Tras el escándalo generado por las recientes declaraciones de la empresaria y exparticipante del programa “Gran Hermano”, Lorena González del Valle, la Justicia Federal recibió, este miércoles, una denuncia penal que apunta directamente contra el expresidente Alberto Fernández y el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
La presentación busca investigar si existió un direccionamiento fraudulento en la adjudicación de obras públicas a la firma Niro Construcciones S.A., vinculada a González del Valle, a partir de la relación personal que ella mantenía con el entonces mandatario.
La denuncia, impulsada por los abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, se fundamenta en las propias declaraciones públicas de González del Valle, quien reconoció haber mantenido un vínculo personal con Fernández. Según el escrito judicial, la empresaria habría contactado al expresidente durante el ejercicio de su cargo, tras lo cual habría sido derivada al ministro Ferraresi.
A partir de ese contacto, la constructora Niro Construcciones S.A., habría comenzado a participar de forma sistemática en los procesos licitatorios del programa PROCREAR. De acuerdo con la información recabada por los denunciantes, la empresa participó en nueve licitaciones y resultó adjudicataria de al menos cuatro grandes desarrollos habitacionales en municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda (en los barrios Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado.
Entre los proyectos más destacados bajo investigación se encuentran la construcción de 240 viviendas en Esteban Echeverría -obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández- y 512 unidades habitacionales en Wilde, Avellaneda, distrito controlado políticamente por Ferraresi. A estos se suman los contratos “Piñeyro Rivadavia” (321 unidades) y “Piñeyro Entre Ríos” (128 unidades).
Los denunciantes advierten que esta secuencia de hechos constituye un “indicio razonable” de una situación de “particular gravedad institucional”. Se sospecha que los criterios de evaluación técnica y económica podrían haber sido alterados mediante influencias externas para favorecer a la firma, rrompiendo los principios de transparencia e igualdad que deben regir la contratación estatal.
La denuncia encuadra los hechos bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
A los fines de recabar información y prueba para avanzar con la instrucción, los letrados solicitaron medidas de informativas a distintos organismos.
De acuerdo a los datos públicos consultados por Clarín, que figuran en el sistema electrónico de contratación de obra pública, la constructora ha mantenido una participación activa en licitaciones clave como la construcción de Oficinas del Estado Nacional (1° Etapa). En esta licitación (Expediente EX-2018-46684609), destinada a la creación de dependencias gubernamentales en Villa Martelli, Niro Construcciones S.A. presentó una oferta de $397.464.880,20 ARS.
Este nuevo frente judicial se abre en un contexto donde los procesos de planificación y diseño de obras estatales han estado bajo la lupa. La justicia ahora deberá determinar si, en el caso del PROCREAR, esos controles fueron sorteados por favores políticos.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 3 (Expediente CFP 973/2026), a cargo del Dr. Daniel Rafecas, dado que involucra fondos públicos nacionales y a exmiembros del Gabinete Ejecutivo
