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El régimen chino puso en marcha una investigación “sin concesiones” sobre la explosión en una mina de carbón que se ha cobrado la vida de al menos 90 personas, y se ha comprometido a castigar a los responsables, según informaron este sábado los medios estatales.

“En respuesta al accidente por explosión de gas en la mina de carbón de Liushenyu, propiedad del Grupo Shanxi Tongzhou, el equipo de investigación de accidentes del Consejo de Estado llevará a cabo una investigación rigurosa e intransigente”, afirmó la agencia estatal de noticias Xinhua.

“Los responsables serán severamente castigados de conformidad con las leyes y normativas”, añadió.

Al menos 90 personas han muerto y en torno a una decena más continúan atrapadas bajo tierra tras una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, en el norte de China, con más de 250 trabajadores en su interior, en lo que se trata del siniestro más grave para la minería del país desde 2009.

La agencia oficial de noticias china Xinhua había informado que, hasta las 06.00 horas (hora local) de este sábado, un total de 201 mineros habían sido trasladados a superficie de forma segura, aunque las autoridades han avisado de que todavía no existe una cifra exacta de los trabajadores que estaban en el interior de la mina en el momento de la explosión.

En el momento del incidente, en torno a las 19.29 horas (hora local) de este viernes, los niveles de monóxido de carbono en el interior la mina “superaban ampliamente los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad”, de acuerdo con las primeras evaluaciones de lo ocurrido. Un responsable de la operadora de la mina, el Grupo Shanxi Tongzhou, ya está bajo custodia de las autoridades para someterse a un interrogatorio.

El presidente chino, Xi Jinping, ha dado “importantes instrucciones” a los equipos desplegados sobre el terreno, a los que ha instado a hacer “todo lo posible” por encontrar y rescatar a las personas que continúan en paradero desconocido, así como a atender a todos los heridos.

“Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para atender a los heridos, organizar de manera científica las operaciones de búsqueda y rescate, y gestionar adecuadamente las consecuencias”, según el comunicado enviado por la Secretaría General del Partido Comunista de China en relación al que se ha convertido en el siniestro más grave desde la explosión de 2009 en la mina de Heilongjiang, en el extremo norte del país, que dejó 108 muertos.

Los equipos de rescate continuaban este sábado las labores de búsqueda en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro).

Las cifras aumentaron con rapidez a lo largo del sábado: en un primer recuento divulgado por la mañana, las autoridades informaron de 8 fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra; después, medios estatales elevaron el número de muertos primero a “más de 50”, luego a 82 y finalmente a 90, según la cadena estatal CCTV.

Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí indicaron que las tareas de rescate seguían en marcha.

En paralelo, Xinhua informó de que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina quedó “bajo control de las autoridades”, una fórmula habitual en China para aludir a una detención por parte de los órganos de seguridad.

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente.

“Un olor como a azufre”

Uno de los primeros testimonios sobre lo ocurrido fue difundido por CCTV, que entrevistó a un trabajador superviviente identificado como Wang Yong.

El minero explicó que se encontraba en el frente de trabajo 311 cuando comenzó a percibir humo, sin haber escuchado antes “ningún ruido”.

“Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura”, señaló Wang, que afirmó que en ese momento empezó a avisar a otros compañeros para que corrieran hacia la salida.

Durante la huida, el trabajador aseguró que vio a personas afectadas por el humo y que él mismo perdió el conocimiento.

“Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina”, relató Wang.

La cadena estatal informó además de que los heridos han sido trasladados a hospitales, donde reciben tratamiento por exposición a gases tóxicos, principalmente mediante oxigenoterapia hiperbárica.

Los centros médicos han destinado también psicólogos para atender a los supervivientes.

La Comisión Nacional de Salud envió al lugar a responsables y funcionarios para coordinar la atención de emergencia, organizó consultas remotas multidisciplinares con especialistas en traumatología, cuidados intensivos y neumología de hospitales de Pekín y desplazó a tres expertos de la capital provincial, Taiyuan, para apoyar el tratamiento de los heridos, según Xinhua.

Una provincia de larga tradición minera

Shanxi, con una población de unos 34 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de la isla de Gran Bretaña, es una de las grandes provincias carboníferas de China y ha sido descrita tradicionalmente en la prensa local como la “capital del carbón” del país.

Según datos citados por medios locales, la provincia acumula reservas probadas de 266.400 millones de toneladas de carbón, equivalentes al 22,6 % del total nacional, y su superficie carbonífera cubre unos 65.000 kilómetros cuadrados, cerca del 40 % de su territorio.

En 2024 produjo 1.270 millones de toneladas de carbón bruto, solo por detrás de Mongolia Interior, y sigue teniendo un papel central en el suministro energético chino.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de forma significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales.

(Con información de Europa Press y EFE)

El jefe de seguridad de Taiwán anunció este sábado que China ha desplegado más de 100 buques de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, del mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

El despliegue se llevó a cabo “a lo largo de los últimos días”, después de la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red X.

El responsable taiwanés acusó a China de “amenazar” la paz y la estabilidad en la región.

China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio, y ha amenazado con tomarla por la fuerza.

Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

Durante la cumbre bilateral celebrada la semana pasada en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo estadounidense que esta cuestión puede derivar en un “conflicto”.

Tras concluir su visita, Trump sugirió que la venta de armas a esta isla podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín y advirtió a las autoridades de la isla contra declarar la independencia.

Un alto cargo de seguridad taiwanés dijo a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato que sus fuerzas detectaron barcos chinos antes de la cumbre en Pekín, pero que el número superó el centenar en días recientes.

Donald Trump afirmó que trabajará para abordar “el problema de Taiwán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado miércoles que trabajará para abordar “el problema de Taiwán”, una semana después de reunirse en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping, quien no descarta invadir militarmente la isla.

Al ser preguntado por la prensa sobre si llamará al presidente taiwanés, William Lai, antes de tomar una decisión sobre la venta de armas a Taiwán, Trump respondió: “Hablaré con él. Hablo con todo el mundo”.

“Tenemos esa situación bien controlada. Tuvimos una gran reunión con el presidente Xi. Fue fantástica y vamos a trabajar en el problema de Taiwán”, agregó.

Tras reunirse con Xi en Pekín, el presidente estadounidense declinó confirmar si autorizará la aprobación de un paquete de armas a Taiwán valorado en unos 14.000 millones de dólares, que sería el mayor de la historia.

El presidente taiwanés insistió el miércoles en que la venta de armas de Estados Unidos a la isla es “necesaria” para mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho.

La Marina de EEUU dijo que la venta de armas a Taiwán está demorada por la guerra en Medio Oriente

Por su parte, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos anunció que las ventas de armas a Taiwán se encuentran en “pausa”, con el objetivo de garantizar suficiente munición para el ejército estadounidense en el contexto de la guerra en Irán.

Aunque Washington reconoce únicamente a Pekín, su legislación lo obliga a suministrar armamento a la isla de gobierno autónomo. China mantiene la postura de que podría recurrir a la fuerza para tomar el control de Taiwán.

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con las municiones que necesitamos para (la operación) Furia Épica”, afirmó el secretario en funciones de la Marina, Hung Cao, ante el Congreso.

Cao agregó: “Nos estamos asegurando de tenerlo todo; más adelante las ventas militares al extranjero continuarán cuando la administración lo considere necesario”.

El desfile low-cost del 9 de mayo en Moscú, la irritación popular por los cortes de internet móvil y una frase intrigante de Vladimir Putin sobre el final de la invasión en Ucrania se convirtieron en señales de que los problemas se acumulan para el presidente ruso.

De acuerdo con diversos analistas, a pesar de llevar más de dos décadas en el poder, Putin enfrenta un escenario donde, tras cuatro años de guerra, su objetivo de controlar por completo el Donbás, nombre asignado a las regiones industriales de Lugansk y Donetsk, sigue sin cumplirse. Por primera vez desde el verano de 2023, Rusia perdió terreno en Ucrania entre marzo y abril, según un análisis de la agencia AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.

El estancamiento es notorio: Rusia mantiene el control de algo más del 19% del territorio ucraniano, cifra que incluye Crimea y zonas del Donbás ocupadas desde antes de la invasión de 2022. La prolongación del conflicto y el costo humano y económico comenzaron a pasar factura en varios frentes.

Durante el último desfile del 9 de mayo por el Día de la Victoria, la preocupación por la seguridad forzó un formato sin exhibición de armamento, algo inédito en casi veinte años. Por razones de seguridad, incluso se limitaron drásticamente los accesos a internet móvil, lo que desató el descontento entre los moscovitas.

En la víspera de la celebración, las amenazas mutuas entre Moscú y Kiev desembocaron en una tregua de último minuto, anunciada el 8 de mayo por el presidente estadounidense Donald Trump y aceptada por ambas partes. El contexto llevó a una orden insólita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien pidió a su ejército no atacar con drones la Plaza Roja.

Putin pronunció una frase que acaparó titulares internacionales y obligó a aclaraciones del Kremlin: la contienda “se acerca a su fin”, aunque volvió a cargar contra el apoyo occidental a Ucrania. Varias voces interpretan este mensaje como un intento de calmar la inquietud interna y preparar el terreno para una eventual salida, pero bajo condiciones impuestas por el propio Kremlin.

En los últimos meses, la situación cotidiana en Moscú es más tensa. Las restricciones de internet, justificadas oficialmente por seguridad, generaron irritación entre los ciudadanos, mientras que el aumento del IVA impacta también a sectores cercanos al régimen.

Según servicios de inteligencia de Letonia citados por AFP, algunas élites rusas ya discuten posibles reemplazos para los actuales dirigentes, en busca de figuras más jóvenes que protejan sus intereses.

La pregunta sobre qué ocurre en Moscú resuena en círculos internacionales. La economía rusa, volcada al esfuerzo de guerra y sujeta a sanciones, muestra signos de fatiga: el PIB cayó un 0,2% en el primer trimestre, la primera contracción en tres años.

En palabras del politólogo Konstantin Kalachev, “hemos rebasado el umbral psicológico de los cuatro años, y algunos entendieron que las cosas no van para nada como estaba previsto”, dijo a AFP.

Kalachev detalla que, para que haya una crisis real, “se necesitan dos factores: un detonante y un líder”. Según su análisis, “el corte de internet no se convirtió en detonante gracias a la alternativa de los VPN, y en cuanto al líder… nuestro sistema no permite emerger a líderes no autorizados”.

A pesar de las tensiones, Putin conserva un control férreo del poder y, como resalta Kalachev, la disciplina social y la propaganda oficial siguen siendo herramientas clave para evitar que surjan opositores relevantes.

El experto francés Michel Duclos plantea, desde el instituto Montaigne, la comparación con los años ochenta, cuando la URSS comenzó a mostrar grietas ante la resistencia afgana. “La Rusia de hoy día choca con el escollo ucraniano”, escribió Duclos, aludiendo a las similitudes históricas y a la sensación de atasco que vive actualmente el Kremlin.

La guerra en Ucrania entra así en una nueva fase de incertidumbre para Rusia, marcada por las dificultades en el frente militar, la presión económica y el malestar social. El desenlace, de momento, sigue dependiendo de la capacidad del régimen para controlar cada uno de estos frentes y de la voluntad del propio Putin de negociar o prolongar el conflicto bajo sus propios términos.

(Con información de AFP)

Patricia Bullrich prefirió una frase suave pero que sigue resonando para describir el pico de enojo y el tono que marcaron la defensa cerrada de Manuel Adorni expuesta por Javier Milei como advertencia a la primera línea de gobierno. “Emocionalidad importante”, fue la definición de la jefa de los senadores violetas. Menos eufemístico fue Guillermo Francos, quizás más suelto en su condición de ex funcionario: habló de “furia” para calificar aquel estado de ánimo. El clima se ha extendido, en lugar de aplacarse. El caso del jefe de Gabinete sigue abierto, en la Justicia y a la espera de la prometida declaración jurada, pero ya no es el único tema de tensión interna. El cuadro suma pinceladas y hasta las imágenes amplían su sentido. Podrá verse el lunes, en el Tedeum por el 25 de Mayo.

La tradicional cita en la catedral metropolitana combina al menos dos elementos, uno habitual en esta celebración -la expectativa por el mensaje de la Iglesia- y otro estrictamente atado al clima del oficialismo. Es llamativo el ruido interno, a contramano, si se quiere, del objetivo de Olivos, que es exponer una imagen de gestión sin fisuras. Se trata de un recurso fatigado si la pretensión apunta dar por cerrada las tensiones domésticas. Quedaron viejas las postales de apoyo a Adorni y ahora se trataría de fotos de “unidad”.

Parece claro que las disputas no pueden ser atribuidas a factores externos y con trama conspirativa, más allá de que en la tendencia al ensimismamiento, el oficialismo prefiere apuntar a la expresión o repercusión externa, mediática. Uno de las últimas entregas, el caso “PeriodistaRufus”, escaló antes que nada en las redes sociales y alimentó incluso una intervención pública del Presidente, que no resolvió el tema. Milei busca ordenar la tropa con la imagen de la Catedral y una posterior reunión de Gabinete. Las versiones sobre esa cita indican que difícilmente una foto revierta la situación, que involucra de diferente modo a Bullrich, Karina Milei, Santiago Caputo, en primer lugar. Y supera el caso Adorni.

En el Gobierno, de todos modos, se advirtió que el Tedeum no se agota ni de lejos en la cuestión interna. Y, entonces, fueron encarados movimientos en un plano que no parece atendido enteramente por el Gobierno: la relación con la Iglesia. Esta semana, el ministro Pablo Quirno y otros funcionarios recibieron -luego de formal invitación- al presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo; al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y otras autoridades eclesiásticas.

El gesto y en especial su difusión exhiben las inquietudes de Olivos y eso mismo nutre las expectativas sobre la homilía de García Cuerva. Parece difícil que el contenido sea muy diferente al sentido de las últimas señales de las autoridades de la Iglesia. Se verá cuánto de elíptico o directo expone el mensaje. Por lo pronto, cuenta el antecedente del último 25 de Mayo. También, la repetida línea de preocupación expresada por el titular de la Conferencia Episcopal, desde la necesidad de asistencia socialmente extendida hasta temas puntuales como la situación en el área de discapacidad.

La intensidad de la interna tapa, de momento, otros temas. Y el foco del lunes que viene demuestra lo mucho que se ha complicado ese frente: la mirada ya no estará puesta únicamente en la frialdad del saludo con Victoria Villarruel, sino en la postal y los gestos de funcionarios y piezas destacadas en el tablero del Congreso. Lo dicho: no se reduce al caso Adorni, aunque lo incluye y en buena medida gatilla o amplifica otras disputas.

La reunión de Gabinete ampliado, el mismo lunes, y la cita de la “mesa política, al día siguiente, vienen precedidas por versiones cruzadas sobre el nuevo escalón alcanzado por la interna. Se mezclan dos líneas centrales: el renovado gesto de Bullrich que apunta contra Adorni y la disputa del bando de Santiago Caputo contra un integrante central del armado de Karina Milei.

El cruce ácido entre el círculo tuitero del asesor presidencial -y él mismo- contra Martín Menem colocó al Presidente en la necesidad de salir a bajar el tema. No lo logró. Y el giro posterior mostró al “caputismo” de las redes señalando que a Milei le habían mentido para descalificar la denuncia sobre la referida cuenta, y a los “karinistas” repitiendo que todo fue armado. En ese punto, resultó al menos flojo el papel del bando que responde a la hermana presdencial.

Karina Milei sumó otro disgusto vinculado con Adorni, pero esta vez por cuenta doméstica. En una semana sin novedades judiciales de peso en la causa -ni “sorpresas”-, el caso del jefe de Gabinete ganó títulos por la movida de Bullrich. Fue notorio el contraste buscado: la legisladora y ex ministra adelantó su declaración jurada, al revés del funcionario y a pesar de lo dicho por el Presidente. Reforzó además el mensaje que había motivado la respuesta de Milei, cuando reclamó que Adorni aclare de una vez por todas su situación patrimonial. Una manera de invitarlo a dar un paso al costado si no puede hacerlo.

Otra vertiente, menos sonora pero grave, es la que refiere no a la repetida fórmula del “manejo de la agenda”, sino a la gestión efectiva. La idea de freno o inacción en algunas áreas de Gobierno puede ser corrosiva. Y eso explica en parte el anuncio sobre el envío al Congreso de otro conjunto de proyectos, entre ellos el denominado “súper RIGI”. Los títulos ahora deben esperar el trámite legisltivo.

Las señales de las dos Cámaras son complejas, para nada lineales. En base a negociaciones -sobre todo con gobernadores, siempre medibles en costos reales-, el oficialismo se anotó un éxito en Diputados: votó la poda de subsidios al consumo de gas en algunas zonas frías. Falta la prueba del Senado, donde también en base a concesiones avanza la ley sobre propiedad privada, pero hasta ahora no se destraba la reforma electoral. También en ese último renglón asomó la tensión violeta, en este caso entre Bullrich y Karina Milei.

Los recelos con alguna base y, por supuesto, las versiones más envenenadas exponen que las disputas en el interior del oficialismo cruzaron hace rato límites peligrosos. Asoman en cuestiones sensibles para el poder, desde el caso $LIBRA hasta el detonante de la investigación en el área de discapacidad. Se suman siempre, también ahora, versiones sobre audios. Demasiado para arreglarlo con otra foto de familia.

Los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) no lograron alcanzar un acuerdo sobre el texto final que debía reafirmar los objetivos de desarme y no proliferación, tras cuatro semanas de negociaciones.

“A pesar de todos nuestros esfuerzos, entiendo que la conferencia no está en condiciones de llegar a un acuerdo sobre su labor de fondo”, declaró el presidente de la conferencia, el vietnamita Do Hung Viet, quien descartó someter el texto a consideración después de múltiples ajustes.

La conferencia tenía como objetivo revisar el acuerdo en vigor desde 1970, considerado la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear. Expertos señalaron que, aunque el tratado sigue vigente, la falta de consenso por tercera vez consecutiva debilita su legitimidad y la confianza en el mecanismo, lo que podría llevar a algunos Estados no nucleares a cuestionar si la no proliferación es la mejor opción para su seguridad.

“El texto está cada vez menos anclado en las realidades de los conflictos actuales y los riesgos de proliferación”, incluidos Corea del Norte e Irán, señaló Richard Gowan, del International Crisis Group. La última versión del texto, consultada por AFP, mencionaba que el régimen iraní nunca debe desarrollar armas nucleares, aunque ese párrafo permanecía entre corchetes por desacuerdos persistentes.

Seth Shelden, de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), afirmó: “La mayoría de los países efectivamente están trabajando de buena fe por el desarme. Pero el pequeño puñado de Estados poseedores de armas nucleares, y algunos de sus aliados, están socavando el TNP, frustrando los esfuerzos de desarme, ampliando sus arsenales y provocando la proliferación, y encaminando al mundo hacia la catástrofe”.

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en enero de 2025 existían 12.241 ojivas nucleares en manos de nueve Estados: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, el 90% de ellas bajo control estadounidense y ruso.

La misión de Irán ante Naciones Unidas responsabilizó el sábado a Estados Unidos por el fracaso de la última conferencia de revisión del TNP, al señalar que las posiciones defendidas por Washington llevaron a una situación de “caída libre”.

En un mensaje publicado en la red social X, la delegación iraní afirmó que “la Conferencia de Revisión del TNP fracasó por tercera vez consecutiva debido al obstruccionismo de Estados Unidos y sus aliados”. Teherán denunció que las “exigencias excesivas” de la administración estadounidense dificultaron cualquier posibilidad de consenso en las conversaciones celebradas.

Según la Asociación para el Control de Armas, uno de los principales puntos de fricción fue el intento de Washington de introducir en el debate cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

La representación iraní ante la ONU advirtió que el futuro del TNP depende de que las potencias nucleares asuman compromisos reales en materia de desarme. El acuerdo “no tiene futuro” sin medidas más amplias orientadas a la eliminación del armamento atómico, sostuvo la misión diplomática. En otro mensaje, reiteró que “sin desarme nuclear, no se puede imaginar ningún futuro para el TNP”.

Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destacó el 21 de abril la importancia del TNP, al afirmar que “sirve a los intereses en materia de seguridad de los Estados miembro y ha logrado frenar la propagación del uso de este tipo de armamento”. La Alianza acusó a países como Rusia y China de actuar de forma “irresponsable”.

En un comunicado, la organización señaló que “el deterioro actual del ambiente de seguridad supone un desafío relevante para el tratado a medida que la crisis de proliferación se profundiza y aumenta”, y calificó al TNP como “esencial para la arquitectura del desarme a nivel global”.

La OTAN acusó a Rusia de “violar sus compromisos vitales en cuestión de control de armas” y de utilizar una “retórica nuclear amenazante”. También señaló que China “sigue expandiendo rápidamente y diversificando su arsenal nuclear sin transparencia”.

(Con información de AFP y Europa Press)

Los dirigentes sindicales acumulan dudas cruciales para lo que viene. Por ejemplo: ¿la primavera europea es más fría de lo esperado? ¿Hace falta poner más o menos abrigo en la valija? La humorada responde a una realidad: un pelotón de gremialistas de primera línea se apresta a viajar al Viejo Continente en junio para presentar distintas denuncias contra la reforma laboral y otras medidas del Gobierno, en una actitud que tiene una enorme carga de escenificación política y una limitada expectativa de resultados concretos.

La conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que deliberará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza- es siempre la gran atracción de los dirigentes sindicales, aunque este año parece haber un mayor interés en viajar: la CGT está concentrada en la pelea judicial contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral y por ahora resiste las presiones internas de los sectores más combativos para avanzar hacia el cuarto paro general contra Javier Milei, por lo que el escenario internacional parece ideal para visualizar reclamos que en la Argentina siguen atrapados en un laberinto.

Fuentes sindicales estimaron que hay una veintena de dirigentes de la CGT, más una decena de las dos CTA, que se registraron para viajar a la OIT, donde la gran expectativa pasará por un acto organizado por el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), para protestar contra la reforma laboral argentina en un salón del organismo internacional, en el que hablarán dos cotitulares cegetistas (Jorge Sola y Cristian Jerónimo) y estarán invitadas las CTA que lideran Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Se tratará de un encuentro informal, fuera de las deliberaciones oficiales del organismo, como se efectúa desde hace dos años para darle visibilidad en el exterior al rechazo del gremialismo a las medidas de Milei.

Es que los sindicalistas no podrá concretar una denuncia formal contra la reforma laboral porque los mecanismos internos de la OIT impiden llevar reclamos recientes al debate inmediato en la conferencia que se hará en junio, postergando cualquier abordaje sobre las cuestiones más controvertidas en materia laboral hasta, como mínimo, el próximo año.

Aun así, habrá una nutrida delegación sindical para acompañar las denuncias contra el Gobierno, no sólo relacionadas con la Ley 27.802: uno de los que viajará será Sebastián Maturano (La Fraternidad), secretario de la Juventud de la CGT, que presentará ante los canales formales de la OIT una queja por la multa de más de 21 mil millones que le aplicó el Ministerio de Capital Humano a ese sindicato por haber adherido al último paro general pese a que estaba en conciliación obligatoria.

Los sindicalistas quieren aprovechar para denunciar al gobierno argentino por la reglamentación de las medidas de fuerza en un amplio listado de actividades previstas en la reforma laboral, sobre todo tras el espaldarazo de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que consideró que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por la libertad sindical y el derecho de sindicación previstos en el Convenio 87 de la OIT.

Esa decisión del tribunal de las Naciones Unidas despertó la euforia de los dirigentes gremiales en todo el mundo (el derecho de huelga se debatía desde hace décadas con el sector empleador a nivel internacional). Gerardo Martínez fue uno de los más entusiasmados en el plano local porque piloteó esa discusión en anteriores encuentros del organismo y una abogada de la UOCRA, Mónica Tepfer, integró la delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que fue a La Haya a recibir la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Incluso, en plena batalla de la CGT contra la reforma laboral, la voz de Martínez tendrá más relevancia este año porque fue elegido por el sector de los trabajadores como vicepresidente de la conferencia de la OIT.

En una antesala de lo que sucederá en junio, los sindicalistas aeronáuticos fueron a la OIT hace dos semanas para ratificar y ampliar las denuncias contra el gobierno de Milei por “las violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”. Uno de ellos, el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, advirtió en Ginebra que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y remarcó que sin esa garantía “no es posible asegurar un trabajo digno”.

Aunque se espera una mayor virulencia sindical contra el gobierno argentino en la OIT, este año tampoco irá a la OIT el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la postura argentina será defendida por Carlos Foradori, embajador y representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra.

La nómina completa de sindicalistas que volará a Ginebra por ahora es un misterio. Nadie en la CGT quiere que los medios amplifiquen la presencia en Europa de dirigentes que no tendrán un papel destacado en la OIT mientras sus afiliados atraviesan una compleja realidad socioeconómica. Pero sí trascendió, por ejemplo, que la UOM propuso que viaje María Soledad Calle.

Es toda una curiosidad: es la joven de La Cámpora que en la UOM desempeña funciones propias de un dirigente sin serlo y que, junto con Furlán, es investigada por la Justicia por la irregular administración de fondos sindicales provenientes de los aportes de afiliados, a partir de un convenio entre el sindicato metalúrgico y la empresa USEM, de la que es una de las dueñas, y que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil metalúrgicos.

El dato nuevo es que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acaba de anular los comicios de la UOM Zárate-Campana, donde el titular de la UOM ganó en medio de la falta de garantías de ser “elección confiable, segura y transparente”, como dijeron los jueces laborales en su fallo, por lo que se desplazó al secretario general y su secretariado y se designó a un interventor, que deberá convocar a una nueva votación en la seccional y a nivel nacional. Por eso, si la delegada de Furlán llega a Ginebra, tendrá otra denuncia para efectuar ante la OIT y no sólo será contra el Gobierno, al que acusa de haber promovido esta dura sentencia.