La Universidad de Buenos Aires (UBA) exigió al Gobierno nacional la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó la emergencia presupuestaria para 2026. El Consejo Superior lo resolvió por unanimidad este miércoles 11 de marzo de 2026. La medida responde a la falta de actualización del presupuesto nacional que, según la casa de estudios, no incorpora lo previsto por la ley ni garantiza fondos adecuados para gastos de funcionamiento, sueldos y servicios esenciales.
En la resolución, las autoridades universitarias exigieron específicamente a los Ministerios de Capital Humano y de Economía la urgente actualización del presupuesto, acorde con la inflación y las necesidades del funcionamiento institucional, especialmente en áreas de salud, investigación, extensión y educación; además reclamaron mejorar la infraestructura universitaria, fortalecer las becas estudiantiles y garantizar el financiamiento de los colegios preuniversitarios.
Señalaron que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial fue aprobada dos veces por el Congreso, pero hasta el momento no fue aplicada ni reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo que pone en riesgo el sostenimiento de actividades clave de la universidad. “La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, sostuvo el comunicado.
La UBA también confirmó la emergencia salarial de todos los trabajadores docentes y no docentes, incluyendo profesionales de la salud e investigadores, y advirtió que sin recursos adecuados se verían afectados tanto la calidad educativa como la atención en los seis hospitales e institutos universitarios que ofrece la institución.
En el comunicado oficial, el Consejo Superior subrayó que las universidades públicas son fundamentales para la formación de profesionales estratégicos para el país y requieren presupuestos adecuados para planificar y sostener sus funciones.
Las universidades públicas son centrales en la formación de profesionales estratégicos, graduando, por ejemplo, a casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina.
“Es por ello que se requiere la jerarquización de la función de sus trabajadores y trabajadoras para garantizar la excelencia en las tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia a la salud. Para el desarrollo de estas funciones, resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias”.
De igual forma, la resolución afirma que: “Promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado, (…) resulta necesario el trabajo conjunto entre la Universidad y el Poder Ejecutivo Nacional, en atención a los desafíos actuales y al rol estratégico que la educación superior y el sistema científico-tecnológico tienen para el desarrollo de la República Argentina”.
¿Qué pasa con la Ley de Financiamiento Universitario?
La Ley de Financiamiento Universitario fue una de las normas que el Gobierno no quería que se aprobara porque, según su criterio, desajustaría el balance fiscal logrado. Sin embargo, durante los últimos meses de 2025 la ley obtuvo sanción en ambas Cámaras, fue vetada por el Poder Ejecutivo y, posteriormente, el veto fue rechazado por el Congreso, con lo cual la norma volvió a quedar aprobada.
Actualmente, su implementación está totalmente detenida a pesar de que un fallo judicial obliga al Gobierno a efectuar la transferencia. Para dilatar la medida, el oficialismo presentó un contraproyecto con aumentos menores, asegurando que, de aprobarse, se destinarán los fondos necesarios para su ejecución. El nuevo proyecto que el Gobierno envió al Congreso propone un aumento de solo el 12,3% en 2026, eliminando la obligación de equiparar los salarios con la inflación.
Por ese motivo, las asociaciones docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo, exigiendo que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se convoque a paritarias.
El Gobierno nacional sancionó la ley, pero suspendió su aplicación hasta definir nuevas fuentes de financiamiento a través del Presupuesto, lo que motivó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a presentar un amparo judicial. El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la ejecución inmediata de la norma. En febrero de 2026, el Ejecutivo apeló la decisión y presentó un nuevo proyecto que, según universidades y gremios, modifica el alcance original de la ley.
En el Ejecutivo parece no haber intención de avanzar con múltiples temas hasta entrado abril. “El proyecto para las universidades debería ser una excepción y tratarse cuanto antes”, asegura una fuente gubernamental cercana a esas gestiones.
RG
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