Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie —es decir, notifique formalmente su retiro— dos acuerdos bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en suelo argentino.
La iniciativa del legislador surge a raíz de la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. “El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.
El proyecto insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos instrumentos legales. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.
Denunciar un tratado es la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de retirarse de ese acuerdo, sin que ello implique romper las relaciones diplomáticas con el otro país. Ambos acuerdos, mientras continúen en vigor, establecen topes para las retenciones aplicables al pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que las empresas chilenas obtienen en Argentina.
En los fundamentos, Michel recordó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que, pese a ello, Londres continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa disputa, sin autorización argentina.
“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó el legislador.
El proyecto señala que el país dispone de instrumentos para proteger sus derechos soberanos. En particular, la Ley 26.659 —modificada luego por la Ley 26.915— estableció un régimen de prohibiciones y sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.
Sobre ese marco, el proyecto plantea que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de ese régimen frente a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas debe ser acompañada por una política integral respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral con ese país y con otros que, según el legislador, actúen en contra de la estrategia nacional en materia de soberanía.
La denuncia de esos instrumentos implicaría que las firmas radicadas en Chile que invierten o generan rentas en territorio argentino perderían las ventajas impositivas hoy vigentes. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo Michel.
