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  • El Gobierno adjudicó 8 tramos de rutas 
nacionales por un plazo de 20 años

    El Gobierno adjudicó 8 tramos de rutas nacionales por un plazo de 20 años

    El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones – Etapa III.

    El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

    Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

    En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

    Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

    1. Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
    2. Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
    3. Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
    4. Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
    5. Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
    6. Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
    7. Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
    8. Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

    La Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se desestimaron ofertas de peso, entre las que se destaca la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los ocho tramos de la licitación.

    Asimismo, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, los cuales limitan la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse individualmente para fomentar la competencia.

    Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

    El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

    Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.

  • Javier Milei retomó la actividad en Casa Rosada: encabeza una nueva reunión de Gabinete

    Javier Milei retomó la actividad en Casa Rosada: encabeza una nueva reunión de Gabinete

    Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
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    A diferencia de lo que ocurrió durante las últimas semanas, este lunes a las 9.25, el presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada, atravesó el patio de los Bustos y se dispuso a esperar a la plana completa de su Gabinete para iniciar la reunión que convocó para las 10. Luego de 23 días de reclusión en la quinta de Olivos, con la agenda en secreto, el mandatario decidió involucrarse de lleno en la actividad legislativa que configura la dinámica de gestión.

    Desde las 10, se dan cita en el Salón Eva Perón los ministros y secretarios que auxilian en la diaria al libertario. El último intercambio del estilo data del pasado 9 de julio y se llamó a última hora tras el Te Deum por la fecha patria. Hasta entonces, la mesa política tomó a cargo la determinación de procesar las principales definiciones políticas.

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    Durante las últimas reuniones, el Presidente dedicó varios minutos para brindar un panorama detallado de la situación económica y se espera que en esta ocasión reitere lo que expuso durante sus últimas dos apariciones de la última semana, en la que realizó una exhaustiva defensa del programa y rechazó la premisa de que haya gente que no llega a fin de mes.

    El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
 (imagen de archivo)

    No obstante, hay algunas voces disonantes como la de la senadora Patricia Bullrich, quien hizo pública la necesidad de que haya “más velocidad en los resultados” para que la sociedad sienta una mejora en los bolsillos. Si bien ratificó el rumbo, pidió celeridad “para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”.

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    Con la determinación de volver a reunir al equipo adoptada a raíz de los movimientos de la prensa, Milei busca mostrarse en actividad y, en paralelo, citó nuevamente a diputados y senadores. La reunión se realizará este martes a las 17.30 en el salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada con la idea de aceitar la dinámica del Congreso que este miércoles debatirá los proyectos de Inocencia Fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

    Entre los primeros asistentes en llegar a Balcarce 50 se lo vio al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por lo que se descuenta que la sesión en la Cámara Baja integre el temario de la reunión.

    Patricia Bullrich saluda con la mano extendida al salir de una camioneta negra junto a la Casa Rosada y personal de seguridad

    Noticia en desarrollo…

  • Abría el portón de su casa en Paraná y fue golpeado por un ladrón que intentó ingresar a la vivienda

    Abría el portón de su casa en Paraná y fue golpeado por un ladrón que intentó ingresar a la vivienda

    Un hombre resultó herido en la cabeza luego de ser atacado con un hierro por un joven que habría intentado ingresar a su vivienda durante la mañana de este lunes, en inmediaciones de las calles República de Siria y Calderón, en Paraná. El presunto agresor fue localizado y detenido por la Policía.

     

    Según se informó a Elonce, el damnificado se disponía a abrir el portón lateral de su domicilio cuando fue abordado por un hombre. De acuerdo con su relato, el desconocido intentó entrar a la propiedad y lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente.

     

    Tras la agresión, el atacante escapó del lugar.

     

    Detuvieron al presunto agresor

    Tras la denuncia, personal policial desplegó recorridas por el sector a partir de las características aportadas por la víctima. Durante el operativo, los efectivos localizaron a un joven cuya apariencia coincidía con la descripción proporcionada. Posteriormente, fue reconocido como el presunto autor del ataque.

     

    El herido fue trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica por la lesión sufrida.

     

    La Fiscalía interviniente dispuso la detención del sospechoso, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, los policías secuestraron el elemento de hierro presuntamente utilizado durante la agresión.



     



    Circulaba con una bicicleta denunciada como robada

    Por otra parte, durante la noche del domingo, personal policial identificó a un hombre que circulaba en bicicleta por inmediaciones de avenida Ramírez y calle Pasteur.

     

    Al verificar los datos del rodado, los agentes comprobaron que la bicicleta había sido denunciada como robada el pasado 1º de mayo, en jurisdicción de la Comisaría Primera.

     

    Tras comunicar lo ocurrido a la Fiscalía en turno, se ordenó el secuestro de la bicicleta y su posterior restitución al propietario. El hombre que tenía el rodado quedó detenido por el supuesto delito de receptación sospechosa.



  • Inseguridad en el campo: avanza un proyecto para castigar el vandalismo rural

    Inseguridad en el campo: avanza un proyecto para castigar el vandalismo rural

    El sector agropecuario celebró que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto de ley impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para incorporar al Código Penal la figura del vandalismo rural, una iniciativa que busca establecer penas específicas para quienes provoquen daños contra silobolsas, cultivos, ganado, forrajes e infraestructura vinculada a la producción agropecuaria.

    La propuesta, promovida por la entidad desde hace tiempo, comenzó a ganar impulso parlamentario en un contexto en el que las organizaciones rurales vienen reclamando una respuesta más firme frente a los ataques registrados en establecimientos agropecuarios de distintas regiones del país.

    En CRA sostienen que la legislación vigente no contempla adecuadamente este tipo de delitos y que, en muchos casos, los hechos terminan sin sanciones proporcionales al perjuicio ocasionado.

    Durante su participación en la Exposición Rural de Salta, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, ubicó el avance parlamentario entre las principales noticias para el sector y destacó la importancia institucional de que el proyecto llegue al Congreso.

    Carlos Castagnani destacó la importancia institucional de que el proyecto llegue al Congreso
    Carlos Castagnani destacó la importancia institucional de que el proyecto llegue al Congreso

    “Durante mucho tiempo quienes vivimos y trabajamos en el campo sentimos que estos hechos quedaban impunes. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda con miles de productores que invierten, generan empleo y producen alimentos para la Argentina y el mundo”, afirmó.

    El dirigente explicó que la iniciativa propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis para crear la figura específica de Vandalismo Rural.

    Según detalló, el proyecto establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados con la producción agropecuaria cuando esas acciones afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural.

    Además, la propuesta incorpora nuevas modalidades dentro del delito de estrago, incluyendo la liberación de agentes biológicos o patógenos, y prevé distintas escalas penales según exista dolo, imprudencia o negligencia, especialmente cuando esos hechos generen riesgo para las personas o provoquen consecuencias fatales.

    Para Castagnani, el proyecto trasciende la protección patrimonial y apunta a brindar mayor seguridad jurídica a quienes producen. “No estamos hablando solamente de proteger bienes materiales. Estamos defendiendo el trabajo de miles de familias, la inversión productiva, la generación de empleo y la seguridad jurídica que necesita cualquier país que quiera desarrollarse. El delito evoluciona y la legislación también debe hacerlo para evitar la impunidad”, sostuvo.

    La preocupación por este tipo de hechos viene siendo uno de los reclamos permanentes de las entidades rurales, que sostienen que los ataques generan pérdidas económicas, afectan el normal desarrollo de las actividades productivas y profundizan la sensación de inseguridad en las zonas rurales.

    El respaldo al tratamiento legislativo también fue expresado por el vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, durante la Exposición Rural de Hasenkamp, en Entre Ríos.

    Colombatto señaló que la iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia frente a los ataques, daños y distintos hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios
    Colombatto señaló que la iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia frente a los ataques, daños y distintos hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios

    En ese ámbito, el dirigente reafirmó el compromiso federal de la entidad con los productores y calificó como un avance institucional que el proyecto haya comenzado a discutirse en el Congreso.

    Colombatto señaló que la iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia frente a los ataques, daños y distintos hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios. “Es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso. Esto demuestra que el trabajo gremial no termina en un comunicado; cuando un problema del productor se convierte en una discusión parlamentaria, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional”, expresó.

    La entidad sostiene que los daños sobre silobolsas, granos, cultivos, rodeos e instalaciones rurales no solo generan importantes pérdidas económicas para los productores, sino que también repercuten sobre toda la cadena agroindustrial y la actividad de las economías regionales.

    El proyecto apunta a brindar mayor previsibilidad jurídica y desalentar conductas que, hasta ahora, muchas veces no encontraron un encuadre penal específico
    El proyecto apunta a brindar mayor previsibilidad jurídica y desalentar conductas que, hasta ahora, muchas veces no encontraron un encuadre penal específicoGza.

    En ese sentido, remarcan que la iniciativa apunta a brindar mayor previsibilidad jurídica y desalentar conductas que, hasta ahora, muchas veces no encontraron un encuadre penal específico.

    Para CRA, el avance del proyecto representa la posibilidad de actualizar el marco legal frente a un fenómeno que consideran cada vez más frecuente y que afecta directamente la producción, la inversión y el trabajo en el interior del país.

    Nicolás Pino en Salta

    En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, estuvo en la Exposición Rural de Salta. Valoró el ordenamiento económico, volvió a pedir retenciones cero y habló de los productores del norte.

    “El orden macroeconómico es fundamental. La estabilidad es fundamental. Pero el verdadero objetivo es que esa estabilidad se traduzca en crecimiento. Y para crecer necesitamos producir”, afirmó. Habló de la necesidad de producir más alimentos, que las economías regionales lo hagan y generar las condiciones para ese fin: “Necesitamos que el productor del norte pueda competir con el productor de cualquier otra región del mundo”.

    Sobre retenciones indicó: “Nuestra posición es clara: retenciones cero, por ley y para siempre”.

    Habla Nicolás Pino en la Expo Rural de Salta
    Habla Nicolás Pino en la Expo Rural de SaltaSRA
  • Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 24 de agosto

    Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 24 de agosto

    Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 24 de agostoEl billete al público continúa ofrecido a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue opera a $1.550. Las reservas del BCRA alcanzaron un nuevo máximo desde 2019

  • China no supera la crisis inmobiliaria pese a la condena del fundador de Evergrande

    China no supera la crisis inmobiliaria pese a la condena del fundador de Evergrande

    China no ha logrado pasar página de la profunda crisis inmobiliaria en la que se encuentra sumergida desde hace seis años, pese a la condena, la semana pasada, a cadena perpetua del fundador de Evergrande, Hui Ka Yan, quien llegó a ser la persona más rica de Asia.

    Millones de viviendas parcialmente construidas permanecen abandonadas en toda China, la recuperación de los precios de las viviendas nuevas en ciudades como Pekín y Shanghái se estancó y las ventas de terrenos continúan en descenso. El colapso del sector inmobiliario sigue siendo un lastre para la economía china.

    En las ciudades más pequeñas del interior, los precios de las viviendas de segunda mano bajaron casi 25% respecto de los niveles de 2020, lo que frena el consumo, informó Reuters. La economía china creció 4,3% en los tres meses hasta junio respecto del mismo trimestre del año anterior, el ritmo más lento en más de tres años.

    La situación también afecta al crecimiento basado en la demanda interna. Con el sector inmobiliario en retroceso, China depende cada vez más de las exportaciones. El superávit comercial del país se duplicó con creces desde 2019, un incremento que intensificó las tensiones comerciales con la Unión Europea (UE) y EEUU y generó preocupación por un posible “shock chino 2.0”, debido a que las exportaciones desplazan a industrias locales de sus socios comerciales, incluso en el Sur Global.

    Sam Radwan, director ejecutivo de Enhance International, una consultora inmobiliaria con sede en Chicago, fue categórico: “El problema es sistémico y no hay mucho que se pueda hacer al respecto”. “Hay más viviendas que hogares; más de un tercio de la población utilizaba las segundas residencias como inversión”, agregó.

    Evergrande entró en impago en 2021 y comenzó su liquidación en 2024. Su competidora Country Garden incumplió en 2023 y no realizó ninguna compra de terrenos desde entonces. China Vanke intenta prorrogar algunos plazos de amortización de bonos y sustituyó a la mayor parte de su alta dirección por ejecutivos procedentes de empresas estatales.

    El líder del régimen chino, Xi Jinping, intentó redirigir el crédito bancario y el apoyo estatal del sector inmobiliario hacia industrias tecnológicas estratégicas, como la robótica y los semiconductores. Sin embargo, según los analistas, esos sectores emergentes todavía son demasiado pequeños para compensar el impacto negativo de la crisis inmobiliaria.

    El rescate estatal

    Dado que la mayoría de las empresas inmobiliarias privadas quebraron, las promotoras inmobiliarias estatales dominan ahora el mercado. Los participantes del mercado prevén que el sector inmobiliario estará más sujeto a la supervisión estatal.

    Radwan estima que se necesitarán 18 meses para liquidar el inventario de viviendas. Según su cálculo, los precios de las viviendas deben bajar un 40% más respecto de los niveles de 2025 para alcanzar el equilibrio, un proceso que podría durar otra década.

    Otros analistas sostienen que la situación podría no empeorar de forma sustancial. Christopher Beddor, subdirector de investigación sobre China en Gavekal Dragonomics, declaró a Reuters: “No prevemos un empeoramiento sustancial a partir de ahora”.

    Beddor señaló que lo más probable es una corrección gradual y continua de los precios que, con el tiempo, estabilice el mercado y permita cierta mejora.

    La condena de Hui Ka Yan fue además el tema predominante en las publicaciones de usuarios indignados en las redes sociales chinas. Propietarios y acreedores cuestionaron por qué el fundador de Evergrande no fue condenado a muerte después de ser declarado culpable de delitos que iban desde el uso indebido de fondos hasta el soborno.

    El hashtag relacionado con la condena acumuló más de 370 millones de visualizaciones y 72.000 debates en Weibo, la plataforma china, el jueves.

  • Continúan las indagatorias de la causa por narcotráfico en el Juzgado Federal y un hombre permanecía prófugo

    Continúan las indagatorias de la causa por narcotráfico en el Juzgado Federal y un hombre permanecía prófugo

    En la jornada de este lunes continuarán las declaraciones indagatorias en el Juzgado Federal de Paraná a cargo de Leandro Ríos, en el marco de la causa que investiga el hallazgo de 1345 kilos de marihuana en un vehículo utilitario en La Paz y que tiene a varias personas detenidas desde el miércoles pasado.

    Martín Reynaldo Pellizari, defendido por el abogado Franco Azziani Cánepa, será trasladado desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná a fin de que le informen los hechos que le imputan, instancia en la cual podría declarar para defenderse o dar alguna explicación. En principio, no lo hará hasta que su defensor se ponga en autos y luego sí pediría la ampliación para dar su versión de los hechos.

    El jueves fue la instancia de la indagatoria del comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos, Daniel Rosatelli, quien se abstuvo de declarar a la espera de que sus abogados defensores (Damián Petenatti, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen) analicen los 12 cuerpos del expediente.

    El viernes fue el turno de los hermanos Alan y José Belén Favieri, acusados de participar en el transporte del cargamento de droga. Defendidos por el abogado Alberto Salvatelli, se abstuvieron de declarar, al igual que Claudio Luna, asistido por la defensa pública oficial.

    Quien permanecía prófugo es Esteban Siebenlist Bustos, quien sería señalado también como posible responsable del cargamento de marihuana. El hombre tiene un par de causas por amenazas, frecuentemente lo nombraban como dueño de un búnker de drogas en la zona de calle Pronunciamiento, donde ha tenido domicilio, pero hasta ahora no había sido imputado en una causa por narcotráfico.

    La causa se originó a partir de aquel procedimiento realizado el 13 de febrero por policías de Delitos Rurales que persiguieron un Citroën Jumper por un camino vecinal. Detuvieron a César Leonel Ramírez y otros dos hombres se fugaron. En el vehículo estaban los bultos con la droga.

    El rastro del utilitario permitió saber que tenía pedido de secuestro por una denuncia y que había sido comprado por el condenado por estafa Pellizari a otro estafador, Jonathan Barbieri. En esa trama surgen los demás nombres de quienes están arrestados en la cárcel de Paraná y del prófugo.

  • Ocho tramos Se completó la adjudicación de 3.920 km de rutas por peaje: los consorcios ganadores

    Ocho tramos Se completó la adjudicación de 3.920 km de rutas por peaje: los consorcios ganadores

    El Ministerio de Economía dio a conocer los consorcios a los que se adjudicaron las obras de mantenimiento por peaje de los ocho tramos que integran la tercera y última etapa de la Red Federal de Concesiones, con lo que completó la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

    Los adjudicatarios de los tramos  Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que en total suman 3.920,21 kilómetros, están detallados en la resolución 1379/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

    Las adjudicaciones de los tres tramos de la Red Federal de Concesiones se realizan en el marco de la política del presidente Javier Milei de transferir al sector privado la realización de la mayor parte de las obras que con anterioridad llevaba a cabo el Estado.

    Seguridad vial y costos logísticos

    Asimismo, tienen lugar en medio de varios reclamos de provincias, transportistas y entidades de defensa del usuario sobre el estado de las rutas nacionales, que presentan un nivel de deterioro con consecuencias tanto en la seguridad vial como en los costos logísticos de las empresas, en un país donde dos tercios del total de las mercaderías se traslada por medio de camiones.

    La culminación del proceso licitatorio había sido anunciada el viernes 21 de agosto en sendos posteos por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes destacaron respectivamente que representa “más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos” y que de esa manera “queda completa la transferencia al sector privado de la red troncal de rutas nacionales, un paso imprescindible para la producción y la seguridad vial”.

    Los tramos adjudicados

    Los tramos fueron licitados para la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”, de acuerdo con lo indicado en el primer artículo de la resolución.

    Los recorridos atraviesan once provincias: Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.  

    El detalle de los adjudicados en el primer orden de mérito (ante eventuales desistimientos, la resolución también precisa los ubicados en segundo término) son los siguientes:

    •  Tramo Centro (rutas 9, 19 y 34; 681,92 km en Santa Fe y Córdoba): Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A, ofertó $1.399.
    • Tramo Centro Norte (ruta 34; 536,43 km en Santiago del Estero y Santa Fe): José Cartellone Construcciones Civiles S.A., ofertó $2.175.
    • Tramo Mespotámico (rutas 18 y 12; 276,11 km en Entre Ríos): IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U, ofertó $3.564,99.
    • Tramo Noroeste (rutas 9, 34, 66 1V66 y AO16; 596,52 km en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero): Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., ofertó $2.285.
    • Tramo Litoral (rutas 12 y 16; 546,74 km en Chaco y Corrientes): JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., ofertó $2.876,04.
    • Tramo Noreste (rutas 12 y 105; 456,22 km en Misiones y Corrientes): Carlos E. Enriquez S.A. – Hormi S.A., ofertó $2.950.
    • Tramo Chaco-Santa Fe (ruta 11; 497,18 km en las dos provincias): José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., ofertó $3.520.
    • Tramo Cuyo (ruta 7; 329,09 en Mendoza): Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., ofertó $3.090,2462.

    Todas las ofertas son sin IVA y por un plazo de 20 años.

    En un comunicado, Economía recordó que “este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional”.

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    El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

    Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

    En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

    Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

    • Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
    • Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
    • Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
    • Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
    • Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
    • Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
    • Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
    • Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

    La ley que Caputo ignora

    El ICL tiene una afectación específica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra pública vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desvío no es una omisión administrativa: es una política deliberada que consolida el superávit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.

    Cuando se lo consultó por esta situación, el vocero presidencial Adrián Ravier no cuestionó la retención sino que la justificó: sostuvo que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. La declaración equivale a reconocer que el Gobierno optó por reemplazar la inversión pública garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventarán a través de peajes.

    Las consecuencias de la desinversión trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos críticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retención del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura común para sostener un superávit que la propia deuda externa hace insostenible.


  • Un colaborador de Mark Walter puede ser la clave para dilucidar un escándalo financiero con repercusiones en la Argentina

    Un colaborador de Mark Walter puede ser la clave para dilucidar un escándalo financiero con repercusiones en la Argentina

    El escándalo financiero involucra a aseguradoras, entidades intermediarias y fondos canalizados a través de múltiples vehículos empresariales (Reuters)
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    La estructura financiera que sostiene al imperio de Mark Walter se encuentra bajo el escrutinio de autoridades federales de Estados Unidos, en una trama que compromete a aseguradoras, inversiones deportivas de alto perfil y un circuito de préstamos con ramificaciones en distintos países, incluida la Argentina. Según informó The Wall Street Journal, el papel de Rich Moore, un colaborador de confianza del empresario, resulta esencial para comprender el funcionamiento de este entramado y las razones que motivaron la investigación.

    Las pesquisas apuntan a determinar si Walter utilizó compañías de seguros bajo su control para canalizar fondos hacia otros negocios de su propiedad, sin revelar de manera adecuada los vínculos entre las partes involucradas. De acuerdo con el reporte de The Wall Street Journal, los investigadores se centran en la operatoria de préstamos entre entidades afiliadas, una práctica permitida en la industria siempre que se cumplan límites y se informe de modo transparente a los reguladores.

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    Dentro del conglomerado TWG Global, la figura de Moore adquiere especial relevancia. De acuerdo con fuentes consultadas por The Wall Street Journal, Moore actuó como intermediario entre las aseguradoras y las empresas receptoras de los préstamos, coordinando la creación de entidades legales específicas para canalizar los fondos. Su rol como ejecutor y responsable de los detalles técnicos en los préstamos le valió el reconocimiento dentro del círculo más cercano al empresario.

    Las compañías de seguros Delaware Life y Clear Spring Life & Annuity, ambas controladas por el grupo de Walter, realizaron una revisión interna que identificó aproximadamente 20.000 millones de dólares en préstamos privados cuyo destino final no se transparentó ante los reguladores como correspondía. Según la investigación, los fondos circularon a través de empresas intermediarias como ABS Capital, Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading, que crearon sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) para recibir y redirigir el dinero a otras entidades del grupo.

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    ABS Capital es el link del escándalo con la Argentina: los empresarios Juan y Diego Ball, ex empleados de Guggenheim y figuras conocidas en el ambiente de negocios porteño, aparecen nombrados en el entramado que está bajo la lupa.

    Mark Walter enfrenta una investigación federal en Estados Unidos por préstamos entre compañías de su propio grupo (Kirby Lee-Imagn Images)

    La operatoria incluyó la utilización de capas adicionales de LLCs, muchas veces con nombres que no permitían identificar fácilmente su relación con los negocios de Walter. Fuentes citadas por The Wall Street Journal detallaron que el dinero terminaba llegando a entidades bajo el control del magnate y que los registros regulatorios no siempre reflejaban la naturaleza de las transacciones.

    EquiTrust, otra aseguradora vinculada a Amistad Financial, también participó con préstamos millonarios a vehículos relacionados con las demás intermediarias. La investigación se amplió para abarcar el complejo entramado de relaciones entre las distintas compañías y los mecanismos utilizados para transferir capitales.

    Según el perfil profesional de Moore, su vinculación con el grupo de Walter comenzó en 2008, cuando ingresó a la firma financiera Guggenheim Partners. Tras casi catorce años, pasó a Group 1001, la filial responsable de supervisar las aseguradoras del conglomerado. En 2023, asumió como vicepresidente ejecutivo de TWG Global, entidad que agrupa las participaciones de Walter en firmas financieras, deportes profesionales y tecnología.

    The Wall Street Journal consignó que TWG Global optó por no emitir comentarios sobre el avance de la investigación, aunque en anteriores ocasiones declaró que siempre actuó de buena fe y rechazó cualquier intento de eludir las obligaciones reglamentarias. En paralelo, el conglomerado inició acciones para reducir la cantidad de préstamos afiliados registrados en sus aseguradoras, entre ellas el reemplazo de activos por valor de 6.500 millones de dólares por otros no vinculados.

    La investigación federal, que incluye la intervención de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), derivó en consecuencias para otras compañías relacionadas con el entorno de Walter. El valor de la deuda emitida por Guggenheim Partners y la aseguradora Sammons, uno de los primeros socios del magnate, cayó en los mercados. Las acciones de Carvana, una de las inversiones más visibles en el portafolio de Walter, sufrieron un descenso abrupto antes de recuperar parte de su valor. Documentación regulatoria reveló que el empresario utilizó la mayoría de su participación en la empresa como garantía en distintas operaciones financieras.

    Aunque no hay pruebas de delitos, los reguladores de EEUU siguen de cerca préstamos que empresas de seguros controladas por Mark Walter dieron a otras empresas del mismo dueño (Reuters)

    Según la reconstrucción de los hechos presentada por The Wall Street Journal, la estructura de préstamos seguía un patrón definido. Las firmas intermediarias recibían la propuesta para participar en la operatoria y obtenían ganancias mediante la diferencia entre los intereses cobrados a los destinatarios finales y los pagados a las aseguradoras. Una vez concretado el acuerdo, la firma de inversiones Franklin Monroe, con sede en Chicago y vinculada al entorno de Walter, se encargaba de la documentación y la gestión administrativa de los préstamos.

    Las fuentes citadas en la investigación describieron a Moore como la persona de referencia para resolver cualquier duda durante el proceso, tanto para los intermediarios como para las partes interesadas. La coordinación de los contratos y la articulación de las distintas etapas del flujo de fondos recaía en su equipo, que mantenía contacto directo con los responsables de cada firma involucrada.

    La operatoria alcanzó dimensiones globales por la diversificación de inversiones de Walter, que incluyó activos en deportes, tecnología y mercados emergentes. La decisión de desprenderse de participaciones en equipos como Los Angeles Lakers y el club inglés Chelsea formó parte de la estrategia para ajustar la exposición del grupo frente al avance de la investigación.

    The Wall Street Journal reiteró que representantes de las firmas involucradas evitaron responder a múltiples solicitudes de comentarios, mientras que la SEC y los fiscales federales continúan analizando la documentación y el alcance de las transacciones. La revisión de los préstamos y las transferencias entre entidades afiliadas permanece en el centro del trabajo de los reguladores.

    La dimensión del caso y la extensión del entramado financiero despertaron el interés de los mercados internacionales, en particular por la presencia de inversiones y operaciones en América Latina y la Argentina.