Un operativo realizado por la Policía de Entre Ríos en Paraná y San Benito terminó con el hallazgo imprevisto de drogas sintéticas y la detención de una mujer de 23 años, con dos niños muy pequeños, de uno y tres años, que quedaron a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). La investigación está a cargo del fiscal Santiago Alfieri.
El hallazgo principal consistió en 287 recipientes cargados con ketamina, acompañados por más de 800 frascos vacíos listos para ser llenados, además de una cámara de vigilancia, documentación y teléfonos celulares. También había frascos con dimetoximetilanfetamina (conocida como DOM o STP), una sustancia psicoactiva sintética con potentes efectos estimulantes y alucinógenos.
Según supo ANÁLISIS, en una vivienda en calle Mihura, en San Benito, fue arrestada Giuliana Briozzo, quien, al percatarse del arribo policial, intentó desprenderse de sumas de pesos y dólares lanzándolos hacia el techo de una vivienda vecina, además de intentar descartar un teléfono iPhone 17 Pro.
La joven es pareja de Andrés Alejandro Arce, de 42 años, condenado el año pasado -junto a otras siete personas- a 6 años y 8 meses de cárcel en una causa por contrabando y comercialización de cocaína y pasta base entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Líder de la conocida “banda de los millones” de Concordia. De hecho, en mayo de este año Arce solicitó el arresto domiciliario para ayudar a su pareja en la crianza de sus dos hijos pequeños. El pedido fue rechazado por la jueza de Ejecución de Penas de la Justicia Federal, Noemí Berros.
Los procedimientos buscaban originalmente esclarecer un fraude con cheques falsos en perjuicio de comerciantes de corralones en las localidades de Paraná y Hasenkamp. Sin embargo, este viernes los investigadores hallaron en la casa de Briozzo insumos para el procesamiento y fraccionamiento de ketamina. Todo el procedimiento se hacía en el hogar, con los químicos cerca de los niños y de sus alimentos.
En la casa, los efectivos también secuestraron aberturas adquiridas producto de las maniobras fraudulentas, un chaleco balístico, una prensadora de tapa de frascos al vacío, más de 2 gramos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares. También encontraron anotaciones con instrucciones que debía seguir la joven. Por ejemplo, se observó que tenía que cobrar el dinero producido por la venta ilícita y luego invertirlo en locales comerciales. También debía construir una pileta en el hogar de importantes dimensiones.
Según supo ANÁLISIS, en la investigación por los cheques falsos estaría involucrado Martín Reynaldo Germán Pelizzari, un maestro mayor de obras de 48 años, que habría cometido estafas a corralones. Cabe recordar que el hombre está detenido en el marco de la causa por narcotráfico junto al comisario y abogado Daniel Rosatelli y otras personas por el cargamento de 1.345,51 kilogramos de marihuana hallados en febrero en un camino rural del departamento La Paz. En dicho expediente, Pellizari está sindicado como el coordinador de la compra de la camioneta Citroën Jumper en la que se trasladó la droga. El vehículo se pagó con cheques falsos y la pesquisa derivó -como en el caso de San Benito- en un hallazgo más sorprendente.
El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.
El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.
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Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.
Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.
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La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.
La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.
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El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.
Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.
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La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
En pleno escenario electoral en los EEUU,Donald Trump arremetió una vez más contra la prensa de su país y decidió prohibirle el ingreso a la Casa Blanca a tres medios de comunicación opositores a su gestión, acusándolos de emitir noticias falsas. Advirtió que podrían ser más.
“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, vetaré de la Casa Blanca a la cadena de noticias falsas CNN, a MSNOW (¡que hace poco cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (¡los beneficiarios de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares —un récord histórico— pagada directamente por el Gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato del corrupto Joe Biden para mantenerlos «a flote»! ¡A mí eso me parece corrupción!)”, señaló en su cuenta personal de Truth Social.
Luego de argumentar que su decisión se basa en la presunta divulgación de “noticias falsas” por parte de esas firmas, concluyó: “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras al cubrir al presidente de los Estados Unidos, a la Administración Trump o a los Estados Unidos de América. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas“.
Trump tomó la medida luego de emitir el voto.
El mandatario fue consultado por el veto en una conferencia de prensa en el Salón Oval, en donde insistió que “me cansa tanto leer y ver noticias falsas. Cuando mirás CNN es simplemente falso. Por eso sus niveles de audiencia no son buenos”. “Puede que haya otros que se unan a ellos y quizás puedan mejorar”, reiteró.
Los antecedentes de Donald Trump con la prensa
El más notorio antecedente del conflicto de Donald Trump con la prensa es la demanda judicial que mantiene abierta con la agencia Associated Press (AP). El año pasado, la gestión de la Casa Blanca definió excluir a AP de los actos presidenciales por haberse referido al “Golfo de México” (y no al “Golfo de América”, como desea Trump), lo que llevó al medio de comunicación iniciar un litigio que tuvo un fallo favorable en primera instancia, que consideró que una compañía de noticias no puede ser sancionada por los contenidos que publica. Un tribunal superior suspendió esa medida cautelar y el caso llegó a una nueva instancia de apelación.
Previamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impidió que periodistas de medios como Bloomberg, The New York Times y The Wall Street Journal tuvieran acceso a la cumbre de ministros de Finanzas del G20. Una medida similar tomó el Departamento de Defensa en el 2025, cuando estableció restricciones -primero- y prohibiciones -después- para que los periodistas puedan cubrir la actividad del Pentágono.
Ante este último anuncio de Trump, CNN se manifestó considerando que sus coberturas son “justas y precisas”, calificando a la medida como “un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente“. Previamente, se le había retirado el acceso a la Casa Blanca al periodista Jim Acosta, que formaba parte de la cadena televisiva cuando fue apuntado como un infiltrado ruso.
La Justicia Federal ordenó este viernes el allanamiento del Aeroclub Gualeguaychú por la causa de los “vuelos de la muerte”, una investigación sobre el presunto traslado y lanzamiento de personas detenidas en el delta mesopotámico durante la última dictadura cívico-militar.
El procedimiento se desarrolló en todas las dependencias de la institución, donde funciona el aeródromo local. La medida fue dispuesta por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y ejecutada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa Paranacito, según informó R2820.
Las requisas fueron ordenadas por la fiscal federal Josefina Minatta. Los agentes buscaron documentación y registros que permitieran reconstruir los movimientos de aeronaves realizados hace casi medio siglo.
La búsqueda de documentación histórica
El aeródromo había sido creado en la década de 1950, aunque el procedimiento se concentró en los archivos correspondientes al período comprendido entre fines de 1973 y la finalización de la última dictadura, en diciembre de 1983.
La investigación procura determinar si desde esas instalaciones despegaron, aterrizaron o recibieron asistencia aeronaves relacionadas con los denominados “vuelos de la muerte”. Ese mecanismo fue utilizado durante el terrorismo de Estado para hacer desaparecer a personas que permanecían secuestradas en centros clandestinos de detención.
Los investigadores intentaron localizar planillas, libros de vuelo, registros de operaciones y cualquier otro documento que pudiera aportar datos sobre el movimiento de aviones o helicópteros militares durante aquellos años.
Inspecciones y exhumaciones en el delta
En los últimos años, la fiscal Minatta ordenó diversas inspecciones en el Delta del Paraná para recabar declaraciones y encontrar registros que permitieran determinar qué ocurrió en la región durante la dictadura.
La investigación también incluyó exhumaciones en tumbas identificadas como NN en cementerios de la zona. En esas tareas participaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la abogada Lucía Tejera, querellante en representación del Estado nacional.
El allanamiento al aeroclub buscó incorporar nuevas evidencias a una causa que intenta reconstruir hechos ocurridos hace aproximadamente cinco décadas e identificar a posibles víctimas y responsables de delitos de lesa humanidad.
Hubo semanas en las que Álvaro Prevero iba a su campo y volvía a encontrarse con otro animal muerto. En menos de un mes le faenaron nueve: seis vacas y tres terneros. Ocurrió cerca de Bovril, en el norte de Entre Ríos, donde trabaja unas 200 hectáreas. “Para nosotros es angustiante y preocupante”, cuenta el productor. “Yo a los animales los voy a reponer. Pero ¿qué seguridad tengo de que antes de terminar de pagarlos no los tenga muertos acá en el campo?”.
Su caso no es aislado. En los campos que rodean Bovril, en el departamento La Paz, los productores aseguran que desde hace meses se repiten los robos y las faenas clandestinas de hacienda. Según un relevamiento de la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), desde noviembre o diciembre del año pasado hasta principios de septiembre contabilizaron entre 70 y 80 animales faenados en un radio de 10 a 15 kilómetros alrededor de la localidad. Para los productores, la Policía actúa, pero el problema está en lo que ocurre después con las causas judiciales.
“Necesitamos que a esta banda realmente la terminen apresando”, dijoMatías Martiarena, director de Federación Agraria en Entre Ríos.
A Álvaro Prevero le faenaron nueve animales en menos de un mes
Sebastián Klug, vicepresidente de la filial Bovril de FAA y productor de la zona, calcula que se conocen uno o dos casos por semana, aunque cree que son más porque algunos afectados dejaron de denunciar. “Hay productores que dicen: ‘¿Para qué vamos a denunciar si ya perdimos el animal, ya perdimos el capital y vamos a tener que perder encima otro día más de trabajo en ir a hacer la denuncia para que no pase nada?’”, contó.
En la zona, la mayor parte de los campos tienen entre 100 y 150 hectáreas y hay productores que además alquilan otras tierras. Por eso, explicó Klug, perder uno o dos animales puede equivaler a un mes de alquiler. Prevero, por ejemplo, tiene unas 90 madres y los nueve animales que le faenaron representan alrededor del 10% de esa cantidad. “De acá a que pueda recuperarse le va a llevar un año”, señaló.
Prevero trabaja desde hace seis años en ese campo. De las 200 hectáreas, 100 pertenecen a su hermana y él se las alquila. Los primeros casos fueron a principios de agosto pasado. Al comienzo no hizo la denuncia, pero después empezó a ir cada uno o dos días y encontraba nuevos animales muertos. “Empecé a ver otro y otro y otro, y así empecé a denunciar”, recordó. También contó que otros vecinos sufrieron hechos similares.
Al principio pensaba que entraban de noche, pero después supo que también lo hacían durante la tarde y la siesta. Según contó, entraban al campo caminando y armados, mataban a los animales de un tiro y los faenaban en el lugar. De las vacas se llevaban la carne y dejaban los huesos. En el caso de los terneros, les cortaban la cabeza y las patas y se llevaban el resto. Ante la seguidilla de casos, algunos productores empezaron a encerrar la hacienda durante la noche.Klug contó que uno de ellos dejó un animal afuera y, cuando salió a buscarlo a la mañana siguiente, ya lo habían faenado.
Desde la filial de FAA creen que detrás de los casos hay un mismo grupo, porque hay períodos en los que se registra una o hasta dos faenas por día y después los hechos pasan a otro sector. “No es que es una hoy y otra dentro de dos semanas, prácticamente agarran períodos que es una por día o dos por día”, explicó Klug.
Los productores destacan el trabajo de la Brigada de Abigeato, aunque señalan que tiene pocos vehículos y efectivos para recorrer una zona de unos 70 u 80 kilómetros. “Hay un problema con la Justicia. El estado policial trabaja muy bien, pero agarran al ladrón con las manos en la masa y a los 15 días está afuera”, afirmó Matías Martiarena, director de Federación Agraria en Entre Ríos. Sin embargo, cuestionó lo que ocurre después con los detenidos.
Los productores presentaron en la Legislatura provincial una propuesta para crear fiscalías dedicadas a los delitos rurales, como el robo de hacienda, maquinaria y otros bienes del campo. Martiarena explicó que hoy los fiscales que reciben estos casos también deben ocuparse de otros delitos y que, cuando hay situaciones en las que está en riesgo la vida de una persona, naturalmente tienen otra prioridad. “Por supuesto, es entendible que esto no tenga la prioridad que en esos casos”, reconoció sobre otras causas de mayor gravedad. “Necesitamos que a esta banda realmente la terminen apresando”, agregó.
El Concejo Deliberante de Bovril pidió una “intervención urgente” ante los reiterados robos y faenas clandestinas de hacienda en la zona
La propuesta de FAA es que haya fiscales que puedan dedicarse específicamente a estos delitos. Mientras tanto, reclaman que las investigaciones que ya están abiertas avancen.
El dirigente también aseguró que parte de la carne robada se ofrecería a través de redes sociales, entre ellas Facebook, y contó que algunas investigaciones policiales comenzaron a partir de publicaciones hechas allí. Según explicó, una parte se vendería directamente por esas vías.
La preocupación también llegó al Concejo Deliberante de Bovril. El 8 de septiembre, los concejales enviaron una nota al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, en la que pidieron una “intervención urgente” ante los reiterados robos y faenas clandestinas. En el escrito señalaron que en los últimos 30 días se habían registrado al menos nueve vacunos faenados en un establecimiento, además de otros casos en campos vecinos. También destacaron el trabajo de la Policía, la Brigada de Delitos Rurales y la Fiscalía de La Paz y advirtieron sobre una “preocupante escalada” de estos delitos en la zona.
Fuentes de la Policía de Entre Ríos señalaron que Bovril y Santa Elena fueron consideradas zonas de atención por los casos de abigeato y que, ante la situación, se reforzó la Brigada de Delitos Rurales con más personal. También indicaron que se realizan con frecuencia operativos de “Campos Seguros”, de los que participan comisarías de la zona y grupos especiales que recorren los establecimientos rurales.
Según explicaron, los casos disminuyeron, aunque reconocieron que entre los productores persiste el reclamo por los tiempos de algunas causas judiciales. “No es la queja en contra del accionar policial, sino la demora o la no priorización de las causas por hechos de abigeato”, señalaron las fuentes. Según indicaron, el malestar se da incluso en casos en los que se logró identificar a los supuestos autores o hubo detenciones en flagrancia.
En el caso de Álvaro Prevero, desde la Policía destacaron que hubo una respuesta inmediata ante las denuncias que realizó. Precisaron que denunció la faena de dos animales el 2 de septiembre y de otro el 4. A partir de esos hechos se hicieron dos allanamientos, se secuestraron elementos vinculados con la causa, entre ellos el cuero de un animal con su caravana, y se detuvo a un sospechoso, que actualmente está con prisión preventiva. “Por esos hechos denunciados se dio respuesta inmediata”, remarcaron. Además, aclararon que las faenas anteriores que había sufrido el productor no habían sido denunciadas ante la Policía ni ante la Brigada.
En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció un ajuste en sus esquemas de refinanciación con el objetivo de acompañar a los clientes que quedaron atrasados en sus obligaciones.
La entidad informó una “mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior”, es decir, aquellos con un nivel de atraso más comprometido según la calificación del Banco Central. El objetivo, según explicó el banco, es facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y ofrecer alternativas acordes a la capacidad de pago de cada cliente.
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Las nuevas condiciones contemplan dos esquemas diferenciados según la moneda de refinanciación. El primero está pensado para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, y permite refinanciar en UVA con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. Se trata de una reducción considerable respecto de las tasas habituales para este tipo de operaciones, sostenida en un esquema de actualización por inflación que busca compensar la baja del costo financiero nominal.
El segundo esquema ofrece refinanciación en pesos, con una TNA del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, y con plazos de hasta 96 meses. En ambos casos, la extensión de los plazos apunta a lograr una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos financieros a la situación económica de cada cliente.
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Desde el Banco Nación remarcaron que estas condiciones “representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente”, según indicó la entidad.
Los objetivos detrás de la medida
A través de esta iniciativa, el banco busca profundizar su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras. “De esta manera, el banco reafirma su compromiso de brindar soluciones que contribuyan a la inclusión financiera y a la recuperación de la capacidad crediticia de sus clientes”, señaló la entidad en su comunicado.
La medida se da en un contexto de morosidad récord a nivel de las familias, un fenómeno que se viene registrando desde hace meses sin mostrar señales claras de normalización. En concreto, la morosidad sobre los préstamos personales alcanzó el 16,4% en junio, mientras que las dudas con tarjeta de crédito alcanzaron una tasa de morosidad de 12,6 por ciento.
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Dentro de ese cuadro, las categorías de riesgo que utiliza el sistema financiero para clasificar a los deudores resultan clave para entender el alcance de este tipo de programas: la Situación 2 corresponde a atrasos de entre 60 y 90 días, mientras que la Situación 3 agrupa a quienes acumulan entre 90 y 180 días de mora. Se trata, en ambos casos, de clientes que superaron el incumplimiento ocasional y que requieren de un esquema de refinanciación para evitar que la deuda continúe deteriorándose.
Ese mismo diagnóstico llevó a otras entidades del sistema financiero a lanzar programas similares en las últimas semanas, en algunos casos enmarcados en normativas específicas y con alcance geográfico acotado. La búsqueda de reducir el costo financiero y extender los plazos de devolución se convirtió en una de las principales herramientas para intentar descomprimir la situación de los hogares endeudados.
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En ese sentido, la reducción de tasas y la extensión de plazos que impulsó el Banco Nación se suma a otras iniciativas del sistema financiero orientadas al mismo objetivo, aunque con condiciones y alcances propios de cada entidad.
Reducción de tasas
Como antecedente, el BNA ya había reducido del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días. La medida rige desde este lunes y alcanza operaciones de hasta $30 millones, con plazos de 24 a 60 meses.
Según informó la entidad, una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasaría de una cuota estimada de $354.900 a $317.400. La diferencia sería de $37.500 mensuales y de $2,25 millones en términos nominales durante todo el período.
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El anuncio se produjo en un escenario de mora elevada. Durante 2026, el Banco Nación refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 usuarios, por un total de $503,3 mil millones.
La entidad dispone, además, de otras alternativas para clientes con compromisos dentro y fuera del banco. Entre ellas, figuran planes para consolidar deudas propias a tasa fija en pesos o en UVA; opciones para reunir obligaciones del BNA y de otras entidades bajo financiación UVA; y mecanismos de cancelación o reprogramación para deudas personales y comerciales en mora, con plazos de hasta 120 meses.
La inteligencia artificial no es para Juan Grabois una discusión sobre el futuro lejano. Es una disputa que ya está definiendo poder, recursos y modelos de desarrollo, mientras los Estados intentan alcanzar una transformación tecnológica que avanza mucho más rápido que sus regulaciones.
En Infobae a la Tarde, el diputado de Fuerza Patria cuestionó el lugar que la Argentina podría ocupar en ese escenario y puso el foco en una pregunta concreta: qué gana el país si se convierte en proveedor de infraestructura y materias primas para una industria que concentra su desarrollo en otras partes del mundo.
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“Lo más importante que está pasando en el mundo es esto”, afirmó Grabois. Su preocupación abarca desde la carrera tecnológica y militar hasta el impacto de las plataformas sobre niños y adolescentes, pero también alcanza una discusión más amplia sobre quién establece las reglas de una transformación que, según planteó, ningún país puede controlar por sí solo.
Grabois cuestionó el modelo de los data centers
Al trasladar el debate al plano local, el diputado cuestionó que la instalación de grandes centros de procesamiento de datos pueda presentarse como una estrategia suficiente para impulsar el desarrollo económico.
“Convertirnos en una suerte de enclave de data centers no es bueno para la Argentina. Data center no genera trabajo, genera un consumo de energía y de agua excesivo”, afirmó.
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Grabois incluyó a los data centers dentro de un conjunto de actividades que, a su entender, forman parte de la transformación tecnológica en curso. Mencionó también a los armamentos, la industria farmacológica y la biotecnología.
Su planteo es que el país no quede limitado a proveer recursos para industrias cuyo desarrollo y control se encuentran en otros lugares. En ese punto, destacó la disponibilidad de minerales críticos como una herramienta para participar de las negociaciones internacionales.
“Argentina tiene algunos fierros porque tiene minerales críticos. Entonces, eso te da una fortaleza para ser parte de la discusión internacional y para defender tu propio territorio”, señaló.
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A la vez, sostuvo que esos recursos deberían formar parte de una estrategia de desarrollo y no de una economía basada exclusivamente en la exportación de materias primas. Como alternativa, propuso avanzar en aplicaciones de inteligencia artificial.
“Podemos trabajar en lo que se llama la capa de aplicación de los modelos de inteligencia artificial”, explicó.
Qué dijo Grabois sobre el futuro de la IA
Grabois diferenció dos problemas que considera centrales. El primero está relacionado con la posibilidad de que sistemas cada vez más avanzados produzcan daños de gran escala. El segundo tiene que ver con el impacto de los entornos digitales sobre las capacidades cognitivas.
“Hay dos grandes riesgos: el riesgo catastrófico, el apocalipsis de inteligencia artificial, que no es ninguna boludez; y el otro, que es el secuestro cognitivo”, sostuvo.
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La preocupación por el segundo punto lo llevó a referirse especialmente a niños y adolescentes. Grabois propuso restringir el uso de teléfonos dentro de las escuelas y prohibir el uso de herramientas de IA para realizar trabajos escolares hasta los 14 o 15 años.
El diputado extendió sus advertencias a la infraestructura crítica. Mencionó la posibilidad de que sistemas avanzados tengan impacto sobre servicios esenciales y utilizó un eventual corte prolongado de electricidad como ejemplo de una situación para la que una sociedad debería estar preparada.
“Cuatro o cinco días sin luz, sin energía eléctrica, una sociedad que no está preparada para eso es un caos”, afirmó.
Frente a estos riesgos, insistió en que las regulaciones nacionales resultan insuficientes. Su propuesta es avanzar hacia acuerdos internacionales que involucren a las principales potencias tecnológicas.
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“Se necesitan acuerdos SALT”, dijo, en referencia a los tratados firmados durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar sus arsenales estratégicos.
Silicon Valley, China y una tercera alternativa
En su análisis sobre la disputa tecnológica global, Grabois identificó tres modelos: “El aceleracionismo tecnocrático de Silicon Valley, el paradigma estatista chino y un paradigma humanista democrático”.
Según explicó, esta última alternativa todavía no tiene una forma política definida. La vinculó con una concepción que busca combinar democracia, justicia social y libertad individual.
En ese marco, mencionó los documentos del papa Francisco sobre ambiente, trabajo y tecnología y señaló al Vaticano como un posible ámbito para discutir una gobernanza global de la inteligencia artificial que incluya también a China.
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Grabois cuestionó además el desarrollo de sistemas de vigilancia y control biométrico. “A mí, ese nivel de vigilancia para mí es incompatible con la libertad”, afirmó.
La discusión sobre Silicon Valley derivó en otro de los temas de la entrevista: su encuentro con Peter Thiel, empresario e inversor tecnológico estadounidense.
“Peter Thiel es un filósofo, va atrás de ese sentido y tiene un sistema de valores que es antagónico con mi sistema de valores”, afirmó.
Grabois sostuvo que detrás de algunas de las decisiones de las grandes compañías tecnológicas existen concepciones políticas y filosóficas sobre el futuro. En ese universo ubicó corrientes vinculadas con el aceleracionismo, la desregulación y el transhumanismo.
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“No solamente existen intereses materiales económicos. Hay una orientación político-filosófica vinculada a eso”, planteó.
También describió la existencia de sectores que se preparan para escenarios de catástrofe mediante búnkeres, proyectos para trasladarse a otros lugares del planeta o incluso planes vinculados con Marte.
La mirada de Grabois sobre el peronismo y 2027
La entrevista tuvo un tramo dedicado a la política argentina y al escenario electoral de cara a 2027. Consultado sobre una eventual candidatura, Grabois no confirmó si será candidato ni respaldó a un dirigente en particular.
En cambio, planteó que su prioridad durante los próximos meses será reconstruir vínculos dentro del peronismo y trabajar sobre las diferencias internas. “Nosotros vamos a trabajar por la reconciliación, por sanar las heridas que hay”, afirmó.
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El dirigente vinculó esa tarea con la construcción de una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el objetivo será reunir fuerzas para disputar el rumbo político del país.
“Lo que sería imperdonable es no hacer todo lo que hay que hacer para sacar a una persona que es muy dañina para el país, para la región y para la humanidad, que se llama Javier Milei”, afirmó.
Sin embargo, evitó anticipar cómo se traducirá ese objetivo en términos electorales. “Eso implica reconciliación, eso implica sanar heridas, eso implica tener un sentido de propósito, eso implica poder saber para qué hacemos lo que hacemos. Y esa va a ser nuestra tarea en los próximos meses. Lo demás, veremos”, concluyó.
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Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 4889 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 17.026 animales, un 12,61% inferior a los 19.484 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad.
El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 2,84%, al pasar de 3589,716 a 3691,586 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,36%, tras variar de 4033,589 a 3978,812 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 1,73% en el General y un 8,15% en el Novillo frente a los 3756,486 y a los 4332,077 pesos vigentes la semana anterior.
Los novillos, con 933 cabezas, representaron el 19,11% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 438 y con 512 kg; $4400 con 466 y con 561 kg, y $4300 con 487 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 450 kg; $3900 con 473 y con 492 kg, y $3800 con 483 y con 517 kilos.
El detalle de venta fue 933 novillos; 1000 novillitos; 1133 vaquillonas; 1443 vacas; 181 conservas, y 192 toros
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 343 kg; $4870 con 363 kg, y $4700 con 408 kg, y en vaquillonas, $5000 con 305 kg; $4600 con 363 kg, y $4100 con 396 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3691,586, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3978,812 con un promedio semanal de $4062,918. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3978,818 y el promedio semanal de $4062,924. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4031,788. Detalle de venta: 933 novillos; 1000 novillitos; 1133 vaquillonas; 1443 vacas; 181 conservas, y 192 toros. Base 12 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (80) Acuña nt. 16, 366 kg a $4700; 17, 335 a 4800; Berho nt. 30, 306 a 4800; vq. 16, 369 a 4200. Asoc. de Coop. Argentinas: (30) Los Renuevos nt. 20, 594 a 4000. Blanco Daniel y Cía. SA: (60) Grupo D y V vq. 60, 364 a 4600. Casa Usandizaga SA: (206) C y H Consg. Ganadera v. 19, 739 a 3200; Ganadera La Providencia nt. 13, 351 a 4800; Hapaypa v. 12, 466 a 2800; 14, 516 a 3150; Maillos v. 14, 506 a 3650; Maillos vq. 13, 385 a 2700. Colombo y Magliano SA: (458) Agrop. Los Grobitos nt. 22, 343 a 4750; 20, 281 a 5000; vq. 16, 398 a 4370; 69, 283 a 4850; Cresud nt. 36, 417 a 4300; 13, 388 a 4400; El Recado vq. 33, 344 a 4700; 15, 308 a 4800; 34, 287 a 4900; Garaicochea vq. 23, 419 a 3700; Justos v. 13, 436 a 2600; Escobar n. 13, 445 a 4500; nt. 14, 432 a 4500; 14, 414 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (109) Grosso vq. 18, 404 a 3600; 16, 341 a 3900. Crespo y Rodríguez SA: (72) Arancet nt. 17, 393 a 3850; 19, 360 a 4850; Drabble vq. 13, 467 a 3500; 14, 434 a 3600. Ferias Agroazul SA: (32) Don Vicente nt. 13, 396 a 4000.
Gahan y Cía. SA: (88) Louge v. 12, 560 a 3000. Ganadera Salliqueló SA: (55) Gilardi v. 24, 618 a 3500; vq. 24, 345 a 4600. Gananor Pujol SA: (252) Alchidai vq. 13, 415 a 2600; Dassoana v. 12, 624 a 2500; La Maturraca nt. 13, 323 a 3800; 13, 338 a 4700; Lena v. 19, 572 a 3000; Urquiza Anchorena n. 22, 469 a 3400; nt. 18, 428 a 3500; Vicampo vq. 17, 350 a 4500. Goenaga Biaus SRL: (60) Soto vq. 16, 292 a 4700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (45) Altube n. 12, 486 a 4000; Savio n. 18, 491 a 4400. Jáuregui Lorda SRL: (84) Patagro nt. 13, 323 a 4950.
Lartirigoyen & Oromí SA: (66) Llanuras vq. 16, 450 a 4000; 27, 401 a 4100. Madelan SA: (137) La Sarita vq. 18, 305 a 4800; 20, 282 a 4900; Manantiales Ag. Gan. v. 16, 510 a 3580. Martín G. Lalor SA: (443) Agrop. La Estelita v. 16, 464 a 3000; vq. 17, 415 a 3500; Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 370 a 4800; 29, 343 a 5000; vq. 46, 305 a 5000; Est. La Providencia v. 18, 446 a 2500; 13, 430 a 2750; Ramos e Hijos n. 26, 561 a 4400; 35, 512 a 4500; Escobar n. 41, 444 a 4500; Polo nt. 28, 379 a 3200; 15, 369 a 3300; Portela n. 14, 482 a 4000; vq. 12, 376 a 2500; Weiss vq. 22, 484 a 3900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (138) Chispala v. 12, 450 a 2800; Km389 vq. 20, 328 a 4600; Larrauri v. 21, 487 a 3600; San Ramón Agrop. n. 15, 481 a 4000.
Monasterio Tattersall SA: (526) 3 B Agropecuarias v. 25, 529 a 3600; Acollaradas v. 22, 446 a 3400; Agrop. La Criolla vq. 34, 325 a 4700; Barrios Baron vq. 29, 332 a 4600; Edilzia Molise tr. 16, 577 a 3300; El Llorón nt. 67, 334 a 4000; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 23, 503 a 3500; López n. 19, 451 a 3800; Marcaida v. 15, 430 a 3300; Tambos de la Choza nt. 18, 399 a 4200; Teresa Josefina nt. 64, 395 a 4000. Pedro Genta y Cía. SA: (103) La Maruja v. 35, 455 a 3000.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (702) Armentera n. 25, 449 a 3800; Benedetti-Cerbino n. 16, 459 a 4400; nt. 26, 429 a 4400; Cabaña Mrm vq. 14, 373 a 4500; El Cuarteto v. 12, 621 a 3600; Est. Don Luis vq. 13, 423 a 3400; Garatta v. 33, 437 a 3550; La Cortadita nt. 12, 408 a 4700; 20, 368 a 4870; Los Venados vq. 19, 348 a 3500; Keating v. 25, 484 a 3300; 26, 490 a 3400; Puntana n. 40, 459 a 3450; v. 26, 442 a 2700; vq. 24, 399 a 2800; 12, 400 a 3000; Regueira n. 47, 502 a 4300; 33, 559 a 4350; Riosma vq. 54, 301 a 4000; Tres Yunques n. 17, 539 a 4300; Urquiza Anchorena n. 12, 467 a 4400; nt. 28, 415 a 4600. Wallace Hermanos SA: (79) Tres T nt. 13, 410 a 4400; Vita v. 18, 443 a 2850; 24, 515 a 3000.
Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (46); Brandemann Consignataria SRL (14); Campos y Ganados SA (12); Colombo y Colombo SA (25); Harrington y Lafuente SA (19); Heguy Hnos. y Cía. SA (13); Irey Izcurdia y Cía. SA (32); Nieva H. y Asociados SRL (45); Santamarina e Hijos SA (35); Umc SA (32).
La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.
Al comparar la evolución interanual del indicador, incluido en el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad del financiamiento a los hogares más que se duplicó. En el mismo mes del año pasado se ubicaba en 5,6%, lo que implica un aumento de 7,3 puntos porcentuales.
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Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.
El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento —que integra el denominador del indicador— y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.
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La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares. El ratio de irregularidad mide la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.
La probabilidad de incumplimiento bajó
La probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito total al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales durante julio y quedó en 2,4%, según informó el BCRA.
En el caso de las familias, ese indicador se redujo 0,5 puntos porcentuales hasta 3,9%. Para las empresas, la PDE se mantuvo casi sin cambios, en 1,1%.
La PDE funciona como un indicador complementario de la mora y estima la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones financieras. La baja registrada en julio contrastó con el aumento del ratio de irregularidad, que estuvo condicionado por la caída del saldo real de los créditos.
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El sistema financiero conservó niveles de cobertura sobre los préstamos con dificultades de pago. En julio, las previsiones acumuladas por el conjunto de las entidades representaron el 87,6% de la cartera en situación irregular, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio. En relación con el total de préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, con una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.
El BCRA también evaluó la relación entre la mora, las previsiones y el capital disponible en el sistema. Bajo ese cálculo, el crédito irregular neto de previsiones equivalió a 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior.
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Ese indicador refleja el peso de las pérdidas potenciales por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades.
Un informe de Econviews vinculó el aumento de la mora a una combinación de factores. En primer lugar, destacó “una historia de deudas que se licuaban con la inflación”, que llevó a parte de los deudores a asumir compromisos bajo la expectativa de que ese mecanismo volviera a operar. También señaló que algunas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no se produjo.
La consultora ubicó un punto de inflexión en el alza de las tasas desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó. Econviews agregó que ese episodio extendió al sector corporativo un problema que había comenzado entre los hogares y mencionó “debilidades en la evaluación de los créditos” de parte de las entidades financieras.
El Congreso termina una semana más que compleja para el oficialismo. El martes, mientras se preparaba para ir a un plenario de comisión a debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se enteró de la intención del Gobierno nacional de eliminar, básicamente, la ley que protege a ese colectivo de la mano del Presupuesto 2027.
En medio de esto ingresó el proyecto conocido como Malvinas bajo el nombre de Ley de Soberanía Nacional. En el oficialismo señalan que es “estratégico”, pero a pesar de haber ingresado ayer al Congreso, todavía no fue girado a las comisiones correspondientes.
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El Gobierno ingresó el proyecto y se llamó al silencio, pero desde la oposición empezaron a crecer las voces que mostraban disconformidad con el texto de la norma. Tanto es así que ayer, en el Senado, hubo un momento de zozobra como consecuencia de eso.
El texto de la norma establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Además, establece que será ese Consejo quien defina la política de seguridad de carácter obligatorio y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. También será quien tenga a cargo el procedimiento administrativo sancionatorio, a cargo del propio Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, el Ejecutivo se erige como juez y parte.
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Esto generó el reclamo del Congreso que, en el caso de quienes no cuestionan la existencia de un Consejo de Seguridad, entienden que debe tener algún tipo de participación. Eso se cristalizó ayer en la sesión del Senado, cuando se pidió la creación de una comisión. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley de creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.Bicameral por la Causa Malvinas.
“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso hoy envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó la legisladora por Jujuy.
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El debate hizo que el peronismo sumara dos proyectos para que fueran tratados sobre tablas —uno referido al mismo tema—, lo que dejó a LLA contra las cuerdas. Si no acompañaba, se negaba a tratar el tema Malvinas; y si acompañaba, podría perder esa votación y la de la vuelta del Coro Nacional de Niños, que eliminó Presidencia.
“La titular del bloque de LLA logró convencer a Moisés de que retirara el pedido bajo el compromiso de ‘el próximo martes lo debatimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales’”.
Luego comenzó una discusión sobre si hacerla bicameral o unicameral. Bullrich se inclinó más por esta última posibilidad, pero se mostró permeable a la discusión y a la posibilidad de crear una comisión permanente en el Congreso que pueda seguir los pasos de lo que hace el Ejecutivo.
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El proyecto no deja de sumar críticas, ya que muchos entienden que tiene más que ver con un control interno de la SIDE y de las Fuerzas Armadas que con la protección de los recursos de Malvinas.
Así lo deja ver el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien publicó en su cuenta de X que el proyecto que envió el Gobierno “deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos en Malvinas. Y lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”.
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Frente a esto, Ferraro adelantó que debatirá el resto del proyecto “con responsabilidad y mucho estudio. Pero no voy a habilitar ninguna concentración del poder, deriva autocrática ni arbitrariedades y ambigüedades”.
