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SANTA FE.- Mal día para Algodonera Avellaneda, la textil concursada vinculada a la familia Vicentin. Ayer, el Banco Nación (BNA), el mayor acreedor del concurso, comunicó formalmente al juez que entiende en el caso, Fabián Lorenzini, de los Tribunales de Reconquista, que rechaza la propuesta de pago presentada por la empresa. El anuncio se conoció un día antes del vencimiento del plazo del periodo de exclusividad otorgado oportunamente por la Justicia para que la empresa lograra la adhesión mayoritaria de los acreedores a su propuesta de pago.

En este marco, esta mañana Lorenzini concedió una última prórroga corta, hasta el próximo 15 de mayo. También reconoció algunos intentos para reactivar la empresa con contratos a fasón como los realizados con Grassi SA, nuevo dueño de la cerealera Vicentin, y ordenó reuniones entre el Banco Nación y la concursada.

El rechazo del BNA dificulta que la textil con planta de producción en Reconquista alcance el porcentaje de adhesión que exige la ley para que el Poder Judicial homologue un convenio. Esta instancia es otro dolor de cabeza para los 366 trabajadores afectados directamente (entre los de régimen mensual y los quincenales), de los cuales la empresa querría conservar a unos 120 para su trabajo a futuro.

Fundamentos

Según Eleonora Sartor, apoderada del BNA, de aceptar la propuesta, Algodonera Avellaneda pagaría solo el 2,2% del capital nominal en dólares y un 0,02% de la deuda en pesos. “Esa propuesta es insignificante e inaceptable”, señaló. Aseguró que “la concursada pretende desconocer los efectos obligacionales que asumió, invocando argumentos falaces para intentar obtener resolución favorable a su pedido de prórroga del período de exclusividad”.

Además, en su respuesta, el BNA señaló que la oferta “no cumple las condiciones mínimas de plazo y carga financiera exigibles para ser aceptada por la entidad”, y advirtió que la propuesta implica una quita económica implícita que el BNA considera inaceptable. “Por la magnitud y naturaleza del crédito –explicó-, las decisiones deben elevarse al Directorio y que, tras el análisis técnico en distintas gerencias, la oferta no reúne las condiciones mínimas para su aceptación”.

Se afirmó que “dicha mejora de propuesta debe ser rechazada, puesto que no reúne las condiciones mínimas necesarias para ser aceptada por el Banco Nación; debiendo en su caso, ser mejorada en cuanto al plazo de repago y la carga financiera”.

Esta parte de la presentación ante el juez Lorenzini refiere a lo informado por la textil en la audiencia judicial celebrada el 7 de este mes en los tribunales de Reconquista, cuando la concursada ofreció a los acreedores una nueva opción de pago y corrigió otras. Ahora ofrecía cinco opciones, desde el pago al contado del 9%, hasta la cancelación total del crédito con un pago único dentro de 35 años. Nada de eso fue aceptado por el principal acreedor en este proceso.

Por otra parte, sobre la deuda en dólares, el BNA calcula que, descontando los flujos ofrecidos a una tasa del 12% anual, el Valor Actual Neto de la porción en dólares sería aproximadamente US$5,7 millones, lo que representa cerca del 2,2% del capital nominal y algo que el banco interpretó como una quita financiera implícita significativa. Para la porción en pesos, descontada a una tasa del 30% anual, el Valor Actual Neto se reduce a aproximadamente $316.738, equivalente a 0,02% del crédito nominal, cifra que el BNA calificó de insignificante.

El tema preocupa a los 366 trabajadores que la algodonera posee en su planta del Parque Industrial de Reconquista y a los más de 50 empleados en desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero. Días atrás se anunció la inyección de un flujo de dinero, a través de una propuesta de reactivación con Grassi, para recomponer en parte el momento difícil de la algodonera, pero el anuncio del Banco Nación puede atrasar varias cuestiones.

CÓRDOBA.- Continúa en San Luis la polémica por una cosecha de maíz cuyos dueños estiman en US$2 millones y su destino hace más de dos años que se desconoce. Por la causa está imputado Ricardo André Bazla, exsecretario provincial de Ética Pública y Control de Gestión -quien renunció cuando salió la decisión judicial- y Darío Oviedo, quien fuera director de esa área administrativa. El campo en cuestión es “El Caburé”, del departamento Pedernera, en el sur puntano, sobre el que la provincia retomó el control en abril del 2023.

Pascual Celdrán, abogado de Ricardo Vaira y Andrés Ingaramo -quien habían sembrado las 1948 hectáreas de maíz que fueron cosechadas en 2023- asegura que sus clientes “nunca” fueron notificados fehacientemente de que la provincia había retomado el control del campo y que incluso les siguieron cobrando el canon anual.

Es que la historia comienza en 2007 cuando la provincia de San Luis adjudica con opción a compra las 2000 hectáreas con dos condiciones: generar embriones de caballos de polo y pagar un canon a la administración provincial. El adjudicatario original era Daniel Lucero, a quien Vaira e Ingaramo primero le arrendan y, después, le compran la sociedad.

En 2017, según el Gobierno, por incumplimiento de esos requisitos revoca la operación. La decisión es apelada pero en 2022, “por decreto interno y sin notificación” según el abogado, la apelación es rechazada.

Sacaron el maíz

En ese contexto es que se sembró el maíz. Funcionarios provinciales tomaron el control y el maíz fue cosechado y sacado del campo, lo que motivó la denuncia judicial de Vaira e Ingaramo. “Cortaron los candados e ingresaron, dijeron que es del Gobierno y que les correspondía la posesión. Contratan a una persona de Buenos Aires que cosecha y el grano desaparece sin que exista ninguna constancia contable oficial”, dijeron.

Según publicaciones de la Agencia San Luis de mayo de 2024, “la provincia evitó la usurpación” del campo después de haberlo “recuperado” un mes antes. “Nos enteramos ayer que habían cambiado el candado, nos avisó la persona que está encargada del cuidado del campo, que no pudo ingresar. Inmediatamente el doctor Darío Oviedo radicó la denuncia policial y volvimos para evitar la usurpación de esta propiedad del Gobierno que ha sido objeto de una conducta violenta que naturalmente vamos a desterrar. Esas son las instrucciones del gobernador Claudio Poggi. Por eso nos vinimos al sur de la provincia para realmente tomar posesión, como ya la teníamos, pero que fue perturbada por personas que desconocemos. Naturalmente a partir de ahora se inicia una investigación policial y judicial”, dijo Bazla entonces.

Hace tres semanas, Bazla fue imputado como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

El fiscal Leandro Estrada sostuvo que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin respetar los procedimientos administrativos establecidos, lo que habría generado un perjuicio al Estado provincial. En ese sentido, indicó que se habrían vulnerado normas previstas en la Ley de Contabilidad en relación con las contrataciones.

De acuerdo a la acusación, tras la recuperación del campo por parte del Gobierno provincial en 2024, Bazla habría intervenido en contrataciones para la cosecha de maíz sin cumplir con los mecanismos legales correspondientes, alterando la situación patrimonial del predio. La defensa del exfuncionario rechazó las acusaciones de las querellas y planteó la nulidad de lo actuado por supuesta vulneración del derecho de defensa, argumento que fue desestimado por el juez interviniente.

Después de imputado, Bazla renunció a su cargo con una carta dirigida al gobernador Claudio Poggi: “Motiva la presente, la necesidad de ejercer mi derecho de defensa frente a una serie de decisiones judiciales y medidas de coerción dirigidas contra mi persona, pero que entiendo no sólo me afectan en lo personal, sino que, bajo ningún punto de vista, quisiera que lo propio dañara la impecable gestión de gobierno que Ud. encabeza y menos aún, su lucha contra la corrupción y el claro objetivo de recuperar la institucionalidad de nuestra provincia”.

Qué dice el Gobernador

“Nosotros tomamos las medidas de desafectar a un funcionario y someterlo a investigación. Ahora la Justicia consideró que el doctor Bazla debe también ser investigado, y soy respetuoso de las acciones judiciales, y me parece bien”, planteó Poggi.

Consideró que la Justicia debe hacer “una investigación mucho más amplia, porque en definitiva de ese campo que la provincia recuperó en el 2017, y no sabemos qué pasó con lo producido ahí en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”.

Señaló que hasta ahora la investigación judicial “fue bien rápida aunque falta completar los siete años anteriores cuando el gobernador era otro. Me sorprendió la velocidad con que se abordó este tema y no se abordaron los siete años anteriores que el campo estaba en la misma condición”.

Añadió que es “respetuoso de la Justicia y ese es uno de los cambios que votó la ciudadanía de San Luis. El cambio está en que automáticamente el funcionario mismo se retira del Gobierno para defenderse como corresponde, no se cubre a nadie”.

Los querellantes aseguran que hay audios -que circularon en redes sociales- de una persona identificada como asesor, presuntamente vinculada a funcionarios provinciales, sugiriendo formas de comercializar el maíz sin dejar registro contable. Por estos presuntos delitos la denuncia escaló al fuero federal, que investiga una posible evasión fiscal agravada.