“En los últimos días se estuvo avanzando con pagos a varios prestadores, saldando lo adeudado de octubre y noviembre, y se sigue trabajando para avanzar en el pago de los restantes prestadores y períodos”, respondieron desde el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad ante la consulta de PERFIL por la demora en los pagos que, denuncian prestadores e instituciones, llevan entre tres y seis meses. El retraso se ve reflejado en el presupuesto: en la atención médica de las personas con pensiones no contributivas la ejecución, para fines de marzo, llega apenas al 1,48%. En total se abonaron $ 16.846 millones, cuando el dinero asignado para este año asciende a $ 1,13 billones.
El ministerio, continuaron las autoridades, “reafirma que las prestaciones para personas con discapacidad están garantizadas y que no existe ninguna decisión de afectar coberturas”. Pero ante los retrasos en los pagos tanto del Gobierno como de las obras sociales, una de las dos sedes de centro Santa Ana, en Colón, entre Ríos, cerrará sus puertas en mayo. “Tenemos esa sede desde 2013 y es la primera vez que no podemos pagar el alquiler”, contó a PERFIL Mireya Antivero, apoderada legal y socio gerente de ese centro. “Nosotros trabajamos con todas las obras sociales, con Incluir Salud y con la obra social provincial. El último pago que realizó fue en octubre, Salud pagó noviembre y algunas obras sociales pagaron hasta septiembre”. El centro se mantuvo con deudas que ya no pueden seguir tomando. “Ya comunicamos del cierre a la dueña de la casa que alquilamos y veremos de qué forma nos organizaremos para trabajar en la otra sede que tenemos. Estamos viendo de reubicar también en otras instituciones”, aseguró. “Es muy doloroso tomar esta decisión, porque afecta a cerca de cincuenta concurrentes, adolescentes y adultos, y a muchos trabajadores: alrededor de 35 personas entre terapeutas, talleristas, docentes, auxiliares, personal de administración y personal de maestranza”, lamentó.
La situación de Santa Ana no es la única. Dinad, una asociación sin fines de lucro que este año cumple 65 años, atraviesa problemas similares. “La mayor parte de nuestros residentes son adultos, y los adultos tienen como cobertura de salud PAMI, Incluir Salud y atención a través de las pensiones no contributivas. PAMI el mes pasado decidió no pagar la facturación y la pagó recién el 13 de marzo. Eso hizo que no pudiéramos pagar salarios, ni nosotros ni ninguna entidad en todo el país que dependa de alguna manera de la facturación de PAMI”, aseguró a este medio Adriana Salomone, gerente general de la institución. Por parte del Ministerio de Salud, afirma, “tenemos todavía muchas instituciones sin cobrar las prestaciones que se brindaron en el mes de octubre, noviembre, diciembre y obviamente el mes de enero, que sería el que está en término para pagarse ahora”.
La asociación también tiene obligaciones acumuladas. “Tenemos tres sedes: una escuela en Capital Federal, en el barrio de Caballito, donde asisten cincuenta alumnos y alumnas con distintas situaciones en lo que es discapacidad intelectual, y también tenemos, en el barrio de Villa Urquiza, un hogar con centro de día donde viven cuarenta personas. En San Miguel, en provincia de Buenos Aires, tenemos un hogar para adultos con discapacidad intelectual, que tiene la capacidad total, plena, de 57 residentes”.
En varios de esos casos no hay familiares a los que recurrir. “Esas personas, si los hogares cierran, ¿adónde van a parar?”, se pregunta Salomone. “Tenemos adultos de 60 años de edad cronológica: la mayoría no tiene a sus padres y quedaron a cargo de hermanos, sobrinos, primos, pero que también tienen su vida y que necesitan que vivan institucionalizados, porque no tienen posibilidades en su propio entorno familiar”.
Es la realidad de Alejandra, hermana de José (58). “Mi hermano tiene una discapacidad intelectual y motora. Existe la posibilidad de que la institución tenga que cerrar, y en mi caso eso afectaría profundamente a mi familia y a mi hermano. En Dinad no solo está cuidado, sino que está contenido, querido y respetado”, afirmó.
Desde el ministerio manifestaron que “en el último mes se otorgó un incremento del valor de las prestaciones por discapacidad de enero y febrero del 5,78%, que se suma a las actualizaciones del 29 al 34% de 2025”.
Pero el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que este incremento está calculado “sobre una base errónea y desactualizada”, por lo que no responde al espíritu de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La compensación prevista por dicha ley para cubrir la diferencia entre la inflación y los incrementos arancelarios fue reconocida por el Estado en apenas un 10,5 %, cuando el atraso real estimado por los prestadores asciende al 27,79%”, explicaron.
“Aunque tengas un arancel, si no lo cobrás, de nada te sirve cobrarlo cien días más tarde, porque la inflación sigue corriendo y los residentes tienen que comer”, agregó Salomone. “Fuimos a hacer una presentación en el ministerio y contestaron que Economía no les gira los fondos”. Desde la Secretaría de Discapacidad lo confirmaron a PERFIL: “Se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y Economía para ir destrabando y avanzando en los pagos”, respondieron.
Mientras los pagos se destraban, los alumnos de Santa Ana ya se quedaron sin su lugar. “Los chicos nos preguntaban si van a seguir con sus mismos compañeros y realmente nosotros sabemos que no van a seguir con sus mismos compañeros, porque muchos no pueden continuar”, concluyó Antivero.
Las fotos que comparte con PERFIL lo resumen todo: “Sin este lugar nosotros estamos solos”, puede leerse entre los carteles que pegaron los asistentes en la puerta de la sede que está a punto de cerrar.
