Fueron tres días de rosca a pleno. Los abogados de negocios más importantes de la región —socios de estudios con oficinas en Nueva York, Santiago, Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, con carteras que incluyen fondos de private equity, bancos multilaterales y corporaciones multinacionales— eligieron el hotel Enjoy de Punta del Este para llevar a cabo esta semana su Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association. Lo que dijeron ahí, en los salones del complejo frente al Atlántico, fue casi calcado de lo que se escuchó hace pocas semanas en Argentina Week. La Argentina forma, por primera vez en mucho tiempo, parte de todas las conversaciones. Todos tienen clientes que miran. Pero mirar no es lo mismo que comprar.
La Argentina es hoy un activo que genera interés genuino, pero el dinero de verdad, el que mueve agujas, prefiere seguir esperando. La referencia temporal que apareció con más frecuencia fue la de 2027. Como si hubiera un consenso tácito respecto de que recién después de las próximas elecciones presidenciales —y de ver si el oficialismo puede sostener o ampliar su poder— el capital externo va a estar dispuesto a apretar el botón. “Salvo excepciones, el real money no vendrá hasta después de las elecciones”, se sinceró uno de los argentinos presentes. “Mientras, estamos todos detrás del RIGI [por el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones]”, explicó.
La frase captura bien el espíritu del momento. No es desconfianza en el Gobierno. Es algo más parecido a la cautela profesional. El Gobierno parece por ahora imbatible. No tiene en todo el arco político un contendiente claro. Elige todavía confrontar con un kirchnerismo de ideas vetutas, pero que a los ojos de los inversores sigue generando pavor. Su mayor debilidad, sin embargo, surge de su propia interna -nunca resuelta- y de la escasez, hace algunos meses, de resultados económicos tangibles.
Aunque pocas encuestas terminaron acertando en los últimos años los resultados electorales, todos siguen de cerca los sondeos de opinión pública que se publicaron en estos días. El último, de AtlasIntel Bloomberg, muestra una caída en los niveles de aprobación del presidente Javier Milei (al 36,4%, el valor más bajo de su gestión) y un crecimiento de los niveles de desaprobación (al 62,6%). Los resultados no son necesariamente infalibles, pero hablan de una tendencia en la que, además, las preocupaciones de la sociedad empiezan a migrar ya más claramente a dos temas: la corrupción (43,3% de los encuestados) y el desempleo (42,2%).
En el primer caso, flaco favor le hizo el caso de Manuel Adorni a la imagen del Gobierno, que había comenzado a levantar la bandera de la renovación moral en pos de contener a un electorado al que hay que pedirle todavía más paciencia, para que termine de ver una salida a todas sus penurias económicas.
Y es que la economía doméstica empieza a mostrar síntomas que complican el relato del crecimiento “como pedo de buzo”. Porque mientras que algunos motores están aceitándose -caso de la minería o del petróleo-, otros que venían empujando la recuperación están perdiendo fuerza. El crédito al sector privado, que fue uno de los grandes protagonistas de la reactivación del año pasado, está cayendo en términos reales. Subió, según datos del Banco Central (BCRA), apenas 2,3% en lo que va de 2026, contra una inflación estimada para el periodo más cercana a 9%.
Todo, en un contexto en el que la mora se disparó, después del apretón de tasas del segundo semestre de 2025. “Empieza a caer incipientemente la cantidad de atrasos, pero, ¿por qué cae? Más prudencia en la colocación, refinanciaciones, y va quedando atrás el episodio de volatilidad de tasas de septiembre/octubre de 2025. Es una buena señal, pero no es un dato conclusivo aun”, dicen en un banco de primera línea. El Banco Central parece estar tomando nota. Lentamente, empieza a descomprimir el torniquete sobre los pesos, aflojando los encajes, pero siempre con cautela.
El gasto público, entretanto, no es el colchón que puede amortiguar una desaceleración. La consolidación fiscal que el Gobierno exhibe con orgullo —y que es, hay que decirlo, uno de los activos que le reconocen incluso los más escépticos— implica exactamente eso: que el Estado no va a salir a gastar para sostener la demanda. Los números que empiezan a manejar en Hacienda anticipan que el segundo trimestre viene con un desempeño igual de flojo que el primero. En mayo y junio se espera una mejora en la recaudación con el ingreso de fondos del impuesto a las Ganancias, pero también a mitad de año crece con fuerza el gasto previsional por el aguinaldo y las actualizaciones.
El consumo privado tampoco está para grandes alegrías. La recuperación del salario real fue real, pero su impulso se está agotando. Los datos del Indec de enero no fueron positivos: la mejora para los salarios registrados fue del 2% versus una inflación de 2,9%. Y la inversión privada —la que vendría a reemplazar todo lo anterior— aún no aparece en el volumen que la narrativa oficial prometía. Y se concentra exclusivamente en sectores como el petróleo y el gas, la minería y el agro. Dicho en otros términos: los motores de crecimiento no están funcionando parejos.
En paralelo, el aura de un Gobierno de outsiders, impolutos de los vicios de la casta empieza a horadarse. En el sector privado, la atención más caliente se concentra en algunas de las licitaciones que avanzan en la agenda. El Gobierno tiene sobre la mesa un conjunto de procesos de privatizaciones y concesiones que, si cierran bien, podrían ser una señal potente para el capital internacional. Pero que, si cierran mal, o si se enredan en disputas políticas o en problemas de diseño, podrían alimentar exactamente las dudas que hoy frenan a los inversores.
Hay una lupa especial sobre tres procesos, que concentran la atención de los grandes estudios jurídicos con práctica en infraestructura y concesiones, además de las grandes representaciones diplomáticas. Dos de ellos son, por lejos, los más grandes y los más complejos.
El primero es el de la hidrovía. La licitación del sistema de navegación troncal del Paraná-Paraguay es, probablemente, la concesión más importante que el Estado argentino va a otorgar en las próximas décadas. El volumen de comercio que pasa por esa vía, la complejidad técnica del dragado y mantenimiento y el período de la concesión hacen de este proceso una operación de magnitud regional. Los estudios que tienen mandatos en este segmento siguen cada movimiento del pliego con una atención que roza la obsesión. No es un sector que se caracterizó en el pasado por sus manejos transparentes. Entre los actores interesados ya comenzaron las denuncias cruzadas.
El segundo caso es el del Belgrano Cargas. La concesión del ferrocarril de cargas que conecta el norte productivo con los puertos del litoral es otra apuesta de largo plazo que el gobierno quiere destrabar. Acá también hay expectativa real, pero también preguntas sin respuesta sobre las inversiones comprometidas y el modelo de negocios que plantea el Estado.
Y hay un tercer proceso, algo más silencioso pero igualmente relevante, que completa el trío de licitaciones, que es el de AySA, la empresa de aguas estatizada en el kirchnerismo.
En los tres procesos, sirve de referencia la figura del asesor Santiago Caputo. Las versiones sobre una posible avanzada del karinismo en algunas de sus áreas de injerencia -caso de la Aduana o de la Secretaria de Inteligencia- hizo que en las últimas semanas desde el sector privado empezaran las especulaciones sobre posibles cambios en los interlocutores. Pero, tras el tembladeral provocado por el affaire Adorni, pareciera que los cambios serán más lentos que lo que algunos jugadores desearían.
En cualquier caso, el Gobierno tiene tres meses por delante difíciles. Es su responsabilidad demostrarle a los inversores que esperar hasta 2027 puede terminar siendo una mala elección. Todavía no está tan claro.
