Presidencia

    Piccirillo y su socio Hauque integraban un conjunto de financieras a través de las cuales circulaban los fondos extraídos con esos ardides del Banco Central. A este club pertenecía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Sobre esta empresa, muy ligada a Martín Insaurralde, puso su lupa ARCA. La agencia tributaria está a cargo del experimentado Andrés Vázquez, y reporta a Santiago Caputo. La conexión entre ambos fue gestionada por el empresario Leonardo Scatturice, cercanísimo a Caputo. Esos vínculos habilitan un sinfín de conjeturas. La más obvia: ¿el avance sobre estas “cuevas” es una de las batallas entre Caputo y Guillermo Michel por el control de la Aduana? Michel, que hoy es un poderoso diputado por Entre Ríos, fue el director de la Aduana durante la gestión ministerial de Massa. Quiere decir que fue una viga maestra del montaje que hoy indaga Picardi. Otros eslabones fueron el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y el exsubsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes.

    Sur Finanzas fue el boquete a través del cual ARCA primero y, después, la Justicia, ingresó en la AFA. Allí se encontró con las mil y una noches de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La financiera de Vallejo fue la correa de transmisión entre la asociación futbolística y los clubes necesitados de salvatajes económicos. Por allí también circularían sumas impresionantes procedentes de las apuestas clandestinas en los partidos de fútbol, sobre todo en los clubes del ascenso. Una “industria” que no podría prosperar sin la complicidad de los árbitros, que siempre son designados por la AFA, en particular, por Toviggino. Ya se sabe quién es uno de los grandes gerentes políticos del juego en la provincia de Buenos Aires: Insaurralde.

    Omar Galdurralde, expresidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde
    Omar Galdurralde, expresidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde

    Las habilidades con el dinero de, entre otros, Vallejo, Piccirillo y Hauque, sirvieron para canalizar sumas de distinto origen. Las fortunas procedentes de los permisos de importación y de las operaciones inventadas para conseguir dólares oficiales. Los montos derivados de los contratos de la AFA, intermediados por el matrimonio de Javier Faroni y Erica Gillette, ambos ligados a Massa por vínculos casi familiares. También las valijas atiborradas de dólares traídas de Catar, casi a hombro, por una barra de “buenos muchachos” que multiplicaron su patrimonio varias veces con estas prestaciones. Allí están Gonzalo “Gonzalote” Caló, Pablo Lapelosa y Alejandro “Turco” Calián, quien se habría ufanado entre sus amigos de haber recaudado más de 25 millones de dólares sólo por conectar dirigentes de la AFA con operadores cambiarios. Calián es el compañero de todas las horas de Rodrigo de Paul, a quien escoltó en travesías transatlánticas y con quien estuvo a punto de hacer algunos negocios en Miami. La camaradería en esa ciudad aproximó a dos tipos audaces: Calián y Scatturice. Pero el escándalo de la AFA habría interrumpido lo que se encaminaba a ser una rentabilísima amistad.

    La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que alguien hizo sonar una alarma. Fue Guillermo Francos. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas. Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.

    ¿Es una secuencia azarosa de acusaciones o se trató de una cadena cifrada de chantajes? Imposible determinarlo. Sí se puede verificar que a partir de la divulgación de esos audios se multiplicaron los dolores de cabeza para Tapia y, en especial, para Toviggino. El más mortificante fue provocado por la aparición de un pendrive en el que un excolaborador de Toviggino habría atesorado información sobre las intimidades de la AFA y, sobre todo, de la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de Tapia. Esa información, al parecer, carecería de valor judicial. Pero tiene un impacto político incalculable. Quienes accedieron a material aseguran que sólo trascendió el 5% del contenido. Alcanza y sobra. No sólo hay detalles sobre el patrimonio de Toviggino. Aparecen también fiestas electrizantes con los nombres de los asistentes, entre los que figuran algunos funcionarios judiciales.

    Quinta de Villa Rosa, Pilar, que estaría vinculada de dirigentes de AFA
    Quinta de Villa Rosa, Pilar, que estaría vinculada de dirigentes de AFARicardo Pristupluk

    Hubo un intento por detener la guerra de acusaciones e intimidades. Un acercamiento de colaboradores de la señorita Milei con Toviggino. La versión más confiable asegura que gracias a esas negociaciones la hermana del Presidente habría accedido a una colección de grabaciones de Spagnuolo mucho más extensa que la que se filtró a través de Carnaval. A cambio se le habría prometido al dueño de la playlist y tesorero de la AFA el control de las causas que lo tienen como imputado. Hay una decisión que convierte esta especulación en un dato verosímil: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

    Es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando a un delegado de la AFA en la FIFA. Al exvicerrector de la dudosa universidad de la AFA. Al gestor judicial que recomendó a su alter ego, el atribulado Ignacio Jakim, como abogado de Toviggino. Al hermano de Esteban Mahiques, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Al hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que festejó su cumpleaños en la mansión de Villa Rosa. Es decir: es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando al frente del Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia y Toviggino. La moral como política de Estado.

    Si Mahiques tenía la misión de mejorar la situación de sus amigos de la AFA hasta ahora logró poco. No pudo conseguir que el juez penal-económico Diego Amarante procesara a Tapia y Toviggino por infracciones cambiarias y fiscales. Tampoco logró que la causa en la que están complicados por sospechas de lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los camaristas de Casación Marcelo Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma todavía no resolvieron el destino de la investigación. ¿Podría volver al severo Daniel Rafecas? Es lo que opinó el fiscal de Casación Mario Villar.

    Mahiques no consiguió para sus compinches del fútbol algo más delicado: que no circule la información del pendrive. Tampoco lo logró Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino que se había hecho célebre por patrocinar a una institución: el “Rafa” Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca.

    El juez Ariel Lijo
    El juez Ariel LijoMarcos Brindicci

    El titular de Justicia está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. Primer inconveniente: el juez del caso es Ariel Lijo, su rival en la captura de la Procuración General de la Nación. Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.

    Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. Por ejemplo, las que sostienen que el encargado de entregar los fondos a los Milei era el titular de la Aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio “Nono” Vargas, que integró las listas libertarias bonaerenses de la mano de su amigo Carlos Kikuchi. Vargas y Kikuchi militan hoy en la denominada línea libertaria “blue” de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo era armonía, ellos orbitaban alrededor de la señorita Milei. ¿Es verdad que ahora Kikuchi y Vargas están midiendo el encanto electoral de Victoria Villarruel? Son nimiedades. Lo inquietante es que entre estas especulaciones figura la posibilidad de que esas manualidades con plata hayan sido filmadas. Habladurías.

    Sería muy paranoico atribuir todo lo que pasa en La Libertad Avanza a las enemistades de Karina Milei con Santiago Caputo. Pero anteayer sucedió un episodio misterioso. Desde su cuenta de X, el “Mago” reenvió un tuit que registraba la última explicación de Francisco Olivera sobre el escándalo de las SIRA. Hay un pormenor significativo: durante la campaña de 2023 Caputo no tocó una moneda.

  • Reforma tributaria: Neuquén avisa que puede recibir IVA y bajar la alícuota total

    Reforma tributaria: Neuquén avisa que puede recibir IVA y bajar la alícuota total

    El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, abrió el debate sobre la reforma tributaria que Casa Rosada debe presentar a lo largo del 2026 debido a lo acordado con el FMI. Figueroa dijo que si se establece un IVA diferencial, “Neuquén va a tener un IVA más barato”.

    El debate por los cambios de impuestos en Argentina tiene como eje la eliminación de tributos de carácter distorsivo. Entre ellos está Ingresos Brutos que cobran las provincias, que es uno de los más cuestionados por los empresarios, porque se trata de un verdadero gravamen a la facturación. En cadenas largas de valor tiene alto impacto en el precio final. Ese impuesto es pilar de la recaudación de la mayoría de las jurisdicciones.

    Desde el Gobierno Nacional se busca que las provincias tengan una mayor responsabilidad en la recaudación, de manera de estimular una suerte de competencia entre las jurisdicciones para atraer inversiones. En ese contexto, uno de los elementos del debate es trasladar a las jurisdicciones subnacionales una parte del IVA, de una manera similar a la que hay en Estados Unidos donde conviven tax federales y estaduales sobre el consumo.

    Figueroa planteó el desafío a través de redes sociales: “Si se establece un IVA diferencial para poder cobrarlo las provincias, Neuquén va a tener un IVA más barato”.

    “Queremos asumir ese desafío, porque los neuquinos somos corajudos. Queremos bajar el IVA, y estamos convencidos de que eso va a traer también muchísima más actividad económica”, enfatizó el mandatario quien aseguró que “no vinimos a dejar todo como está, queremos llevar adelante este gran cambio para Neuquén”.

    IVA local por Ingresos Brutos

    En rigor, el debate sobre un IVA provincial va atado a un eventual compromiso de las provincias de eliminar Ingresos Brutos. Pero no todas estarían en condiciones de hacer ese cambio sin perder financiamiento.

    En el caso del IVA, Neuquén integra el grupo de provincias que podría recibirlo sin perder dinero. Es de recordar que es un tributo coparticipable. El 52% de la recaudación de envía automáticamente todos los días a las tesorerías de las gobernaciones.

    Pero hay algunas jurisdicciones que aportan más de lo que reciben y otras reciben más de lo que aportan. Tomando en cuenta eso, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que hay 18 jurisdicciones que si tuvieran IVA local, tendrían que subir la alícuota por encima del 21% para seguir cobrando la misma plata que perciben ahora.

    El estudio hace una proyección para un IVA nacional de 10% y otro de 11% para las gobernaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires actualmente aporta casi el 42% de la recaudación total, pero percibe el 11,18%. Es decir, que podría tener un IVA provincial bajo. Para mantener la misma recaudación podría cobrar un impuesto provincial del 6% y tener una carga total de 16%

    En el caso de Neuquén, origina el 1,84% del impuesto en su territorio pero recibe 0,87%. Para mantener los mismos ingresos podría tener un IVA de 10% y cobrar un total de 20%.

    Siguiendo el mismo razonamiento, Formosa tendría que cobrar 57% de IVA, porque genera el 0,82% de la recaudación en su territorio, pero percibe 1,82%. En este caso sería inviable.

    El peor de los casos es Catamarca, tendría que tener un IVA total de 81%; seguido por La Rioja, 53%; Chaco, 50%; San Juan,47%; Santiago del Estero y La Pampa, 44%; Tierra del Fuego, 37%; San Luis, 36%; Jujuy, 33%; Misiones, 32%; Corrientes y Río Negro, 31%; Entre Ríos y Tucumán, 30%; Salta, 28%; Santa Cruz, 25%; y Mendoza, 24%.

    Los que podrían estar más abajo, además de Buenos Aires y Neuquén son Santa Fe, 20,9%, Córdoba, 20,7%; Chubut, 20,6%; y Ciudad de Buenos Aires, 12,7%.

    Ingresos Brutos: difícil de reemplazar

    Recientemente la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos para monotributistas y pequeños contribuyentes. En ese caso, el gasto tributario es menor si se toma el global de la recaudación.

    La recaudación propia de este impuesto generada en el propio territorio de las provincias es inferior a lo que reciben desde la Comisión Arbitral del Convenio Multilaterial (COMARB). La COMARB es una especie de “clearing” de impuestos entre provincias. Empresas de un territorio le venden a clientes en otra jurisdicción, y a la inversa. Todos los meses se distribuyen los saldos.

    Según estimó el ex director de Aduana, Guillermo Michel, las provincias recaudaron en el primer trimestre $9,7 billones, pero $6 billones le llegaron por COMARB y $3,7 billones fueron propios. Además de ello, hay que tener en cuenta que en el ámbito de COMARB funcionan los sistemas de percepción de anticipos de Ingresos Brutos a través de cuentas bancarias, ventas con tarjetas y en cuentas de pago.

    En conclusión: resultará muy difícil eliminar Ingresos Brutos en un movimiento. Podría llevar a la quiebra a varias jurisdicciones.

    Especulan los gobernadores

    Lo de Figueroa se sale del molde. En general los mandatarios provinciales no están apurados en avanzar en una reforma tributaria que implique ceder Ingresos Brutos y recibir una parte del IVA. La anterior experiencia de un pacto fiscal fue en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri. En función de ese acuerdo el impuesto se tendría que haber dejado de cobrar en 2023, tras un cronograma de 5 años. Pero cuando se terminó la experiencia de Cambiemos, con el gobierno Alberto Fernández se volvió para atrás.

    Es decir, que ante una nueva propuesta de un cronograma de reducción gradual hasta la eliminación, los mandatarios podrían especular a que un cambio de signo político en Buenos Aires revierta la situación.

    Por eso, algunos tributaristas recomiendan hacer los cambios por shock en el caso de una reforma integral. Si hubiera un IVA provincial tendría que convivir con un impuesto local a la última venta, que pagaría solo el consumidor final y no afectaría al costo de producir de las empresas.

  • SIRA: la Justicia habría detectado el pago de coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa

    SIRA: la Justicia habría detectado el pago de coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa

    En octubre de 2022, el Gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, anunció un nuevo mecanismo de autorización para habilitar importaciones y, en consecuencia, acceso al dólar oficial. Las “SIRA”, decían, buscaban evitar “avivadas” por parte de ciertas empresas que buscan hacer negocio con la brecha cambiaria de 100% entre el dólar oficial “barato” al que traían los productos y los dólares alternativos.

    Pero la medida que buscaba generar más transparencia se fue cubriendo de sospechas. Ahora una causa judicial en el juzgado de Ariel Lijo, con Franco Picardi como fiscal, podría dar un giro. Según difundió este miércoles el diario La Nación, en el caso, que ya lleva varios meses, pero tiene secreto de sumario hasta este jueves, se identificaron al menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar. La investigación imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central.

    Fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal habría detectado a los empresarios que habrían aceptado pagar los porcentajes y los montos de las operaciones, que superan los US$ 3,5 millones. Son coimas para realizar importaciones concretas (no simuladas).

    El fiscal, tras pedir informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y solicitar que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas, realizó casi 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de Supervisión, según publica La Nación.

    Los otros imputados son dueños de casas de cambio: Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

    Inicialmente, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$ 6 millones. De ahí se derivó la investigación de las SIRA.

  • Michel y Bahl reclaman al Gobierno por posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel entrerriano

    Michel y Bahl reclaman al Gobierno por posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel entrerriano

    Los legisladores piden una reunión urgente con Cancillería ante el impacto que podría tener el acuerdo Mercosur-UE en el sector.

    Los legisladores nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron una reunión urgente con el canciller Pablo Quirno para analizar las posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel argentino, en especial el producido en Entre Ríos, ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial con el Mercosur.

    Ambos dirigentes del peronismo formalizaron el pedido de audiencia con carácter prioritario para abordar la situación del sector en el contexto del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzará a regir el próximo 1 de mayo. La inquietud central radica en cómo podrían impactar las regulaciones europeas sobre la producción local.

    En la presentación, advirtieron sobre el peso estratégico del biodiésel en las economías regionales. “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos”, señalaron.

    biodiesel

    El biodiésel en el centro del debate por barreras comerciales.

    El biodiésel en el centro del debate por barreras comerciales.

    Depositphotos

    Críticas a los criterios ambientales europeos

    Los legisladores también cuestionaron los estándares regulatorios que aplica la Unión Europea, en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y al cambio indirecto del uso del suelo (ILUC). Según indicaron, estas exigencias podrían perjudicar la competitividad del biodiésel argentino en ese mercado.

    “Advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea -en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)- que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”, expresaron.

    Barreras paraarancelarias y reclamo provincial

    En ese sentido, sostuvieron que estas medidas funcionan como barreras indirectas al comercio. “Estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”, afirmaron.

    Finalmente, remarcaron la importancia del tema tanto a nivel provincial como nacional. Según indicaron, la situación “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”, por lo que insistieron en la necesidad de una respuesta rápida del Gobierno.

  • Opinión
															
							El fuego mileista enciende a la oposición
														Hoy 07:00
																						
										Javier Calvo

    Opinión El fuego mileista enciende a la oposición Hoy 07:00 Javier Calvo

    “Si sale mal, nos volvemos a casa, no pasa nada”. Como al pasar, en la entrevista que hace diez días le concedió a la TV Pública, Javier Milei retomó al menos por un instante aquella vieja idea que tenía sobre evitar aferrarse al poder a toda costa. Era parte del marketing contra la casta. Cuántos recuerdos.

    En medio de las crecientes dificultades económicas en gran parte de la población –sobre todo en las principales áreas urbanas– y de la atrofia política en la que está inmerso el Gobierno por el reverdecer de sus internas y las irregularidades patrimoniales del todavía jefe de Gabinete, que el Presidente haya vuelto sobre esa tesis puede ofrecer múltiples lecturas.

    ¿Lo piensa realmente? Es posible. Salvo que se contradice con todos los pasos que viene dando, en especial desde el triunfo electoral de octubre, en relación con la necesidad de conseguir la reelección el año próximo para “no tirar a la basura lo logrado y el esfuerzo realizado”, como reza la biblia libertaria.

    También es cierto que aquella frase presidencial inicial puede formar parte de una calculada Operación Empatía ante los padecimientos sociales, en materia de pérdidas de empleos y de poder adquisitivo de los ingresos. En esa misma charla amigable, Milei admitió que hay gente que la está pasando mal y pidió paciencia.

    Fuentes oficiales reconocen que en la cúspide del Poder Ejecutivo, los hermanos Milei, hay preocupación por la caída en la valoración que la sociedad tiene del Gobierno, según los estudios de opinión pública que se miran en algunos despachos. A seis meses de la victoria en las legislativas, tras un verano con luz verde en el Congreso y sin que medie ningún test electoral hasta 2027, esos mismos voceros tratan de aportar algo de paz.

    Resulta difícil, conceden. La obcecación de la hermandad presidencial en sostener a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete choca contra la incomodidad mayúscula del elenco ministerial y otros funcionarios de peso. Para peor, las novedades negativas sobre sus viajes, ingresos y patrimonio se suceden.

    El blindaje karinista sobre Adorni, que lo impulsa a forzar diariamente reuniones y visitas sin acceso a la prensa, empieza a saberse incompleto. En los últimos días, desde el mileísmo, se filtró que el aún funcionario estaba fuera de la carrera electoral porteña. “Sufre las campañas”, fue el tierno argumento paraoficial. Bajo la misma explicación del padecimiento y un supuesto escrache mediático se escudaría la inexorable “renuncia” del jefe de Gabinete.

    Con menos afecto, dirigentes violetas de CABA pidieron mediciones sobre otras figuras posibles en el distrito para tratar de ganarle la Jefatura de Gobierno a Jorge Macri. Descuella Patricia Bullrich. ¿Karina la “premiará” con esa candidatura o la utilizará para desplazarla de las ambiciones nacionales? De ese porvenir porteño se habló en una cumbre reservada el viernes último, en la sede capitalina de LLA. La lideraron la hermanísima, su alfil distrital Pilar Ramírez y Bullrich. A Adorni se olvidaron de invitarlo. Está afuera, insisten. La senadora, que atravesó un problema de salud en vías de resolución, por el momento hace silencio sobre el futuro pero es de las únicas oficialistas que se animó a esbozar alguna crítica a Adorni. Cayó mal en el karinismo.

    Que el horno no está para bollos lo sabe bien Santiago Caputo. El asesor procura resistir la ofensiva del karinismo, sin el éxito al que aspira, aunque pone en juego su presunta capacidad de daño. Vale todo.

    Por caso, hace trascender que la acelerada actividad judicial sobre Adorni (en cuyo “comité de crisis” intervino fugazmente para la destemplada conferencia de prensa) puede ser un pase de facturas del juez Ariel Lijo por el arribo de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia. Una decisión de Karina, asesorada por los primos Menem. Lo habitual.

    Esta semana se suscitó un nuevo foco de tensión. Al ensordecedor silencio de la jauría digital del asesor sobre el caso Adorni se sumó el desplazamiento de Agustín Romo, del caputismo, al frente de uno de los bloques libertarios en la Legislatura bonaerense, donde busca tallar Sebastián Pareja, hombre fuerte de Karina en el distrito.

    El conflicto escaló por un fortísimo cruce en redes entre la diputada karinista Lilia Lemoine (respaldada por Milei) y el influencer caputista Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan. La descomposición libertaria alcanza órbitas inimaginables. Y lo que falta.

    Rosca opositora. Hablando de imaginación, en medio de este convulsionado escenario oficialista, la oposición empezó a moverse. Detrás de un sueño que luce algo precoz: encarnar el posmileísmo 2027.

    El peronismo encara ese despertar con los mismos vicios recientes. Sin acuerdos básicos, plan ni estrategia. Es cierto, queda lejos el calendario electoral para apurar cuestiones de fondo, pero algunas movidas brillan por inoportunas o por la tentación de repetir lo que ya fracasó, como es juntarse solo para vencer al rival.

    Tras recibir a Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex- PRO, Axel Kicillof encaró su primer viaje como buscador de “presidenciabilidad”, a una cumbre progresista en España. Tal vez le cueste menos instalarse allá (pese a la mala imagen que sigue teniendo en el empresariado español por la salida de Repsol de YPF) que acá, donde es hostigado permanentemente por La Cámpora.

    Miguel Pichetto, después de ver a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio-prisión, consolida sus encuentros de rosca, con Guillermo Moreno como uno de sus tertulianos. ¿Seguirán insistiendo con abrirle la puerta a ese protoespacio a Victoria Villarruel?

    Más globos de ensayo. El sanjuanino Sergio Uñac dice que recibió la bendición de CFK para lanzarse. Pero lo mismo dicen desde el grupo que buscan armar los exalbertistas Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y el ¿ex? massista Guillermo Michel. ¿Sergio Massa se reactivó?

    Más interrogantes. ¿Mauricio Macri reapareció para frenar el hundimiento del submarino amarillo o porque huele la sangre de la oportunidad? ¿El banquero y expresidente de River, Jorge Brito, entró en la danza de nombres contra su voluntad? ¿Y se anima el showman evangélico Dante Gebel, que monta una foto en Madrid con sus impulsores argentinos?

    Lejos de la estratósfera y embarrados de sus territorios, los intendentes del peronismo y de otras fuerzas también hicieron su aporte esta semana a la confrontación con el Gobierno. Liderados por Fernando Espinoza, a cargo de La Matanza, el municipio más populoso del país, numerosos jefes comunales agrupados en la FAM marcharon al Ministerio de Economía para alertar sobre la crisis social. Atención con la movilización del Conurbano. Si el oficialismo no logra avanzar con una reforma electoral que cancele las PASO o las vuelva a suspender, en menos de catorce meses hay que inscribir los frentes electorales para las presidenciales. Ni hablar de los anticipos de los comicios provinciales, incluidos el porteño y el bonaerense.

    Más que un calendario, hay quienes ya prefieren activar un cronómetro. La política tiene sus propios tiempos.

  • Ley Hojarasca: desregular, pero no tanto

    Ley Hojarasca: desregular, pero no tanto

    La Banca 73 del Senado tomó el control del proyecto de Ley Hojarasca, que envió el Ejecutivo para entretener al Congreso y cumplir con la consigna de blindar la propiedad privada en la Argentina, como si peligrase.

    El gobierno agotó su libido legislativa en el período de sesiones extraordinarias. Logró hacer aprobar una minuta de proyectos que le había pedido el círculo rojo como prenda para prolongar su apoyo: reforma laboral, glaciares, ley de tierras y reforma del código penal.

    La Banca 73 del Senado es un invento del bloque de la UCR para sumar a las 72 que integran la cámara una oficina de asesoría que han confiado al exsenador Víctor Zimmermann. Le han puesto oficina donde tiene a su cargo una docena de asesores que aportan los integrantes de la bancada.

    Zimmermann agotó su mandato en diciembre pasado y ejerció una tarea central en la negociación de los proyectos de los dos primeros años del actual gobierno. Experto en semáforos, era escuchado por el oficialismo y la oposición amigable. Por su cedazo pasaron iniciativas que lograron ser sancionadas como expresión de acuerdos que se le deben a su tarea.

    Esta semana encabezó reuniones en el think tank para elaborar el semáforo de la llamada “ley hojarasca” que la cámara espera dictaminar antes de fin de mes. Ese proyecto ómnibus cumple el objetivo del oficialismo que es desbaratar la arquitectura del Estado, aboliendo regulaciones y normas con el argumento de que detrás de cada regulación hay un negocio.

    Los adversarios del cerebro de esa iniciativa, Federico Sturzenegger, entienden que, por el contrario, detrás de cada desregulación también hay un negocio. El fruto de la tarea de la Banca 73 identifica con luz verde lo que los aliados pueden admitir sin discusión. Señalan con luz roja las que no van a dejar pasar y con luces amarillas, aquellas que se pueden discutir.

    La oposición amigable prende el semáforo

    El semáforo impone condiciones para aprobar dos de las leyes de la “hojarasca” que serán reescritas. Una es la ley de tierras. El proyecto oficial desregula la inhibición para que extranjeros compren tierras en zonas de frontera.

    La propuesta de la oposición amigable es ponerle restricciones a la desregulación. Una es que estén prohibidas esas compras de tierras por parte de estados extranjeros. También que se impongan límites a las actividades que realizarán quienes las compren y se condicione la venta a programas de productividad de esas tierras.

    En ese menú de cambios, también sectores de las fuerzas armadas quieren que de esas ventas se reserven ciertas zonas libres de injerencia extranjera, porque forman parte del sistema defensivo de fronteras del país en un caso de conflicto.

    La otra ley que se condicionará es la reforma de la ley de villas, sancionada bajo el gobierno de Mauricio Macri con la letra del papa Bergoglio y de Juan Grabois, y presentada por el trío Negri-Carrió-Massot que conducía el interbloque de Juntos por el Cambio. Esa ley fue sancionada casi por unanimidad, y en el proyecto se le trasladan funciones y responsabilidad a municipios y provincias.

    Temen más judicialización

    La limitación que proponen es que deben agregarse el origen de los fondos para cumplir con las obras complementarias de urbanización de los barrios populares.

    En la sanción original de la ley de villas se creó un fondo alimentado por tributos de asignación específica para pagar las expropiaciones de tierras, que se entregarían a los ocupantes en más de 6 mil “barrios populares”. Este fondo ha sido abolido por el actual gobierno, que se comprometió a que esos dineros provendrían del Tesoro Nacional.

    La tarea del Senado sobre el proyecto “hojarasca” no se limita al semáforo de las bancadas amigables del gobierno. También el oficialismo más rígido admite que el proyecto no puede pasar tal como vino, y que tanto la ley de tierras como la de villas deberán tener cambios sustanciales para tener aprobación.

    Uno de los expositores en la sesión del plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto, advirtió que deben hacerse correcciones al proyecto para evitar la judicialización.

    El abogado Diego Armesto prevé que la derogación del Renabap – registro de villas, que es la matriz del proyecto –puede tener alguna cuestión con el artículo 14 bis de la Constitución y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aparecer como una regresividad ilegal.

    Patricia y Francos, outsiders del outsider

    Patricia Bullrich tramitará esos cambios. En su rol de comisaria política de Olivos en el Congreso, envió a uno de sus asesores a la reunión de la Banca 73 y tomó nota de los argumentos de la decena de asesores de la UCR sobre los cambios que es oportuno hacer.

    La senadora ejerce una coordinación de los senadores de su bloque, pero su larga experiencia le facilita el diálogo con los opositores. Con rodos los bloque alguna tuvo algún negocio (político). Maneja el bloque del oficialismo con la misma función que cumple para la Libertad Avanza en Diputados Silvana Giudici, ex-UCR y ex-PRO.

    Tiene juego propio y negocia más allá del supuesto mandato de Olivos. Por ejemplo, ha prometido a la bancada del peronismo de la cámara alta que atenderá los reclamos de que les reconozcan una mayor representación en las comisiones. Esta función de Bullrich levanta miradas torvas en Casa de Gobierno. Filtran información sobre ella como la predilecta del círculo rojo, aun por encima del apoyo que el mundo de los negocios le presta a Milei.

    En la reunión de AmCham se escucharon comentarios sobre la efusividad de los saludos de los empresarios hacia ella, que pudieron molestar a los “loyalists” de Milei.

    La temperatura que levantan estos gestos cuentapropistas —algo inexorable en un partido de cuentapropistas como la Libertad Avanza— es como la que levantó la aparición de Guillermo Francos pontificando sobre la virtud ajena. Sus comentarios sobre la suerte de Manuel Adorni se juntaron con algún sondeo que lo puso arriba de Milei y que hizo enojar al vértice del poder.

    Gobierno afónico o público sordo

    Estas palabras resbalan a quien aqueja una situación por la que han pasado otros gobiernos, que es la intrascendencia de lo que dicen. Nunca es importante lo que dice un político, y menos un presidente. Pero esto cambia en el caso de Milei: en su aparición de esta semana en AmCham, el presidente denunció nada menos que un golpe de Estado.

    Javier Milei en AmCham Argentina Summit 2026. Foto: Federico López Claro

    Se quejó “del ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de estado”. O es un presidente afónico, o le falla el oído al público que dejó pasar esto con la misma indiferencia que cuando Milei dijo “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada”. Dijo lo que nunca debe decir un presidente: que se va a ir, despidiéndose casi dos años antes de que termine su mandato.

    Es cierto que Milei es el primero que no pondera el valor de sus palabras. Al punto de que cuando insulta avisa: “Pero como yo soy Milei – se ufana – y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, etc.”

    De paso, quien le escribe los discursos debería hacer un curso de historia sagrada. Cuando dijo que no cambiará su política económica le atribuyó al personaje de la Odisea (siglo VIII a. C.) profesar la doctrina judeocristiana (que se remite a algunos siglos más tarde): “no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos y vamos a atarnos al palo del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de sirena”.

    Ese plumífero que le escribe debería darle una mirada al canto XII de la epopeya homérica. En realidad, Odiseo se hace atar al palo del barco al llegar a la isla de las sirenas, pero no tapa sus oídos con cera, como ordenó que hicieran sus marineros. Quería escuchar los cantos de sirena, pero no abalanzarse sobre ellas. Privó a sus marineros de esa música, pero él se hizo atar para escucharlos.

    Macri abre el paraguas

    Este jubileo de los cuentapropistas del gobierno alimenta armados alternativos para 2027. Mauricio Macri ha dicho a quien quiera escucharlo que apoya el rumbo del gobierno pero que no cree que el gobierno de Milei mejore en el tiempo.

    El ex presidente Mauricio Macri

    Más bien cree que el PRO debe competir el año que viene con agenda propia. Niega que sea candidato, pero hace cosas de candidato. Festeja, además, el humor social que le celebra apariciones como la del miércoles por la tarde en el café Tabac para conversar amablemente, durante una hora, con el expresidente Ramón Puerta.

    Fue interrumpido por parroquianos de esa comarca tan cercana al PRO —fuerza que nació en esa confitería— que los saludaban con sonrisas. Con prudencia, se cuida de decir lo que piensa y nunca admitirá el reproche de no haber ayudado a Milei a terminar su mandato en paz. Miguel Pichetto, su excompañero de fórmula habló peronísticamente en un corro con economistas del peronismo y vaticinó crudamente: “Podemos ser gobierno en 2027, esto va a terminar mal”.

    Frigerio también en el casting centrista

    El sector de los gobernadores que crearon el año pasado la liga Provincias Unidas buscan montar algo que represente la opción de centro, y que se aparte de Milei y de Cristina. En ese armado imaginario existe el proyecto de llamar a otros gobernadores del peronismo y de otros partidos, que alimenten una tercera candidatura.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Foto: Federico López Claro

    También quieren acercar a Macri a esta alternativa. En algún momento se lo han propuesto Maxi Pullaro, Martín Llaryora y Nacho Torres. Por ahora el nombre que está en la mesa es el de Rogelio Frigerio, que fue ministro de Macri y hoy es gobernador de Entre Ríos. Es un hombre del PRO que tiene predicamento en el peronismo de las provincias, porque dedicó toda su carrera profesional a asesorar a gobernadores de ese partido.

    Fue quien llevó las relaciones con los gobernadores para Macri, y armó una agenda exitosa que fructificó en los distritos, que pudieron alcanzar el equilibrio fiscal y permitió que los gobernadores, en su mayoría, pudieran reelegir. Ese arco de mandatarios provinciales es el que hace ganar o perder a un candidato.

    Si se hubiera movilizado en 2023, hubiera hecho ganar al peronismo. Pero no movieron un dedo para respaldar a Sergio Massa – ungido por el peronismo del AMBA – y lo hicieron presidente a Milei. El nombre de Frigerio ha estado en boca de Macri en alguna charla de mesa chica.

    Uñac: interna PJ en cuotas

    En el peronismo, además de la mesa que agita Pichetto junto a Guillermo Moreno y Sergio Massa, hay otra que se nuclea en torno al senador y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. El miércoles por la noche, parlamentó con tres colegas de la cámara alta, que pueden ser una cuerda fuerte para la unidad del peronismo que no reporta a la provincia de Buenos Aires.

    Cenó en el Palladio Hotel de la avenida Callao —el mismo que sirvió de búnker de campaña para Patricia Bullrich en 2023— con Juan Manzur y los santiagueños Gerardo Zamora y José Neder. Con ese grupo prepara un alzamiento del peronismo del interior que se complementa con el armado de legisladores del ala federal y el presidente del consejo del PJ de CABA, Juan Manuel Olmos.

    Para este dirigente, hoy presidente de la Auditoría General de la Nación, el interior termina en la avenida General Paz, porque propone un esquema que reúna dirigentes de todas las provincias para confrontar con el peronismo bonaerense, pero que incluya a la CABA. De ese armado forman parte, entre otros, Victoria Tolosa Paz —bonaerense pero desprendida del cristinismo—, Guillermo Michel, que orbita en la constelación de Sergio Massa, Kelly Olmos, Pipi Alí, Guillermo Snopek y otros.

    Sergio Uñac en el Senado de la Nación. Foto: Juano Tesone

    La idea de esta tribu es ir a una interna del PJ Nacional, haya o no después primarias PASO. Esa movilización, según Uñac le expuso junto a su estratega Juan José Álvarez, al mendocino Rodolfo Gabrielli y al salteño Juan Manuel Urtubey, sería por regiones y con un cronograma que imagine una caravana de elecciones de candidato presidencial del peronismo entre noviembre y marzo.

    En el borrador habría una interna abierta a afiliados y a no afiliados, para elegir un candidato presidencial del peronismo que después vaya como postulante a una PASO, y que incluya a otros integrantes de un eventual frente opositor a la fuerza de Milei, o a lo que quede de eso.

    Imaginan que la región NEA haga la interna el 10 de noviembre, el NOA el 10 de diciembre, pausa en enero y que siga la región Centro el 10 de febrero y el Sur el 10 de marzo. La interna sería abierta también para los candidatos, que pueden ser afiliados o no al peronismo.

  • Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate

    Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate

    La oposición en la Cámara de Diputados intenta activar una agenda propia enfocada en la situación económica y pone el foco en el problema del sobreendeudamiento familiar. Este miércoles comenzó a debatirse una batería de proyectos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), donde se acumulan al menos 18 iniciativas vinculadas al crédito, la morosidad y la protección de los consumidores.

    Según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4.818.440 personas con deudas impagas por más de tres meses, un aumento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998.

    El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda
    El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda

    “Nos va a servir para continuar con el debate de un tema que ahora es necesario retomar porque la situación se va tornando acuciante”, dijo Yasky al introducir a los invitados a exponer en la Comisión.

    El canal oficial de la Cámara -Diputados TV- definió no transmitir la Comisión en vivo. En su lugar, pasó una programación repetida. “Se prioriza la reunión conjunta entre Relaciones Exteriores y Legislación Penal”, respondió a LA NACION uno de los responsables del canal, cercanos a Martín Menem. Ese plenario fue conducido por la oficialista Juliana Santillán.

    El informe económico también muestra un cambio en la composición del endeudamiento. Disminuye la proporción de personas que deben únicamente a bancos (577.809) y crece con fuerza el número de quienes acumulan deudas con entidades no financieras y también con prestamistas no financieros (2,2 millones). El informe atribuye esta situación a un agotamiento del crédito formal: ante la mayor morosidad, los bancos restringen préstamos y los consumidores migran hacia formas alternativas de financiamiento.

    Los datos evidencian además un impacto particularmente fuerte en los jóvenes. Entre las personas de 15 a 24 años, cerca del 33% del crédito está en situación de mora, lo que equivale a que uno de cada tres pesos adeudados por ese grupo etario se encuentra impago.

    La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA
    La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA

    La agenda parlamentaria se activa luego de que el Indec informara que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi el mismo nivel que el proyectado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo el año en el presupuesto. El incremento interanual llegó al 32,6%.

    El dato generó incluso una reacción poco habitual del presidente Javier Milei, quien reconoció ayer en redes sociales y en su discurso en Amcham que “el dato es malo” aunque sostuvo que existen factores que permitirían retomar la desaceleración inflacionaria.

    La agenda legislativa

    Frente a ese escenario, la Comisión comenzó a ordenar una agenda que abarca distintos enfoques para abordar el problema del endeudamiento.

    Un primer grupo de proyectos apunta a fortalecer las reglas del crédito responsable. Entre ellos figura una iniciativa de la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) que propone establecer un marco federal para el otorgamiento de préstamos y fijar un límite máximo de endeudamiento equivalente al 35% de los ingresos netos del solicitante. Otros proyectos impulsan evaluaciones más estrictas de solvencia por parte de las entidades antes de conceder financiamiento, con especial foco en sectores considerados más vulnerables, como jóvenes y adultos mayores.

    Otra línea de trabajo se centra en los costos financieros asociados a tarjetas de crédito y medios de pago. Algunas propuestas, una de Fabiola Aubone (UP) y otra que agrupa a los peronistas Kelly Olmos, Guillermo Michel, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, buscan establecer topes a las comisiones que pagan los comercios por las operaciones con tarjeta y limitar la tasa de interés que pueden cobrar las entidades emisoras.

    Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz
    Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa PazHernán Zenteno

    “Las tasas no pueden tener que ver con tasas de mercado sino que tienen que estar fijadas en relación a los ingresos y al costo de vida”, señaló la socióloga Lucía Cavallero como especialista invitada a la Comisión.

    También aparece una iniciativa del diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) orientada a mejorar la transparencia de los resúmenes de cuenta, para que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de cada cargo.

    Germán Martínez, jefe de bloque de UP
    Germán Martínez, jefe de bloque de UP

    La batería legislativa incluye además proyectos destinados a aliviar la situación de quienes ya se encuentran sobreendeudados. Entre las alternativas se analizan programas de refinanciación obligatoria, esquemas de reestructuración de pasivos y la prohibición de ciertas prácticas que agravan el peso de la deuda, como la capitalización automática de intereses. Algunas iniciativas incluso plantean condonaciones parciales de punitorios o regímenes especiales de reorganización judicial para consumidores insolventes.

    Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado alcanzó su máximo histórico en enero de 2026, con 6,4%. En noviembre de 2023 estaba en 2,7%. Es decir: hoy hay más del doble de préstamos con atrasos o problemas de pago que hace dos años.

    La protección frente a prácticas abusivas de cobranza también aparece en la agenda. Un proyecto de la fueguina Carolina Yutrovic (UP), diputada mandato cumplido, propone regular las gestiones extrajudiciales para evitar situaciones de hostigamiento, como llamadas reiteradas, contactos con terceros o comunicaciones en horarios inapropiados.

    “Los bancos venden las deudas a los estudios que se dedican a las cobranzas y eso se hace de una forma muy irregular. Cuando la persona quiere pagar no sabe a quién le está pagando y cómo certificar que pagó y no tiene garantías de que la deuda en el banco desaparecerá”, dijo Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Público de la Ciudad. La morosidad está pasando del 7% al 22%, señaló Pozzali, que es doctor en economía. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras, cosa que ya sucedió en este país y no debería volver a pasar”, cerró.

    Finalmente, varios proyectos buscan actualizar la regulación frente al crecimiento del crédito digital, en particular los préstamos rápidos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas fintech. Las iniciativas apuntan a que estas operaciones queden registradas en la Central de Deudores del Banco Central y a reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios de pago, ante el riesgo de que el acceso inmediato al crédito favorezca un endeudamiento difícil de detectar.

    Scarano señaló que la morosidad en entidades financieras es del 11,2% mientras que aquella en entidades no financieras es del 29,9%.

    Desde el oficialismo, el diputado Marcos Patiño Brizuela (LLA) sostuvo que el debate debería abordarse de manera más integral. Recordó que el Código Civil incorporó la defensa del consumidor en 2015 y que desde 2019 hay en la Cámara un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que nunca se trató y que contempla, entre otros puntos, un proceso de saneamiento para deudas de consumo. A su entender, el Congreso debería “afinar el lápiz” para dar soluciones duraderas y no solo respuestas para los próximos meses.


  • Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares

    Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares

    Durante la reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor se expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se detalló que, a febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2% y morosidad en entidades no financieras el 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para préstamos personales bancarios) muy por encima de la inflación proyectada. En ese marco, se detalló que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un 45% más (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.

    Los expositores coincidieron en que los endeudamientos familiares se destinan a cubrir gastos corrientes, explicando que, con un IPC porteño de 209% entre noviembre del 2023 y marzo del 2026, los aumentos en necesidades cotidianas fueron muy superiores a la inflación promedio: 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte en el mismo período. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, definió a este proceso como “un tsunami en formación” en el que existe “imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas”.

    El diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la Comisión, anticipó que habrá una segunda reunión informativa ampliando la lista de participantes a otros bloques. “Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetizaron desde ese bloque para Ámbito. Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.

    Morosidad en tarjeta y préstamos CEPA

    Morosidad en hogares: la posición de los especialistas

    Uno de los primeros oradores de la jornada fue Arturo Pozzali, funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, quien remarcó que existe “un permanente aumento de reclamos”, dado que “empieza a crecer la morosidad, llegando casi al 22%”. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras”, vaticinó y, tras detallar un escenario de multiendeudamiento (deuda con tarjeta crédito en simultáneo al crédito personal y crédito hipotecario) planteó que “lo que les están complicando muchos a las familias es el concepto de mora automáticas“.

    En esa línea, Ariadna Ciammarriello, funcionaria de la Oficina Municipal del Consumidor en Rosario, subrayó que la principal problemática es que existe “falta de información total de las entidades al momento de vender un producto o de refinanciar”. Luego de describir las posibilidades de refinanciamiento que se le ofrecen a los consumidor -con plazos de 90 días de mora para solicitar un plan de pagos-, apuntó que existe un esquema de “endeudamiento circular”: “Licitan deuda para pagar deuda, en donde no están cancelando ni siquiera una deuda, sino una rotación de pasivos”.

    Otras de las expositoras fue la académica Alejandra Fernández Scarano, directora del CEPA y secretaria de Hacienda de Hurlingham, expresó que “no está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables”. “La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo”, definió.

    Salarios Registrados

    Morosidad familiar: qué proyectos existen

    En la Cámara de Diputados se registraron seis proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba). Su proyecto apunta a la creación de un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” que implica una “línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas “en condiciones menos desfavorables”. El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en “condiciones normales de mercado” dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.

    Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten “medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas”. En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos.

    Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.

    Guillermo Michel

    Michel, Pichetto y Massot, tres de los firmantes de un proyecto para desendeudamiento familiar.

    Michel, Pichetto y Massot, tres de los firmantes de un proyecto para desendeudamiento familiar.

    Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone “facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia” cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban “ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas”.

    Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos “pasibles de protección especial” y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

    Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.

  • Alerta contribuyentes: ARCA monitorea declaraciones juradas para aplicar multas que pueden ser millonarias

    Alerta contribuyentes: ARCA monitorea declaraciones juradas para aplicar multas que pueden ser millonarias

    Tras la aprobación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a monitorear con mayor firmeza e interés la presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas de impuestos por parte de los contribuyentes. Es que la norma estableció un fuerte incremento de las multas por demorar el trámite. En ese marco, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto en el Congreso para darle proporcionalidad a las penalidades.

    En el caso de un particular, con la Inocencia Fiscal las penalidades subieron de $200 a $220.000; en el caso de empresas, aumentaron de $400 a $440.000. Pero en otros extremos pueden llegar a $35 millones. Esos números muestran una inconsistencia: es que la multa por no presentar un documento a tiempo a ARCA no puede superar al impuesto determinado.

    En el mercado, algunos contadores aseguran que, con las nuevas reglas de juego, al fisco le convendría que los contribuyentes incumplan antes que presenten en término su documentación, porque recaudarían mucho más. Afirman que, más que un disuasivo para que los contadores presenten las declaraciones juradas a tiempo, constituyen un verdadero mazazo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

    Diego Fraga, abogado especializado en temas tributarios, señaló que antes de la ley las multas que estaban aplicando desde ARCA estaban totalmente desactualizadas. “En vez de actualizarlas, las pusieron repotenciadas”, explicó. El letrado considera que la penalidad no puede superar al impuesto determinado.

    “Esto los mata a los contadores. ARCA suele habilitar los aplicativos para presentar documentos días antes de los vencimientos. Ante la acumulación de trabajo, muchos contadores entonces presentaban las declaraciones juradas con demoras y preferían pagar las multas”, describió el profesional. Ese plazo “extra” de los asesores tributarios ya no se podrá emplear. “Si les aplican una de estas multas, van a tener problemas con sus clientes”, detalló Fraga.

    En rigor, los contadores consideran que el nuevo esquema de multas afectaría más a las pymes. Y creen que ese artículo de la ley responde a algún reclamo del personal de línea de ARCA: parte de sus haberes está relacionada con la recaudación.

    proyecto-ley multas

    En diálogo con Ámbito, el tributarista Julián Ruiz expuso un caso extremo: “Suponiendo una empresa que no haya presentado 12 declaraciones juradas de IVA por $5 millones, puede llegar a tener una multa más alta por falta de presentación formal que por defraudación”.

    Ruiz respalda el proyecto de ley presentado por el diputado Michel, que busca poner proporcionalidad entre penalidad e impuestos. La iniciativa del legislador de la oposición fue presentada hace un par de semanas en la Cámara baja. El tributarista sugiere agregar un artículo para hacer más proporcionales las penalidades.

    En rigor, el proyecto original de Michel plantea facultar a ARCA a hacer descuentos en las multas de hasta el 90% en el caso de micropymes y personas humanas que no califiquen como grandes contribuyentes. Para las pymes es de hasta el 70%; en las medianas del tramo 1, el 40%; y en las medianas tramo 2, el 20%.

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    Por su parte, Ruiz sugirió agregar un artículo al proyecto de Michel en el se establece que las multas no podrán exceder al impuesto determinado en un 25% para el caso de los primeros 90 días de incumplimiento. En los siguientes 120 días, el 50%; a los 180 días, el 75%; y de ahí en adelante, el 100%.

    El profesional señala que “la recaudación puede llegar a ser muy alta sin tener costo de fiscalización”. “Más grave aún es si una empresa tiene quebranto y tiene la obligación de presentar balance que es un régimen informativo. Para ese caso pusieron multas extremadamente gravosas”, explicó. El tributarista indicó que “las multas por régimen informativo pueden llegar a $35 millones” de manera que “la recaudación deja de estar en función de la capacidad contributiva de los contribuyentes y pasa a estar en la capacidad de sanción que tiene ARCA”.

    Cuál es el procedimiento para las multas

    Para fijar multa, ARCA tiene que enviar primero un “Recordatorio por falta de presentación”, esto es, ocurrido el vencimiento. El Sistema de Cuentas Tributarias (SCT) generará, de manera automática, un recordatorio, que será notificado al Domicilio Fiscal Electrónico. Este recordatorio no será de aplicación a los contribuyentes que, en función de la significación fiscal a nivel país y/o regional, se les haya asignado el Segmento 1.1.

    La intimación por falta de presentación de la declaración jurada determinativa se efectuará en forma diferenciada de acuerdo con el segmento asignado a cada contribuyente, teniendo en cuenta los plazos de espera correspondientes, contados desde la fecha de vencimiento de la obligación omitida.

    • Segmento 1.2: plazo de espera 20 días corridos
    • Segmento 2, 3 y 9: plazo de espera 30 días corridos
    • Segmento 4, 5, 6: plazo de espera 45 días corridos
    • Segmento 7.1 a 7.9: plazo de espera 60 días corridos
    • Segmento 8.1 a 8.4: plazo de espera 90 días corridos

    El sistema de control (SCT) registrará la multa correspondiente una vez vencido el plazo de espera.