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Por decreto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó modificar la manera en que se discriminan los precios en los comprobantes de venta al consumidor para incluir cuánto corresponde al pago de Ingresos Brutos. La administración porteña acompaña los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la ley nacional 27.743. Se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos.

En el paquete fiscal aprobado en julio del 2024, el gobierno de Javier Milei creó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. En el artículo 99, establece que quienes realicen ventas a consumidores finales “deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios” junto con la leyenda “Precio sin impuestos”. También deberán efectuar la correspondiente “discriminación impositiva” en tickets.

En la misma normativa, se convoca a las provincias y a la Ciudad “a dictar las normas pertinentes” a fin de asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia de IIBB y de los tributos municipales en los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realizan en cada jurisdicción.

Transparencia fiscal en CABA con el costo de Ingresos Brutos

Con ese objetivo, Macri decretó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que instrumente los mecanismos normativos locales que permitan operativizar dicha discriminación. El objetivo es, según explicó el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, que los contribuyentes “discriminen en cada operación cuánto del precio corresponde a este tributo”.

“De esta manera, el consumidor va a saber cuánto paga realmente en impuestos en cada compra que realiza“, agregó el funcionario porteño en una publicación realizada en “X” en la que aseguró que se apunta hacia “una mayor transparencia fiscal para los consumidores” para que los porteños tengan “mayor claridad en los precios”.

En los argumentos, el decreto marca que la modificación le permitirá al porteño “conocer el componente impositivo que integra el costo final de los bienes y servicios que adquieren”, lo cual fortalecerá “la conciencia fiscal” del consumidor.

Además, resaltan que la desagregación detallada del precio final “contribuye a fortalecer la transparencia en la relación de consumo, lo que permite reducir las asimetrías de información existentes entre proveedores y consumidores, distinguir con claridad el valor propio del bien o servicio y la incidencia de la carga tributaria, y evitar una distorsión informativa”.

Cuándo comenzará a regir el cambio en Ingresos Brutos

En ese marco, el jefe de Gobierno, a través del decreto 107/26 encomienda a la AGIP a que “adopte las medidas que estime pertinentes a fin de revisar y adecuar la normativa vigente, con el objetivo de establecer la obligación, para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

Asimismo, determina que AGIP, organismo a cargo de Germán Krivocapich, será la encargada de disponer “los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización que resulte pertinente a fin de dar cumplimiento” a los cambios. Por el momento no hay fecha estimada de implementación.

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Baja adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

De esta manera, CABA se suma a otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén y Entre Ríos que decidieron adherirse a los cambios propuestos en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aunque hasta el momento ninguna de las tres provincias instrumentaron su implementación. En Salta, una medida similar obtuvo media sanción en la Legislatura.

Desde el 1 de enero del 2025, las grandes empresas vienen mostrando en los tickets el IVA, impuestos internos y a los combustibles. Y desde el 1 de abril se extendió a todos los demás comercios que vendan a los consumidores. Así, por ambas normas, se sabe cuánto pesan los impuestos en el precio tanto antes de la compra (publicidades y exhibición) y después (tickets).

Pero por el momento, más allá de la adhesión de las 4 mencionadas, aún restan que adhieran las otras 21 y que todas lo implementen. El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, precisó que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible”. “Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla”, declaró.

A través de un decreto, el gobierno porteño decidió sumar a CABA al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor sancionado por ley en 2023. De esa forma, cada ticket de compra emitido en la Ciudad deberá detallar cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos, además de visibilizar qué parte del importe total corresponde al IVA y otros impuestos nacionales, lo que ya venía mostrándose en todo el país.

De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos que se habían adherido al Régimen el año pasado. El sistema comenzará a aplicarse una vez que la AGIP, el organismo recaudador porteño, publique la reglamentación y su cronograma de implementación. El decreto no modifica la aplicación de Ingresos Brutos en la Ciudad sino que solamente le agrega al comerciante una obligación de informar al consumidor.

La ley 27.743 obligó a los comercios a publicar el “precio sin impuestos”, detallando por separado el impacto del ICA y los demás impuestos nacionales. La norma, a su vez, invitó a las provincias a adherir al sistema y obligar a que en los tickets se discriminen Ingresos Brutos y cualquier otro tributo provincial o municipal.

El impacto de la decisión de la administración de Jorge Macri se condice con la intención del gobierno nacional de visibilizar el peso de los impuestos locales sobre los precios que pagan los consumidores, como una vía para presionar a gobernadores e intendentes para reducirlos. En ese sentido, Ingresos Brutos es el gravamen más criticado por todos los comercios y empresas, en especial porque es un impuesto “en cascada”: se aplica sobre todas las etapas de la cadena productiva, lo que deriva en una acumulación de gran impacto sobre el precio final que paga el consumidor.

Por ello, la ley invita a las provincias a dictar normas para “asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realicen en sus jurisdicciones”, recordó el gobierno porteño en los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

En su primer artículo, el decreto establece “la obligación para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

Dispuso además que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la autoridad a cargo de “disponer los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización” de este nuevo sistema.

“La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores. Además, garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales. En sintonía con estos principios, la adopción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por parte de la Ciudad, que se encuentra entre las primeras en sumarse a la iniciativa, demuestra el compromiso de nuestro Gobierno con la claridad en la gestión,” señaló Germán Krivocapich, titular de AGIP.

Si bien adhirieron al régimen, en Chubut, Mendoza y Entre Ríos todavía no muestran el detalle de impuestos en los tickets por falta de reglamentación. Córdoba dictó una resolución preparatoria de la adhesión, sujeta a la conformidad de las cámaras empresarias cordobesas, la que se dio en agosto pasado, pero tampoco se puso en marcha. En Salta la adhesión cuenta con media sanción.

CABA fue el único distrito, hasta ahora, que lo hizo por decreto. El proyecto de Código Fiscal porteño de 2026 contenía un artículo adoptando la transparencia fiscal al consumidor, que fue quitado horas antes de la votación de noviembre pasado. Este nuevo decreto subsana esa situación.

Ese relevamiento, provincia por provincia, pertenece a Lógica, una ONG dedicada a “generar conciencia fiscal en la sociedad” que viene impulsando la efectiva implementación del Régimen de Transparencia Fiscal.

Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “este paso dado por CABA es muy importante para generar conciencia fiscal ciudadana. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, por un régimen que, durante más de 50 años, sistemáticamente nos ha ocultado los impuestos, sin informárselo a los consumidores. Esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto y los impuestos que pesan en la vida cotidiana, hasta más del 50% del precio final.”

El sector metalúrgico en Argentina experimentó en febrero una situación crítica, marcada por una caída interanual del 10,3% en la producción y un uso de la capacidad instalada que descendió hasta el 40,2%. Estos valores reflejan niveles mínimos en los últimos cuatro años y dan cuenta de un escenario de fuerte contracción en la industria, según información de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

La evolución mensual mostró que la actividad también retrocedió frente a enero, con una disminución del 1,9%. En el acumulado de los primeros dos meses de 2026, el sector registró una baja de 8,2%. Los datos muestran que la caída no se limitó a un segmento específico, sino que alcanzó a todos los subsectores estratégicos de la cadena productiva.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”. Añadió que la “fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre”.

La información difundida por ADIMRA consignó que la utilización de la capacidad instalada cayó 8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. El registro de 40,2% representa el menor nivel para el sector desde 2022. El descenso se observó en todas las ramas que componen la industria metalúrgica, aunque con distinta intensidad.

Entre los subsectores más afectados, la Fundición sufrió una baja interanual del 15,0%, mientras que los Bienes de Capital retrocedieron 14,6%. El segmento de Autopartes marcó una caída del 12,0%. El Equipamiento Médico disminuyó 11,6%, el Equipo Eléctrico descendió 10,2% y el rubro de Otros Productos de Metal registró una baja de 9,7%. Los sectores de Carrocerías y Remolques y Maquinaria Agrícola presentaron descensos de 4,0% y 1,4%, respectivamente.

La distribución geográfica de la caída también mostró un impacto generalizado. Buenos Aires reportó una contracción del 12,9%, Córdoba descendió 11,9%, Mendoza bajó 10,2%, Entre Ríos registró un retroceso de 9,8% y Santa Fe tuvo una disminución de 4,3%. Según los registros de ADIMRA, ninguna de las principales provincias metalúrgicas mostró señales de recuperación durante el período analizado.

En cuanto al empleo, el informe de la cámara destacó una disminución interanual del 1,8%. La comparación con enero no mostró variaciones, lo que sugiere que el ajuste en el empleo acompaña de manera rezagada la contracción de la actividad.

El análisis interno de la producción metalúrgica arrojó que la caída interanual de 10,3% en febrero estuvo acompañada por una baja mensual del 1,9% respecto a enero. El acumulado del año arrojó una contracción del 8,2%, mostrando que la tendencia a la baja se sostuvo desde el inicio de 2026.

Los datos relevados por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA indicaron que la utilización de la capacidad instalada, situada en 40,2%, constituyó el valor más bajo desde 2022. Esta cifra implicó una reducción de 8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y evidenció una menor utilización de los recursos productivos en toda la cadena metalúrgica.

El informe detalló que el sector de Fundición encabezó el ranking de caídas con un descenso del 15,0%. Los Bienes de Capital registraron una baja del 14,6%, seguidos por las Autopartes con un retroceso del 12,0%. El rubro de Equipamiento Médico marcó una caída de 11,6% y el de Equipo Eléctrico descendió 10,2%. La categoría de Otros Productos de Metal se redujo 9,7%, Carrocerías y Remolques bajaron 4,0% y la Maquinaria Agrícola cayó 1,4%.

La comparación provincial mostró que el descenso fue transversal. Buenos Aires experimentó una baja del 12,9%. En Córdoba, la caída fue de 11,9%. Mendoza registró una disminución de 10,2%, Entre Ríos tuvo un retroceso del 9,8% y Santa Fe descendió 4,3%. Ninguna de las jurisdicciones industriales de peso logró evitar la tendencia negativa.

El análisis de la cámara empresarial subrayó la persistencia de la contracción en la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en 40,2% durante febrero, el menor registro en cuatro años. El descenso de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 mostró la profundidad de la crisis sectorial.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la “fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector”. En su visión, el actual contexto “pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre”.

La información relevada por la entidad mostró que el empleo metalúrgico disminuyó 1,8% en la comparación interanual, sin variaciones respecto a enero. El reporte de ADIMRA no identificó señales de recuperación en el corto plazo para los niveles de ocupación en el sector.

El informe del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA consignó que la variación acumulada de la producción metalúrgica hasta febrero fue de -8,2%. El registro interanual de -10,3% y la variación mensual de -1,9% completaron el cuadro de un sector que enfrenta dificultades en todos los frentes.

Los gráficos elaborados por la entidad dieron cuenta de la profundidad y persistencia de la contracción. El índice de producción industrial metalúrgica mostró una tendencia descendente que se acentuó en los primeros meses de 2026.

La cámara detalló que el descenso afectó a todos los subsectores estratégicos. El impacto en la Fundición y en los Bienes de Capital resultó especialmente severo, con retrocesos por encima del 14%. Las Autopartes y el Equipamiento Médico se ubicaron cerca del 12% de caída. El Equipo Eléctrico y los Otros Productos de Metal también reportaron bajas de dos dígitos. Los rubros de Carrocerías y Remolques y Maquinaria Agrícola, aunque menos afectados, no escaparon a la tendencia general.

El informe de ADIMRA remarcó que la utilización de la capacidad instalada se mantuvo en niveles históricamente bajos. La entidad subrayó que la caída de 8 puntos porcentuales respecto a febrero del año anterior puso en evidencia la magnitud de la crisis productiva.

El relevamiento de la cámara mostró que la contracción de la producción y de la utilización de la capacidad instalada impactó de forma directa en el empleo. Si bien la reducción interanual de 1,8% no fue tan pronunciada como la baja en la actividad, el informe advirtió que el “sostenimiento del empleo metalúrgico” enfrenta presiones crecientes por la falta de demanda y la rentabilidad deteriorada de las empresas.

La caída generalizada en todos los subsectores y provincias confirma que la crisis afecta a la totalidad de la cadena productiva metalúrgica. El escenario descripto por ADIMRA se caracterizó por la ausencia de señales de recuperación y la persistencia de los factores que impulsan la contracción. La demanda interna en retroceso y el contexto de baja utilización de la capacidad instalada configuran un panorama de alta incertidumbre para el sector.

El reporte de la cámara empresarial no incluyó proyecciones sobre el desempeño futuro de la industria, aunque sí advirtió que los niveles actuales de actividad y utilización de la capacidad productiva se mantienen en mínimos históricos y no existen indicios claros de un cambio de tendencia en el corto plazo.